El presidente Hugo Chávez presentó al cabo de 50 días de gobierno un examen de la situación económica de Venezuela, tratando de generar confianza en los inversores, aunque los críticos señalaron que todavía no alcanza a estructurar un "verdadero programa" ante la crisis.
Por primera vez, Chávez abrazó la privatización de empresas y aseguró que no habrá macrodevaluación de la moneda para enjugar el déficit fiscal, de 9.000 millones de dólares (nueve puntos del producto interno bruto), considerado el más alto en la reciente historia venezolana.
Era el tipo de definiciones que deseaba oír un auditorio de cientos de empresarios, autoridades y embajadores, en una alocución de dos horas y 40 minutos en el tono coloquial que ya es distintivo del mandatario, y la cual fue llevada a todo el país por cadena de radio y televisión.
Pero querían oír más, y sin embargo Chávez consumió casi toda su alocución en hacer una radiografía de la situación económica, social, política y aún moral del país, en tanto que por sobre algunas medidas concretas y su justificación hizo apenas un vuelo rasante.
Chávez propuso un "plan de transición" en los años 1999 y 2000, montado sobre cuatro rieles, que en su lenguaje castrense llamó "frentes de batalla": saneamiento de las finanzas públicas, aumento de la producción nacional, generación de empleo y transformación del Estado.
El primer objetivo de la transición es reducir la inflación (29,9 por ciento en 1998) ubicándola entre 20 y 24 por ciento en 1999 "y ojalá reducirla a un dígito al final del 2000". Venezuela, recordó, ha tenido una inflación promedio anual de 30 por ciento en las últimas dos décadas.
El segundo, reanimar el aparato productivo. Cree Chávez que la economía caerá dos por ciento en 1999, aunque luego su ministra de Hacienda, Maritza Izaguirre, dijo a corresponsales extranjeros que es posible un crecimiento cero por la rapidez con que se reacciona ante mejores ingresos petroleros.
Chávez destacó que el PIB venezolano cayó como promedio 20 por ciento en los últimos 20 años, y remarcó que el resultado es "85 por ciento de pobreza", ofreciendo revertir la tendencia con planes en agricultura, energía, turismo y pequeña empresa para crecer dos por ciento el año 2000.
El tercer propósito es disminuir el desempleo, que admitió en 15 por ciento -más cerca de 50 por ciento de subempleo, observó- y se propone llevar a 12 por ciento este año y 10 por ciento el venidero. Venezuela tiene una población económicamente activa de 10 millones de personas.
Por último, la reforma del Estado "para recuperar la gobernabilidad. Este Estado del cual soy jefe no tiene capacidad de emprender ningún proyecto nacional", por lo que se impone avanzar en el proceso constituyente, que consumiría todo 1999 hasta tener una nueva Constitución el año 2000.
En lo inmediato, insistió, se requiere que el Congreso sanciones una "Ley Habilitante", que le permitirá legislar por decreto para buscar reducir el déficit fiscal con nuevos impuestos, recortes de 10 por ciento promedio en los gastos, renegociar algunas deudas y adquirir nuevos empréstitos.
Aún si el Congreso aprueba la ley y se extrema el celo en la recaudación, el presupuesto aún presentará un déficit de 5.000 millones de dólares, dijo por su parte Izaguirre. Se buscará obtener esos recursos con multilaterales (20 por ciento), deuda interna (20) y mercados internacionales (60).
Las privatizaciones pueden aportar otros 1.000 millones de dólares y mejores precios del petróleo recursos adicionales, pero Chávez e Izaguirre dijeron que los llevarán al Fondo de Estabilización Macroeconómica y a otro de emergencias sociales, aún por crear.
Chávez dijo que está dispuesto a privatizar todos los sectores, excepto el grupo Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la principal represa hidroeléctrica, pero incluso para el aluminio, que antes rehusaba vender, presentó un esquema para vender todo el segmento de producción "aguas abajo".
Según John Maisto, embajador de Estados Unidos, "los anuncios en materia de privatizaciones, de gas y de hidrocarburos mandan un mensaje claro, de que Venezuela quiere abrir sus puertas en materia económica".
Chávez, que venía de afirmar que en las últimas dos décadas salieron del país 37.000 millones de dólares como fuga de capitales, pidió "traigan esos capitales quienes quieran. No los vamos a expropiar, ni estableceremos un régimen comunista que sería una locura".
Luis Ball, presidente del gremio de los industriales, calificó de positivo el mensaje pues "las metas de inflación y empleo son realizables". Chávez e industriales pactan un plan para crear 110.000 empleos con financiamiento privado y estatal, este último en forma de diferimiento de impuestos.
El economista independiente Maxim Ross estimó en cambio que "el presidente todavía no articula un plan que deseche el paternalismo estatal y asuma el saneamiento de la economía". Coincidió parcialmente el industrial Jorge Redmond: "El presidente ha dicho qué, falta el cómo".
Por último, Chávez insistió en que el tema moral "es la madre de nuestros problemas", y pidió a los partidos políticos y centrales obreras que renuncien a todo o parte de los aportes del Estado. Como ejemplo puso los recortes de gastos de su entorno, pero para la oposición "son medidas efectistas". (FIN/IPS/jz/eg/if la 99
