El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, abrió un nuevo frente de confrontación al pasar a la justicia militar a funcionarios regionales investigados por la muerte de un estudiante, lo que resulta inadmisible para los gobernadores.
"Adelanto el categórico rechazo a abrir un juicio militar a funcionarios involucrados en un delito civil", expresó el presidente de la Asociación de Gobernadores y jefe ejecutivo del central estado de Lara, Orlando Fernández, muy cercano a Chávez.
Los gobernadores de los 23 estados en que está dividido administrativamente Venezuela se reunirán el jueves para fijar una posición colectiva ante la crisis abierta a raíz de la muerte por un disparo policial de un estudiante el 24 de febrero, durante una manifestación en el nororiental estado de Sucre.
El fiscal general (garante de la legalidad), Ivan Badell, dijo que cualquier intento de procesar en un tribunal militar a dos civiles no prosperará y sólo retardará la aplicación de justicia, al abrir un conflicto de competencia que paralizará el caso.
Los dos funcionarios fueron trasladados el sábado 27 por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) a un calabozo en su sede en la capital desde Cumaná, capital de Sucre a 450 kilómetros al este de Caracas, por orden del presidente.
Otro aspecto que analizarán los gobernadores es la decisión presidencial de que la militar Guardia Nacional no intervenga en problemas de orden público, lo que a juicio de los opositores a Chávez dejo a Cumaná desguarnecida ante la rabia estudiantil, tras acuartelarse la policía para no crear mayor tensión.
Chávez ha insistido que es a través del liderazgo de las autoridades y no el irrespeto de los derechos humanos como se pueden enfrentar los problemas de orden público, e instruyó que las diferentes y descordinadas policías no usen armas de fuego para controlar protestas, lo que se incumplió en Cumaná.
El ministro del Interior, Luis Miquilena, negó este martes la acusación de descuido, y replicó que el mal manejo fue el de una policía regional que "trató brutalmente una manifestación", al reiterar que la Guardia Nacional sólo actuará en casos de gran emergencia.
Pero los gobernadores temen que sus policías sean incapaces de controlar una eventual escalada de protestas, cuando a los sucesos de Sucre siguieron disturbios en seis estados y la situación pudiera complicarse por el anunciado retiro de la Guardia.
Un tercer elemento de polémica para los gobernadores es el pedido de dirigentes del Polo Patriótico, la alianza de grupos de izquierda y antiguos militares golpistas que respalda a Chávez, de que el gobernador de Sucre, Eloy Gil, renuncie.
El gobernador del central estado de Aragua, Didalco Bolívar, dirigente como el gobernador Fernández del oficial Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló que "no acepto ningún ensañamiento contra Gil, por el hecho de que sea de Acción Democrática".
Este mismo martes, el Polo Patriótico promovió un debate en el Congreso sobre los acontecimientos de Sucre en que pidió la destitución de Gil, aunque no cuenta con los votos para que esa propuesta avance y la oposición en su conjunto se opone.
Chávez visitó Cumaná el sábado, para apoyar la pacifcación de la ciudad, donde los estudiantes reaccionaron a la muerte de su compañero con el saqueo e incendio de un histórico edificio el jueves y el saqueo de dos supermercados la noche del viernes.
El presidente, un teniente coronel retirado que este martes cumple un mes en el poder y ha colocado numerosos oficiales en altos cargos, informó que había ordenado "una investigación sumarial, de carácter militar" sobre la muerte del estudiante, y que los responsables pasarían a un tribunal castrense.
AD es uno de los partidos tradicionales a los que Chávez barrió del poder después de 41 años de dominio político, al capitalizar la rabia popular por el hundimiento de las condiciones de vida, la corrupción y el colapso de los servicios.
También son dirigentes regionales de AD el suspendido secretario general de la gobernación de Sucre, Amalio Rojas, y el comandante de la policía regional, Jesus Navarro, que permanecen en un calabozo de la DIM.
El secretario general de AD, Lewis Pérez, presentó este martes un recurso de "habeas corpus (entrega del cuerpo)" ante un tribunal civil en favor de los detenidos, para su liberación inmediata.
Pérez también pidió a la Fiscalia General una investigación sobre el caso de Sucre "por considerar que se violó el estado de derecho al involucrar a la justicia militar en un asunto civil".
El único caso en que los civiles pueden ser procesados por otros que sus jueces naturales es cuando estén incursos en una rebelión militar.
Los portavoces de las bancadas opositoras del tradicional partido socialcristiano Copei y la nueva fuerza Proyecto Venezuela, se unieron en manifestar que "hay elementos para ser capciosos en los hechos de Sucre".
Alberto Franceschi, de Proyecto Venezuela, dijo que debe aplicarse extremo rigor con los responsables del exceso represivo que mató al estudiante y el uso de la policía de armas de fuego, pero que también debe investigarse la quema de un edificio, que era precisamente la sede administrativa de la gobernación.
La diputada de Copei Tibisay Velásquez consideró que es muy extraño que los estudiantes hayan ido a esa sede subalterna y no a las oficinas del gobernador, para quemar todos los documentos que representaban las supuestas pruebas de la alegada corrupción del antecesor de Gil, del MAS.
Gil y otros dirigentes de AD han denunciado que los videos grabados por una televisora regional sobre el saqueo e incendio por los estudiantes, muestra la presencia de miembros del Polo Patriótico en medio de la protesta. (Fin/IPS/eg/ip la/99
