Un escándalo está permitiendo a Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, conocer mejor la corrupción que infecta su administración municipal, y apreciar de qué modo incide para deteriorar su calidad de vida.
La acción combinada del periodismo, la policía, el parlamento y la justicia va desnudando la llamada "mafia de los inspectores", una red de extorsión instalada en el gobierno municipal, y ya hay casi un centenar de funcionarios destituidos y presos.
Entre los detenidos hasta ahora, el de mayor rango es el concejal Vicente Viscome, acusado de ser el cabecilla de la corrupción en Penha, una de las 27 regionales en las que se descentraliza la gestión de la ciudad, que tiene 10 millones de habitantes.
Pero incluso el alcalde, Celso Pitta, corre peligro de ser destituido, por omisión ante las numerosas acciones ilegales de sus subordinados.
El concejal Cosme Lopes declaró, ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que se ocupa de la corrupción municipal, que el alcalde tuvo conocimiento de denuncias sobre extorsiones practicadas en las regionales.
A la industria panificadora Panco, por ejemplo, se le exigió que donara diez automóviles a la gente del concejal Viscome, para permitirle seguir en actividad pese a que no cumplía con una norma municipal, según una de las denuncias.
La CPI, en actividad hace un mes, fue creada con la intención de "limpiar" la imagen del Concejo, prosiguiendo las averiguaciones iniciadas por la policía y la fiscalía judicial en diciembre. Pero ésta y otras iniciativas han logrado, en realidad, que salgan a luz aun más irregularidades.
El presidente del Concejo, Armando Mellao, tampoco escapa a las sospechas. Un comerciante y un comisario de la policía aseguraron que también cobraba "propinas" de vendedores callejeros cuando controlaba políticamente la regional de Sao Miguel.
Una larga investigación periodística del diario O Estado de Sao Paulo llegó a la conclusión de que 40 de los 55 concejales estuvieron involucrados en lo que llamó "el mayor escándalo de la administración pública" de la ciudad.
Según el diario, el despilfarro de recursos, los fraudes, el nepotismo y la transformación de la política en una "bolsa de negocios" determinaron que los gastos del Concejo aumentaran 102,8 por ciento entre 1990 y 1998.
Muchos funcionarios municipales poco calificados ganan entre 11.000 y 21.000 dólares.
La "bola de nieve" de revelaciones empezó en diciembre, cuando la empresaria Soraia Patricia da Silva decidió denunciar que dos meses antes inspectores de la Regional de Pinheiros le habían exigido el pago de unos 25.000 dólares para permitirle instalar un gimnasio, al parecer en infracción de las normas.
"Cada día aumenta mi indignación, al reconocer que la corrupción hace mucho daño a la ciudad", declaró Da Silva, cuyas revelaciones provocaron la primera de una serie de detenciones de inspectores municipales.
El escándalo creció y estimuló otras denuncias. El diario Folha de Sao Paulo reveló que 23 concejales habían contratado a parientes para que trabajaran en el Concejo.
Ahora se sabe que también el sistema de salud municipal está contaminado por una corrupción generalizada, que incluye prácticas de sobrefacturación y contratos que favorecen a determinadas empresas y políticos.
La población se va dando cuenta de la estrecha relación entre la corrupción y los problemas que deterioran la calidad de vida en Sao Paulo, como en otras grandes ciudades brasileñas.
Sumando los 2,5 millones de habitantes de 2.700 asentamientos irregulares (según estimaciones de la Secretaría Municipal de Vivienda) a otros tantos pobres de barrios marginados, que viven en condiciones de hacinamiento, cerca de la mitad de la población de Sao Paulo está en infracción de las normas urbanas.
Los inspectores cobran sobornos para cerrar los ojos ante las ilegalidades, y la población vulnerable a esa extorsión es inmensa.
Gran parte de la ocupación del área urbana se hizo por vías oscuras. Silvio Rocha, uno de los funcionarios detenidos, confesó que en el pasado encabezó invasiones de tierras con la intención política de "desestabilizar" a la alcaldía, entonces en manos de la izquierdista Luiza Erundina de Souza.
Los asentamientos caóticos agravaron el efecto de las inundaciones, al bloquear cauces fluviales. Otros ocuparon las orillas de manantiales, contaminando el agua, que ya era escasa en la ciudad, y aumentando la necesidad de frecuentes racionamientos.
Los vendedores callejeros que proliferan en las calles, obstaculizando el tránsito peatonal, también violan normas municipales, y operan protegidos por la corrupción. Según las investigaciones, entre ellos está la mayoría de las víctimas de la extorsión de los inspectores.
La infracción de normas municipales también era permitida por la "mafia de los inspectores", a cambio de sobornos, en otros servicios públicos como los de transporte y recolección de residuos, con consecuencias muy perjudiciales para la población y el ambiente. (FIN/IPS/mo/mp/ip dv/99
