Salarios represados, pérdida de empleos y temor porque incrementos de precios sigan a las alzas previstas en los impuestos, conforman en Venezuela un explosivo coctel social que gravita sobre la luna de miel del presidente estrenado hace un mes, Hugo Chávez.
Venezuela "vive una situación social muy explosiva", declaró el ministro de Trabajo y Familia, Leopoldo Puchi, por lo que "llamamos a los empresarios privados a que consideren la grave crisis y eviten los despidos masivos".
Puchi advirtió a las empresas que "si no actúan con responsabilidad, el gobierno estudiaría decretar una inamovilidad laboral", mientras que un pedido de Chávez "para que mis amigos empresarios sigan el ejemplo que Caracas dio" se interpretó como advertencia de alza salarial por decreto.
El ejemplo al que aludió Chávez fue el anuncio de que en mayo elevará 20 por ciento los salarios de 1,3 millones de empleados públicos, "porque no puedo más", en alusión al déficit fiscal de 9.000 millones de dólares, la mitad del presupuesto ordinario de gastos del Estado.
El salario mínimo, que por ganarlo más de la mitad de los trabajadores es "el salario nacional de Venezuela" según Carlos Navarro, secretario general de la principal central obrera, podría ser aumentado en el mismo porcentaje.
Esas alzas distan de compensar la inflación (29,9 por ciento en 1998, cuando fue la más baja del quinquenio) y se agregarían a 20 años de continua caída en el salario real de los venezolanos, conforme a estudios del Ministerio de Planificación.
También se alejan de las ofertas electorales de Chávez, quien prometió alzas sustanciales de salarios y dejó que sus segundos tradujeran esas promesas en incrementos de 50 y aún de 100 por ciento.
Francisco Natera, presidente de Fedecámaras, el principal organismo empresarial, ofreció acceder al alza de 20 por ciento si el gobierno retrasa la puesta en vigor de una ley que obliga a las empresas a pagar al menos una comida diaria a cada trabajador.
Los gremios de empresarios también insisten en que alzas salariales elevadas o compulsivas provocarán más desempleo, porque el país vive un clima de recesión (estimados oficiales apuntan a decremento del producto interno bruto este año) y el Estado se propone recortes en sus gastos.
Sólo en la industria se perdieron 60.000 empleos (10 por ciento) en 1998, según un informe del consejo empresarial del sector (Conindustria), más otros 40.000 producto de despidos masivos en enero y febrero de 1999, sobre todo en los sectores calzado y confección.
La reducción de gastos en el sector público puede forzar a las alcaldías y gobernaciones de estados a despedir unos 45.000 trabajadores, según el diputado Julio Castillo, del partido opositor Proyecto Venezuela.
El gobierno también pidió al Congreso autorización para fusionar varios ministerios y otros organismos públicos, con miras a hacer "un Estado más eficiente y barato", lo que significaría reducciones de las nóminas.
Además, según ha trascendido, el presidente planteará el lunes próximo a la etatal Petróleos de Venezuela, una reducción salarial de hasta 30 por ciento en las nóminas más altas y de 10 por ciento en otras áreas. Esa medida se acompañara con el despido de al menos 5.000 de sus 48.000 empleados.
Chávez, que había presentado un plan cívico-militar de asistencia social como una opción de empleo y de esfuerzo voluntario, reconoció que carecía de dinero para emplear más gente en las dependencias públicas y apeló a proseguir los programas a base sobre todo de voluntariado.
Al doble cerrojo sobre los salarios y el empleo se agrega el del costo de la vida. Si bien la inflación de febrero (1,7 por ciento) resultó baja, se produce sobre una caída no sólo de la producción, sino del consumo: siguen en baja las compras de alimentos y otros bienes perecederos.
A ese cuadro se agregarán, cuando llegue la luz verde del parlamento en cuestión de semanas, cambios en la tributación que en definitiva significarán pagar más impuestos y cancelarlos más rápidamente, lo que traerá consecuencias sobre los precios y el consumo.
Sobre ese telón de fondo aparecieron hace una semana las primeras manifestaciones violentas de estudiantes. No fueron dirigidas contra Chávez, pero mostraron impaciencia por desatención a reivindicaciones para atender las cuales se necesita lo que más escasea: dinero.
Sin poder colmar rápidamente las expectativas de millones de sus gobernados -cuatro de cada cinco venezolanos vive en algún grado de pobreza-, Chávez ha mantenido en cambio la iniciativa política, incluso poniéndose del lado de los manifestantes contra autoridades regionales.
Chávez mantiene intacta, según defensores y críticos, la luna de miel con los sectores desposeídos que en diciembre le hicieron presidente con 56 por ciento de los votos. Brilla su capacidad de comunicación con el sentimiento del común, según el escritor de telenovelas Ibsen Martínez.
Sobre esa estrella se recuesta la angustiosa situación social, a un mes de iniciado el gobierno y a dos de un esperado referendo para que los venezolanos se pronuncien sobre la propuesta de Chávez de reunir una asamblea constituyente para "refundar la república". (FIN/IPS/jz/eg/ip la 99
