El presidente de Argentina, Carlos Menem, podría ser citado a declarar ante la justicia por la explosión de una fábrica militar en 1995, un hecho que causó once muertos y que según nuevas pericias habría sido un atentado -y no un accidente- vinculado al tráfico ilegal de armas a Croacia.
El abogado querellante Ricardo Monner Sanz solicitó a la justicia que convoque a Menem para preguntarle por qué tres horas después de la explosión en la fábrica de Río Tercero -provincia de Córdoba-, aseguró que había sido "un accidente, y no un atentado".
También por qué exhortó a los periodistas a que manejen esa hipótesis.
El jefe de Gabinete Jorge Rodríguez sostuvo que el gobierno – que debió resignar en estos años a un ministro de Defensa, un jefe de la Fuerza Aérea y otros funcionarios por la causa del tráfico de armas- "no está preocupado" por este nuevo episodio pues sus funcionarios no tienen relación con los delitos.
La pericia en la fábrica de Río Tercero se realizó este lunes casi cuatro años después del hecho.
Tras intentar reproducir las distintas causas de cinco presuntos accidentes, los expertos provocaron la explosión con un detonador accionado por control remoto y un potenciador, y recién entonces se revivió la explosión de aquel día.
"Puede inferirse que la explosión no fue accidental y no sería ilógico pensar que fue un sabotaje o un atentado para tapar un faltante de material bélico", reconoció el fiscal federal Roberto Masuet, que ya comprobó mediante una pericia administrativa el faltante de 31.000 proyectiles de esa planta.
Los investigadores -así como los diputados que intervienen en la pesquisa- relacionaron esa falta con el envío ilegal de 27.000 proyectiles argentinos a Croacia durante la guerra en la ex Yugoslavia, en franca violación el embargo internacional dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas.
El comercio ilegal de armas a Croacia no es el único caso que investiga el juez.
En 1995, en plena guerra entre Ecuador y Perú, la prensa denunció que unas 75 toneladas de armas livianas y municiones llegaron a Guayaquil, pese a que Argentina era uno de los países garantes de la paz entre las dos naciones sudamericanas enfrentadas por un diferendo limítrofe desde 1942.
El gobierno intentó mostrar que había sido engañado por documentos que autorizaban la venta de ese material a Venezuela. Las armas habrían sido trianguladas a Ecuador por intermediarios, sin la correspondiente autorización oficial, esgrimió el gobierno en su defensa.
Pocos meses después se conoció de otra operación con pertrechos que llegaron a Croacia. En este caso fueron unas 6.500 toneladas de armas entre cañones pesados, fusiles, misiles, minas, granadas y municiones, con presunto destino a Panamá.
La causa por la venta ilegal de armamentos a Ecuador y a Croacia desencadenó la renuncia del ministro de Defensa de entonces, Oscar Camilión, la del jefe de la Aeronáutica, brigadier Jorge Paulik, y la de otros funcionarios que fueron procesados por la justicia federal.
Cuando comenzó la investigación, se produjo la explosión de la fábrica de Río Tercero, una pequeña ciudad de 44.000 habitantes.
El siniestro provocó una lluvia de proyectiles sobre la ciudad y sus edificios. Hubo siete muertos y 300 heridos el día de la explosión y otras cuatro personas fallecieron posteriormente como consecuencia de las heridas recibidas.
El Estado indemnizó a las víctimas de ese auténtico "bombardeo" con más de 75 millones de dólares. Centenares de casas resultaron destruidas y muchos de los heridos quedaron mutilados o con graves daños físicos y psicológicos.
Ahora el juez espera la realización de una nueva pericia técnica que será encargada a expertos de Estados Unidos, para cotejar con la comprobación realizada esta semana. (FIN/IPS/mv/dg/ip/99)
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