Las sanciones impuestas la semana pasada a dos canales de televisión de Panamá acusados de transmitir escenas y usar un lenguaje vulgar el último carnaval desató una polémica sobre la intervención del Estado en los medios de comunicación.
Los programas de humor "La Cáscara" y "Calle Trece" de los canales TVN-Canal 2 y Telemetro-Canal 13 fueron sancionados con multas de 1.250 dólares cada uno, así como con la suspensión por seis meses a los presentadores de los mismos por parte de la Junta Nacional de Censura.
Los productores de "La Cáscara", Ubaldo Davis, y de "Calle Trece", Frank Holnes, también fueron sancionados con el pago de una multa de 1.250 dólares cada uno.
"La Cáscara" y "Calle Trece" figuran entre los pocos programas producidos por artistas nacionales en este país y están dirigidos fundamentalmente hacia los jóvenes de las capas medias y bajas de la sociedad.
Davis y Holnes adujeron en su defensa que no hicieron otra cosa que presentar a través de las pantallas "la realidad que se vive durante los carnavales".
Hombres mostrando sus glúteos, mujeres semidesnudas, riñas entre homosexuales y borrachos en situaciones incómodas aparecieron frecuentemente en ambos programas, en los que los suspendidos presentadores Luis Cleghorn y Milton Corrales emplearon un lenguaje "vulgar".
Los primeros en poner el grito en el cielo y reclamar la clausura de "Calle Trece" y "La Cásdcara" fueron los miembros del Consejo Provincial de Los Santos, sitio desde donde "La Cáscara" y "Calle Trece" hicieron sus transmisiones sobre los tradicionales carnavales de las ciudades de Las Tablas y Chitré.
Una resolución adoptada por el Consejo Provincial calificó a ambos programas como "depravados" y los acusó de brindar "una imagen distorsionada cuyo contenido en nada beneficia la verdadera imagen del carnaval" de Las Tablas y Chitré.
El edil Manuel María Gonzalez afirmó que la cobertura hecha por los dos canales "promueven la deshonra y la inmoralidad cuando sólo presentan lo peor del carnaval, habiendo escenas más importantes de esta festividad, como las tunas (comparsas) y la coronación de las reinas".
La Iglesia Católica también pidió "sanciones ejemplares" contra los dos canales de televisión y sus productores y presentadores por estimar "han hecho un grave daño a la moral pública de los panameños".
Una proclama de la Iglesia Católica instó a las autoridades a "actuar, ya que es a ellas a las que corresponde velar por el bien común y tutelar la verdadera y justa libertad de información que la sociedad necesita para su provecho".
A su juicio, los canales de televisión involucrados, así como los productores y presentadores de los dos programas, "no midieron las consecuencias, ni tuvieron consideraciones de ninguna índole (y) no hubo ni barreras ni freno" frente al público.
Sin embargo, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Guevara, así como la diputada Mariela Jiménez, del Movimiento Papa Egoró, cuestionaron la forma y el fondo de la sanción impuesta por las autoridades.
Guevara censuró que la Junta Nacional de Censura hubiese aplicado las sanciones contra los dos canales y sus presentadores a través de "una simple nota y que no se les haya dado la oportunidad de presentar un descargo en contra de esa medida", lo cual, a su juicio, 'viola el debido proceso".
Jiménez consideró que a su vez las sanciones, sobre todo contra "La Cáscara", "fueron un acto de venganza por la posición política contraria al gobierno" que tienen los responsables de ese programa.
Pero al margen de la polémica, las sanciones impuestas por la Junta Nacional de Censura abrieron un debate sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación y acerca de si el Estado debe intervenir o no para frenar los excesos que se cometen a traves de los mismos.
A principios de febrero la Junta Nacional de Censura prohibió la venta y difusión de 10 piezas musicales del género reggae por estimar que sus textos eran vulgares e insultantes. (FIN/IPS/sh/dg/cr/99