La oposición de pescadores y campesinos de India tiene paralizada desde hace 13 años la construcción de una multimillonaria base naval que sería la más moderna de Asia meridional y oriental.
La base INS Seabird cubrirá 4.000 hectáreas sobre la costa meridional de Karwar y tendrá un centro de investigación, muelles para 15 buques, un arsenal, instalaciones para submarinos, un astillero, escuela de aprendices y una ciudadela para 3.500 personas.
La configuración natural de la costa de Karwar con bahías ocultas y estratégicos promontorios, junto con boscosas colinas interiores, brinda más seguridad que el actual cuartel general de la armada en Bombay, que debe compartir con buques mercantes.
El almirante retirado D.P. Dawson, finalizó el plan en 1979 tras rigurosas pruebas que simularon los vientos monzónicos de la costa suroccidental y las condiciones del tiempo sobre un modelo de dos kilómetros de longitud, en la Estación Central de Estudios sobre Agua y Energía, de Pune, cerca de Bombay.
Sin embargo, el proyecto encalló por la controversia en torno a la rehabilitación y la indemnización de 4.000 familias en 13 aldeas, cuyas tierras fueron confiscadas por la marina. La demora causó un fuerte aumento en los costos de construcción y de reubicación.
El ministerio de Defensa desembolsó 8,5 millones de dólares a través del gobierno del estado de Karnataka para comprar más de 4.000 hectáreas de tierra pertenecientes a 13 aldeas y distribuidas a lo largo de 26 kilómetros de la franja costera occidental.
Los aldeanos damnificados reclamaron ante la Suprema Corte de Justicia porque Karnataka apeló a clausulas de emergencia, por motivos de seguridad, y adquirió la tierra sin aplicar medidas de reubicación.
Pese a que el alto tribunal ordenó la suspensión de los desalojos hasta que no se concretaran apropiadas medidas de indemnización, los campesinos se vieron impedidos de usar sus tierras porque habían pasado a ser propiedad de la marina.
En la aldea de Arga, el titular de la junta vecinal, dijo que la pérdida de los ingresos agrícolas resulta catastrófica. "Nuestros campesinos, que cultivaban hasta tres cosechas por año, ahora deben trabajar como peones", se lamentó.
El paquete de indemnizaciones ofrecido por el gobierno resultó escaso. Ganapathy Mangre, titular de la junta aldeana de Binaga, también afectada, explicó que se les ofreció 1/32 de hectárea a cambio de la cesión de varias, en tanto se los indemnizaba con cuatro dólares por "gunta" (32 guntas equivalen a media hectárea).
"¿Puede alguien obtener una gunta de tierra por cuatro dólares en alguna parte de nuestro país? Si es así, les regalamos nuestra tierra", exclamó el jefe aldeano.
Para peor, el gobierno demoró la selección de los terrenos para compensar los desalojos. Devbag, cerca de Karwar, fue cambiado al comprobarse que era afectado por la erosión.
Una zona de Nellur-Kanchibail elegida luego resultó estar demasiado cerca de la selva, y la zona pesquera de Majali tambien se descartó porque estaba en litigio.
Al menos seis de las nueve alternativas de reasentamiento preseleccionadas resultaron inadecuadas. Las aldeas de pescadores se encuentran lejos del mar, y la tierra cultivable, elegida por el Departamento de Conservación del Suelo (estatal) es rocosa e imposible de utilizar con fines agricolas.
También las casas estan pobremente construidas y no son funcionales, según los aldeanos desalojados que formaron un "foro" para luchar por sus derechos.
Como resultado de la demora, el proyecto se ha convertido en un candente problema político en el estado. Políticos con intereses propios alentaron a aldeanos que no figuraban en la lista de 2.925 personas que serían trasladados, que reclamen una indemnización.
En 14 años desfilaron seis gobernadores estatales, y las disposiciones ordenadas por cada uno de ellos fueron dejadas de lado por sus sucesores.
En agosto, el ministro de Defensa, George Fernandes, hizo una oferta por separado a familias con hijos ya crecidos junto con un paquete de indemnizaciones más abultado que costaría al gobierno la suma adicional de 4,1 millones de dólares.
Sin embargo, eso tampoco satisfizo las demandas de los evacuados, que exigen pagos acordes con la ley.
Mientras los evacuados siguen pidiendo indemnizaciones, un puerto pesquero, lugares para reubicarse e instalaciones de riego, la marina ya comenzó la construcción de dos escolleras rompeolas.
En protesta por los desalojos forzados con ayuda de la policía, Vasant Asnotikar, representante local de la asamblea legislativa, comenzó una huelga de hambre por tiempo indefinido, exigiendo que los evacuados permanezcan en el lugar hasta que hayan mejorado los centros de rehabilitación. (FIN/IPS/tra-en/ka/an/ego/aq/en-pr/99)
