Una periodista argentina que indagó en los llamados "archivos del terror" en Paraguay, revela en un libro el apoyo de Estados Unidos a la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América de los años 70 y 80.
"Los años del Lobo. Operación Cóndor" fue presentado a fines de este mes en la Feria del Libro de Buenos Aires por su autora, Stella Calloni, acompañada por el abogado paraguayo Martín Almada.
Almada, un sobreviviente de la Operación Cóndor, descubrió en 1992 en Asunción los archivos de la policía del ex dictador Alfredo Stroessner, conocidos como los archivos del terror.
Calloni, corresponsal del diario La Jornada, de México, dijo a IPS que su libro es sólo "la punta de un iceberg" de lo ocurrido en aquellos años.
La periodista explicó que su idea fue reunir información existente en forma fragmentaria y divulgada en cuentagotas, para mostrar cómo funcionó la Operación Cóndor, que para algunos expertos fue una "internacional de la muerte", agregó.
El plan, denominado Cóndor por sus propios creadores y en el que participaban militares y civiles miembros de organizaciones de ultraderecha, como la Liga Anticomunista Mundial, permitía intercambiar datos y prisioneros, secuestrar personas y trasladarlas a otros países o "liberar" zonas para asesinarlas.
Calloni recogió pruebas de la conexión entre militares de los países de la región y el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), sobre todo a través de la embajada de Washington en Asunción.
También registra los casos de destacadas personalidades y de personas desconocidas que fueron víctimas de esta red represiva.
Recuerda el asesinato en Washington de Orlando Letelier, ex canciller del gobierno chileno de Salvador Allende, del también chileno general Carlos Prats, en Buenos Aires, del general boliviano Joaquín Zenteno y del coronel uruguayo Ramón Trabal, los dos casos en París, y del diplomático español Carlos Soria, en Chile.
Detalla, además, que los agregados militares de las embajadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay eran piezas claves para obtener documentos, investigar a personas y trasladarlas fuera de fronteras de manera ilegal.
Calloni asegura en su libro que la conexión entre los funcionarios diplomáticos militares estaba codificada, porque no todos los que integraron las fuerzas de seguridad de esos países conocían sobre la Operación Cóndor.
También señala que uno de los antecedentes del plan fue la Operación Phoenix, implementada por la CIA en 1966 en Vietnam y que tuvo entre sus hechos más salientes el apoyo a la destitución del presidente Ahmed Sukarno en Indonesia.
"La guerra fría suministró el contexto global de un anticomunismo patológico" y Washington proporcionó a sus aliados de América Latina instrucción militar e ideológica, inspiración, financiamiento y asistencia técnica, indicó Calloni.
Calloni cree que "Estados Unidos pudo haber plantado la semilla de la Operación Cóndor", por lo cual, a partir de lo descubierto en los archivos del terror, Almada y otras víctimas demandan indemnización a Washington por su participación en aquellas torturas y crímenes.
El apoyo estadounidense a las dictaduras del Cono Sur de América fue reconocido hace poco por la secretaria de Estado, Madeleine Albraight, quien se lamentó de los "errores" cometidos en aquellos años por Washington, cuenta Calloni en su libro.
La autora también señala la ayuda de Estados Unidos para derrocar al presidente socialista Allende, en Chile, e instaurar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), como otro antecedente de la Operación Cóndor.
Parte de los archivos del terror encontrados en Asunción fueron remitidos por Almada al juez español Baltasar Garzón, que investiga crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura de Chile y la de Argentina (1976-1983).
Esas pruebas podrían hacer que Garzón pida la extradición del ex dictador paraguayo Stroesner (1954-1989), cuyo asilo político en Brasil vence en agosto.
Los documentos de la dictadura de Stroessner contienen cartas membretadas de militares, correspondencia familiar y pertenencias de ex detenidos, libros de entrada y salida de prisioneros, controles de fronteras, fotos de personas torturadas y casetes con la grabación de diálogos telefónicos.
Uno de los casos documentados es el de Matilde Artés, una actriz argentina secuestrada en Bolivia en 1976 por fuerzas de la dictadura encabezada por el actual presidente Hugo Banzer. Artés fue acusada de integrar el entonces guerrillero Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, de Uruguay.
La hija de Artés, Graciela, y su pequeña nieta Carla, fueron secuestradas poco después. Matilde denunció que su hija fue torturada en La Paz por agentes de la Policía Federal argentina delante de su pequeña hija, a la que tenían desnuda y colgando de los pies, para amedrentar a la madre.
En los archivos también se encontró una carta del ex general chileno Manuel Contreras, por entonces jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, la policía secreta de la dictadura, en la que éste pide a Pinochet 600.000 dólares para "misiones diplomáticas" en Brasil, Perú, Argentina, Costa Rica y Bélgica, a fin de "neutralizar" a presuntos "adversarios".
Otro documento clave para reconstruir la historia de la Operación Cóndor, según Calloni, es un informe al respecto enviado a sus jefes en Washington por el agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert Scherrer, desde Buenos Aires en 1976.
"Cóndor es el nombre en código para la recolección, intercambio y almacenamiento de información de inteligencia sobre izquierdistas, marxistas o comunistas, establecida hace poco entre servicios de inteligencia de América del Sur que cooperan entre sí para eliminar de la zona a actividades terroristas-marxistas", escribió Scherer.
El agente agregó que "Cóndor propicia operaciones conjuntas contra objetivos terroristas en los países miembros para llevar a cabo represalias que llegan al asesinato contra supuestos terroristas o sus soportes, o a perseguirlos en las naciones miembros de la Operación".
Calloni estima que con solo una de las cuatro toneladas de archivos revisados en Asunción ya se puede inferir que hubo al menos un millar de víctimas de esta operación, de los cuáles muy pocos sobrevivieron, como Almada.
La periodista advirtió que esta estructura "no fue desmontada", sino que está apenas desactivada.
Calloni lamentó que el Ejército de Paraguay haya retirado documentos poco después del hallazgo, arguyendo que se trataba de papeles que comprometían la seguridad regional y que no tenían vinculación con los casos de violaciiones de los Derechos Humanos.
No obstante, cree que lo que quedó es suficiente.
"Tomados en conjunto, los archivos proporcionan la base para enjuiciar a quienes cometieron crímenes -siempre que exista voluntad política para hacerlo- y arrojan nueva luz sobre la relación de Estados Unidos con las dictaduras de la región y sus organismos de represión, en especial con Paraguay", señaló Calloni. (FIN/IPS/mv/dm/cr hd/99)
