Casi 700 mujeres pidieron esterilizarse en un solo hospital de Venezuela durante la jornada de arranque de un plan cívico-militar de emergencia social, pero únicamente lo lograron 22 que habían cumplido con todos los pasos previos.
La inclusión de la esterilización dentro del plan que comenzó el 27 de febrero provocó la crítica de poderosos grupos conservadores y el apoyo condicionado de las organizaciones no gubernamentales que atienden a la mujer y a la infancia.
Carmen González, con 34 años y cuatro hijos, fue una de las 22 mujeres a las que se le ligaron las trompas en la Maternidad Concepción Palacios, en Caracas, y ajena a la polémica aseguró satisfecha que "tengo un gran alivio porque las cosas no están para tener más (hijos) y esperé casi dos años esta oportunidad".
"No hay una política o un programa de esterilización por sí mismo, no es un objetivo específico ni masivo", aseguró el ministro de Sanidad, Gilberto Rodríguez. "Se ha escandalizado mucho sobre este tema", criticó.
Gisela Díaz, directora ejecutiva de la privada Organización de Planificación Familiar (Plafam), coincidió con el ministro en lo del escándalo y la manipulación.
Pero también manifestó su preocupación porque en la Maternidad, el mayor centro asistencial del país para las embarazadas y parturientas, hayan dividido en "voluntarias y de indigentes" las esterilizaciones proyectadas bajo el plan de emergencia, que durará seis meses.
"Las indigentes o las mujeres afectadas por cualquier síndrome tienen los mismos derechos que las demás personas y la voluntariedad no se puede quitar", dijo Díaz a IPS.
La ejecutiva de Plafam criticó así declaraciones del director de la Maternidad, Carlos Cabrera, quien incluyó la posibilidad de que en el caso de mendigas, alcohólicas o dementes un médico o alguna autoridad pueda decidir la ligadura, sin consentimiento de la afectada o sus tutores legales, de estar ella incapacitada.
También planteó que la esterilización debe formar parte de una política integral de salud y atención social. "No se trata de la esterilizo y la dejo a su suerte", comentó al resumir la posición de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que mayoritariamente ofrecieron colaborar en el plan de emergencia.
La polémica comenzó cuando se informó que el plan de emergencia social, en que participan 70.000 militares, 80.000 empleados públicos y decenas de miles de voluntarios, incluiría la esterilización en el listado de intervenciones quirúrgicas atrasadas que los hospitales buscarán eliminar en 120 días.
La Iglesia Católica, a través de su portavoz, el obispo Hernán Sánchez, calificó las jornadas de esterilización como "un atentado contra la dignidad humana" y aseguró que las ligaduras de trompas "son contrarias a la ley moral" si son voluntarias.
La organización antiabortista Provive afirmó que aprovechando la profunda crisis socioeconómica que soporta Venezuela, se busca sumar al país "en campañas antinatalistas que incluyen planes de esterilizaciones masivas". El aborto es ilegal en el país.
Provive, una organización extendida por varios países y que es conducida por una multimillonaria familia venezolana dedicada al negocio de licores, calificó como "mutilación de los pobres" e "inaceptable profilaxia social" a las esterlizaciones.
La directora de Plafam, la mayor ONG de planificación familiar, dijo que la esterilización es tan sólo un método más de control de natalidad al que la mujer tiene derecho, bajo una serie de requisitos por ser irreversible.
Díaz recordó que Venezuela enfrenta el drama de que más de 20 por ciento de los embarazos son de adoslecentes (menores de 18 años) y que el Estado sólo brinda asistencia u orientación a 14 por ciento de las mujeres en edad fértil.
Eso significa que más de cuatro millones de adolescentes y mujeres no reciben información sexual o sobre salud reproductiva y anticonceptivos, y se trata de aquellas incluidas en el ejército de excluidos sociales en ciudades y áreas rurales.
De los 23 millones de venozalanos, 80 por ciento viven en pobreza, 35 por ciento soportan la pobreza crítica y 14 por ciento sobreviven en la mendicidad. En torno a 60 por ciento de los hogares más pobres carecen del padre, mientras que en general una cuarta parte de las familias tienen al frente sólo una mujer.
Atavismos culturales, paternidad irresponsable, una tradición machista en que la mujer es valorada por "lo que rinda" en materia de hijos y la búsqueda de la mujer de retener a su pareja mediante la procreación, nutren el problema junto con la desidia del Estado en modificar valores y promover la planificación.
El índice de natalidad en Venezuela es de 3,3 pero se eleva a siete en áreas rurales, mientras que la tasa de mortalidad infantil es una de las más altas de América Latina, con 27 fallecidos por cada mil nacidos.
Una señal de como el machismo alcanza los niveles oficiales lo representa el hecho de que la Maternidad exige el consentimiento del esposo o la pareja para la esterilización, sin tener en cuenta los derechos de la mujer y el tipo de familia predominante en los estratos sociales que dependen de la asistencia pública.
Díaz explicó que no hay legislación específica en el país en torno a la planificación familiar y la Ley sobre la Infancia y la Adolescencia, aprobada en 1998, es la primera que incorpora el derecho a recibir información sobre salud reproductiva.
Cada institución fija las reglas para la esterilización. Las de la Maternidad establecen una edad mínima en 26 años, dos partos y aprobación de la pareja, durante la duración del plan de emergencia, en que se espera atender a 50 mujeres semanales.
Plafam, con cuatro centros en el área metropolitana de Caracas y sinergía con otras ONG dedicadas a la mujer y la infancia y atención diaria a un centenar de personas, las normas actuales fijan un número de tres hijos para las mujeres entre 20 y 29 años, de dos hasta 35 años y de uno a partir de esa edad.
Un Comité Bioético interdisciplinario es el encargado de actualizar las reglas y de atender los casos que no se inscriben en las pautas generales. "Siempre se oye a la mujer y se toma una deicisión en conjunto", explicó Díaz.
Plafam ha realizado 14.800 esterilizaciones voluntarias en una década de actividad, y en base a esa experiencia Díaz dijo que es un error dejar la decisión a un sólo actor, como un médico o una autoridad, o normar en cualquier forma casos absolutamente excepcionales, en que la voluntariedad puede dificultarse.
Díaz indicó que la experiencia de Plafam es que la píldora y la esterilización son los métodos anticonceptivos más usados. En Plafam también se realizan vasectomías, que infertilizan al hombre y son operaciones mucho más baratas y rápidas que la esterilización y no se incluyeron en el plan de emergencia. (Fin/IPS/eg/pr he/99
