El combate a la criminalidad y a la impunidad en Brasil ganará un fuerte aliado cuando se apruebe la ley que crea el Programa Federal de Asistencia a Víctimas y Testigos Amenazados.
El proyecto tiene como objetivo asegurar total protección a testigos y a delincuentes que colaboren con la justicia, ofreciendo informaciones para esclarecer los delitos.
Es el antídoto ya empleado en Estados Unidos contra la "ley del silencio", impuesta a los que conocen autores o tienen pruebas de crímenes y que ayuden a la policía y a los jueces.
Producto de un amplio acuerdo en la Cámara de Diputados, la iniciativa fue aprobada el martes por votación simbólica de los líderes partidarios, con un solo voto contrario, no por discrepar con el contenido sino con formalidades de redacción.
El voto simbólico en el parlamento brasileño indica un consenso de sus miembros o la unanimidad.
El acuerdo de los partidos en Diputados asegura una aprobación con igual rapidez en el Senado y la promulgación presidencial antes de que concluya este primer semestre del año.
Presentado inicialmente en 1995 por el diputado Humberto Costa, el proyecto se combinó con varias otras propuestas, hasta que en 1998 la Secretaria Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia le dió forma final, estableciendo normas para los programas de protección de testigos en todo el país.
El proyecto defintivo recibió el apoyo unánime de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y el respaldo de todos los partidos oficialistas y opositores.
La nueva ley definirá la protección bajo supervisión del Ministerio de Justicia, con ayuda financiera, mudanza de residencia, ocultamiento o cambio de identidad legal.
También habilitará la instrumentación de programas estaduales y municipales, pero bajo un Consejo que decidirá el límite de la ayuda en dinero, entre otras cosas.
Aunque no se otorga protección en todos los casos, el programa brindará mayores facilidades para averiguar y punir los crímenes, opinó el diputado Nelson Pellegrino, del opositor Partido de los Trabajadores. "Es lo que podemos tener de más avanzado en Brasil", agregó.
La norma a aprobar también asegura el aporte de pruebas y el secreto en el proceso que involucra al informante, estimulando la colaboración de enjuiciados sin procesos anteriores, víctimas y condenados, explicó el diputado Alberto Mouro, relator del proyecto.
Los enjuiciados podrán beneficiarse con la cancelación de su eventual pena y los condenados obtener una reducción de las mismas. "Vale la pena liberar a un vendedor de pequeñas cantidades de drogas para detener a un jefe del narcotrfico", señaló Mouro.
La condonación o rebaja de la pena estará condicionada a la identificación de los delincuentes, hallazgo de la víctima o recuperación del producto del crimen.
El proyecto fija normas de conducta para el protegido, que en caso de cambio de identidad, si en el futuro se considera fuera de peligro, podrá optar por recuperarla.
La protección, que incluye a la familia, tendrá una duración de dos años, renovable según lo considere el Consejo Deliberativo.
El diputado Moroni Torgan, ex comisario de la Policía Federal y actual relator de una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el narcotráfico, confía que el programa haga aumentar las denuncias ante la justicia, lo que permitirá combatir con mayor eficacia al crimen organizado".
El gobierno podrá ubicar en cárceles especiales a los condenados que hayan colaborado con la justicia, para evitar que sean asesinados por otros presos en venganza.
La legislación se basa en el proyecto Provita que lleva a adelante el gobierno estadual de Pernambuco, en el noreste de Brasil, en convenio con organizaciones no gubernamentales, creado hace tres años y considerado exitoso.
Su ejecución es coordinada por el no gubernamental Gabinete de Asesoría Jurídica de Organizaciones Populares (Gajop), pionero en la actividad, que está llevando su experiencia a los vecinos estados de Espíritu Santo y Bahía.
Al fines del año pasado, el Gajop registraba 61 testigos bajo protección en los tres estados. Los gastos alcanzaron a 145.000 reales (85.000 dólares) en el año.
Una red de instituciones religiosas y organizaciones no gubernamentales sirve de base de apoyo, según la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, que prevé la expansión del programa a los estados de Mato Grosso del Sur, Pará, Río de Janeiro, Santa Catarina y Sao Paulo, en el centro-sur brasileño.
Los escasos recursos limitan la expansión del programa en Brasil, pero eso se supera con la adhesión de la sociedad, que ofrece refugios de bajo costo, señaló Pellegrino. "El apoyo de un convento para ocultar a un protegido, además de seguro, es muy barato", ejemplificó.
Los recursos con que cuenta Brasil están lejos de los que destina Estados Unidos, que alcanzan a 20 millones de dólares anuales para proteger 150 testigos, reconoció el Pellegrino.
Pero la ley, si se aprueba en el Senado tal como salió de la Cámara de Diputados, asegura la instrumentación del programa en carácter definitivo, con recursos previstos en el presupuesto del gobierno central. (FIN/IPS/mo/dm/hd/99
