Líderes indígenas canadienses se aliaron con sus pares de Estados Unidos tras la publicación de un informe de la ONU que señala el tratamiento de los nativos como el más acuciante problema de derechos humanos de Canadá.
Phil Fontaine, líder de la Asamblea de las Primeras Naciones, que representa a más de 300 comunidades nativas de Canadá, anunció el lunes una asociación formal con el Congreso Nacional de Indios Americanos, con sede en Estados Unidos.
Fontaine dijo que ambas organizaciones presionarán para lograr el autogobierno y la soberanía de todos los pueblos indígenas de América del Norte, y anunció que también procurarán asociarse con grupos nativos de México.
El informe de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos publicado la semana pasada sostiene que el gobierno de Canadá no aplicó las recomendaciones de la Comisión Real sobre Pueblos Aborígenes, de 1996.
La Comisión Real, integrada por destacados líderes indígenas, abogados y académicos, recomendó el pleno autogobierno, el control sobre los recursos y un sistema jurídico separado para los nativos. También aconsejó mejoras sustanciales en los servicios de salud para los indígenas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también exhortó al gobierno federal de Canadá y a las autoridades de la provincia de Ontario a investigar el asesinato de Dudley George, un miembro de la comunidad ojibwe que fue muerto a tiros por la policía mientras protestaba por la ocupación de tierras indígenas en las orillas del lago Huron.
Líderes indígenas afirmaron que el ataque de la policía contra los manifestantes fue orquestrado por políticos y funcionarios de gobierno, y elogiaron el informe de la ONU como un paso importante a favor de los derechos de los nativos.
El informe "colmó nuestras expectativas. Este es un gran día para los derechos de los aborígenes", declaró Armand McKenzie, abogado del Consejo Innu de Nitassin, que representa a 7.500 habitantes de la costa de Labrador, uno de los lugares más aislados e inaccesibles del planeta.
No existen caminos ni vías férreas que comuniquen al territorio innu con otras partes, y el tránsito marítimo se limita a cuatro meses al año. Los innu también luchan desde hace años contra los vuelos bajos de entrenamiento de pilotos de combate de la OTAN.
"Ya no seremos mendigos en nuestra propia tierra. Tenemos derecho a recibir beneficios", manifestó McKenzie.
Otros líderes nativos destacaron que el informe de la ONU podría incentivar al gobierno de Canadá para que aplique las reformas propuestas.
El informe es "una reprimenda muy severa", subrayó Andy Orkin, asesor legal del Gran Consejo de Crees, que libra una batalla contra la construcción de represas hidroeléctricas dentro de su territorio.
Los 12.000 miembros de la tribu cree tienen una de las más altas tasas de alcoholismo y suicidio del país.
"Se trata de un hecho importante y a la vez triste. Canadá aparenta ser un paladín de los derechos humanos a nivel internacional, pero un informe como éste revela una considerable hipocresía", señaló Orkin.
Fontaine, cuyo grupo perdió influencia durante el actual gobierno del Partido Liberal, declaró que las comunidades indígenas de su país podrían captar la atención mundial mediante una alianza con los nativos estadounidenses.
"Cometimos el error de restringirnos al ámbito doméstico, cuando está claro que la atención internacional es lo que impulsa los esfuerzos a nivel mundial. Es hora de hacer esto", exhortó. (FIN/IPS/tra-en/mb/mk/mlm/pr hd/99
