La austeridad fiscal, una necesidad de emergencia en Brasil para superar la crisis económica, será también obligatoria para gobernantes, parlamentarios y autoridades judiciales, en caso de aprobarse una propuesta del Poder Ejecutivo.
El gobierno enviará en los próximos días al Congreso el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, que impondrá restricciones al gasto y el endeudamiento de los municipios, los estados y la administración federal.
Las autoridades responderán penalmente por los desequilibrios en las cuentas gubernamentales, que pueden costarles desde multas hasta prisión.
El propósito es contar con la ley ya en el próximo año, explicó Martus Tavares, secretario ejecutivo del Ministerio de Presupuesto y Gestión, responsable de la elaboración del proyecto.
Las reglas de austeridad alcanzarán a los Poderes Legislativo y Judicial, que multiplicaron sus gastos en los últimos años. La propuesta les impone límites, hasta ahora inexistentes, ya que pueden adoptar decisiones autónomas también en materia administrativa.
El intento de impedir el gasto excesivo y la malversación de recursos públicos no es nuevo en Brasil. Acompañó los diversos programas de combate a la inflación y se considera parte indispensable de la estabilización económica perseguida por el plan real de 1994.
Desde el último año está en vigor una ley que limita los gastos salariales de estados y municipios a 60 por ciento de sus ingresos fiscales, pero es ampliamente transgredida. Estados como Río de Janeiro y Minas Gerais destinan a salarios cerca de 80 por ciento de sus ingresos.
No obstante, las elecciones de octubre en los estados y otros hechos políticos parecen indicar que los votantes ya valoran la austeridad de sus gobernantes. Fueron derrotados varios candidatos identificados como partidarios del gasto.
El ejemplo más claro es Sao Paulo, donde Mario Covas logró su reelección como gobernador gracias principalmente a su imagen de recuperador de las finanzas estaduales. Sus predecesores, que ejecutaron grandes proyectos, acumularon deudas y perdieron popularidad.
Covas derrotó en los comicios a Paulo Maluf, ex alcalde de la capital, un tradicional "impulsor de obras", que logró dejar al frente de la ciudad a su candidato, Celso Pitta, heredero de una municipalidad altamente endeudada.
La gestión de Maluf es investigada por el Concejo Municipal, debido a denuncias de generalizada corrupción y por el agravamiento de los problemas que agobian a los diez millones de habitantes de Sao Paulo.
Inundaciones frecuentes que paralizan la ciudad, basura no recolectada, escasez de agua y un transporte caótico son algunos de los problemas que ponen en entredicho la carrera política de Maluf.
Otra muestra de un movimiento en marcha contra el despilfarro de recursos públicos, una tradición en Brasil, especialmente en los años electorales, es un singular tribunal, creado en 1994 en Río Grande del Sur para juzgar delitos administrativos municipales.
En sus cinco años de actividad, la cuarta Cámara Penal del Tribunal de Justicia de ese estado del extremo sur de Brasil condenó a 92 alcaldes o ex alcaldes a la prestación de servicios gratuitos a la comunidad o a la prisión, informó este lunes el diario O Estado de Sao Paulo.
Condenado a 12 años de carcel, aunque prófugo, Eloi Sessim construyó un estadio de fútbol para 10.000 personas, el doble de la población del municipio que gobernó.
Se trata de un mecanismo "ejemplar", dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Celso de Mello. Las irregularidades se redujeron en los últimos años, aseguró el Tribunal de Cuentas que inspecciona las finanzas municipales y estaduales.
En los últimos años proliferaron en el país las denuncias de malversación de fondos municipales. Pero los tribunales no especializados tienen escasa agilidad y demoran el juicio, muchas veces dejando prescribir los delitos.
Además, la misma justicia es blanco de la campaña por mayor austeridad del sector público. Los gastos considerados exagerados son una de las razones alegadas por el presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes, para someter el Poder Judicial a una comisión parlamentaria de investigación.
La construcción de sedes lujosas para tribunales, salarios muy superiores a los del Poder Ejecutivo y la contratación de numerosos familiares de jueces encarecen innecesariamente la justicia, advirtió Magalhaes, decidido a llevar adelante su proyecto, pese al riesgo de conflicto institucional. (FIN/IPS/mo/ff/ip/99
