La celebración en Uruguay del Día Mundial de los Derechos del Consumidor concluyó con tres personas hospitalizadas por ingerir alimentos en mal estado, y desnudó la ausencia de normas que protejan a los ciudadanos.
El día 15, tres hombres que habían comido en un restorán de la ciudad de Colonia, 180 kilómetros al oeste de Montevideo, debieron ser internados en hospitales, en grave estado, afectados de botulismo tras consumir alimentos envasados al vacío producidos en esa zona.
Aunque el producto en cuestión no tiene autorización de la Intendencia de Montevideo para ingresar a la capital, se vende en diversas ferias callejeras y es traido por ocasionales viajeros para consumo personal.
Coincidentemente, el día 15 las organizaciones que trabajan para defender los derechos del consumidor reclamaron al Poder Legislativo que apruebe una ley en la materia que los parlamentarios estudian desde hace más de un año.
Los activistas exhortaron a la ciudadanía a presionar a los legisladores, empleando entre otros medios una línea telefónica gratuita para consultas al Poder Legislativo que se instaló el año pasado.
Aunque existe un acuerdo entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria para aprobar esa ley de defensa de los consumidores, es poco probable que eso ocurra durante 1999, ya que la mayoría de los legisladores ya están dedicados de lleno a sus campañas electorales.
Este año se realizarán elecciones internas para seleccionar el candidato a la presidencia de cada partido en abril, elecciones legislativas y presidenciales en octubre, y seguramente una segunda vuelta para la designación del presidente en noviembre.
Bolivia, Guatemala y Uruguay son los únicos países de América Latina que carecen de una ley de defensa del consumidor.
"En el mundo de hoy, en el que de una u otra manera todos somos consumidores, la ausencia de una ley significa una total desprotección", dijo a IPS el abogado Ricardo Pérez Manrique.
Un consumidor cuya salud resulte dañada puede obtener una compensación correspondiente a la atención médica que necesite, pero las normas que podrían permitirle lograr otras indemnizaciones están dispersas y son poco claras, agregó.
Según Pérez Manrique, el resultado es que los reclamos presentados se limitan a unos pocos recursos administrativos y, "como último recurso", denuncias penales.
El abogado mencionó, entre los casos en que cualquier ciudadano puede verse perjudicado, los de productos con garantías que luego no se cumplen, y los de servicios de asistencia al consumidor de productos importados que, muchas veces, desaparecen del país cuando cesa la importación.
También señaló que la masiva importación de productos alimenticios impide a los consumidores distinguir los que ingresan por contrabando y pueden afectar su salud.
Una oficina del Estado atiende los reclamos de consumidores, pero carece de medios para obligar a los comerciantes o industriales a otorgar indemnizaciones, y sólo puede convocar a los denunciados para apelar a su buena voluntad.
La Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor, fundada en 1993, desarrolla una intensa actividad en procura de que se aprueben normas que contemplen los derechos a la información, a la salud, al acceso a la variedad de productos, a la seguridad y a la libre elección.
Desde 1984 la institución integra la Internacional de Consumidores, que agrupa a más 230 organizaciones del mundo con similares objetivos.
La presidenta de la Liga, Laura Pérez Arrarte, informó que esa institución realiza una tarea de divulgación en los medios de comunicación y mediante un libro titulado "Claves y secretos del buen consumidor". También se ofrece un servicio de atención telefónica destinado a asesorar a los consumidores. (FIN/IPS/rr/mp/hd ip)
