El presidente de Perú, Alberto Fujimori, intenta impedir que la bandera de la lucha contra la corrupción, uno de los factores de su triunfo en las elecciones de 1990 y 1995, cambie de manos y sea levantada en los comicios del 2000 por la oposición.
El tema podría frustrar la estrategia trazada por Fujimori para recuperar apoyo popular a sus hasta ahora no declaradas intenciones de postularse a un tercer período consecutivo.
La prensa denunció en las últimas semanas numerosos casos de presunta corrupción administrativa, que involucran a ex ministros del actual gobierno, jefes militares, altos funcionarios y parlamentarios.
"Mi gobierno será implacable para esclarecer las denuncias presentadas, las que se están investigando. Pueden haber casos concretos y aislados de corrupción, siempre los hubo y, tal vez, reaparecerán, pero lo que importa es que tenemos una política anticorrupción", dijo el martes Fujimori.
El gobernante salió así al paso de una campaña opositora, que ha encontrado en el tema de la corrupción un nuevo ángulo de ataque contra sus intenciones reeleccionistas.
La intención de voto a favor de una nueva reelección de Fujimori, ha comenzado a recuperar terreno, aunque todavía se mantiene en segundo lugar, con 24 por ciento frente a 27 por ciento del opositor alcalde de Lima, Alberto Andrade, según encuestas efectuadas la semana pasada.
La Constitución aprobada en 1993 permite sólo una reelección consecutiva, pero una ley interpretativa aprobada gracias a la mayoría oficialista indica que el segundo y actual gobierno de Fujimori es el primero elegido en el marco de la nueva norma constitucional, por lo cual está habilitado para postularse en el 2000.
El gobernante peruano parece confiar en la dispersión de sus adversarios, acentuada desde que el ex presidente Alan García anunció en diciembre, desde su exilio en París, que encabezaría la lista parlamentaria del socialdemócrata Partido Aprista Peruano.
Empero, Fujimori tendría que ganar en la primera vuelta electoral, obteniendo más de 50 por ciento de los sufragios válidos, ya que se estima que en la segunda ronda su competidor recibirá los votos de la oposición en su conjunto.
Entre setiembre y octubre la adehsión a Fujimori estaba por debajo de 18 por ciento, debido a la grave crisis recesiva, el creciente desempleo y el rechazo a las condiciones establecidas en el acuerdo de paz firmado con Ecuador en agosto.
El tratado, que entrega en propiedad a Ecuador un terreno de un kilómetro cuadrado en el escenario de la guerra de 1995 y le concede derechos comerciales y de navegación en la selva peruana, provocó una ola de repudio en todo el país y disturbios en la norteña ciudad de Iquitos, en los que murieron cuatro personas.
Sin embargo, encuestas realizadas en las últimas semanas señalan que las críticas al acuerdo peruano-ecuatoriano suscripto en Brasilia ha disminuido y la gente comienza a reconocerle a Fujimori el mérito de haber resuelto un grave problema limítrofe, que provocó tres guerras en los últimos 60 años.
Varios expertos han sostenido que Fujimori espera que la adhesión popular siga creciendo, en la medida en que las inversiones públicas y medidas tributarias en preparación estimulen la economía, con lo cual se reduciría el desempleo, aunque sea de manera temporal.
Pero las denuncias de corrupción contra personalidades vinculadas a su gobierno podrían colocarlo en la misma situación de desprestigio en las que acabaron sus mandatos los presidentes que lo antecedieron, Fernando Belaunde (1980-1985) y Alan García (1985-1990)
Las acusaciones de corrupción provocó críticas del arzobispo Juan Luis Cipriani, jefe de la Iglesia Católica peruana, y un pronunciamiento del Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan
Santistevan opinó que la corrupción se extiende como consecuencia de la creciente pobreza y la inacción gubernamental para enfrentarla, y su expansión amenaza la vigencia de los derechos civiles .
La misma postura sostienen los parlamentarios opositores Henry Pease, ex líder del bloque Izquierda Unida, y Antenor Florez Araoz, del Partido Popular Cristiano, lo cuales señalan que la corrupción es producto del fracaso del modelo económico neoliberal implementado por el gobierno.
La legilsadora oficialista Luz Salgado sostiene que la campaña de denuncias tiene intención política y que en la mayoría de los casos se trata de calumnias infundadas, "que se lanzan sin pruebas, pero dañan el buen nombre de los acusados".
Sin embargo, algunos de los denunciantes se alinean en filas gubernamentales, como el ministro de Trabajo, Jorge Mufarech, y los más destacados articulistas del oficialista diario "Expreso", por lo que no podrían ser acusados de participar en una campaña opositora.
Mufarech denunció hace dos semanas la existencia de una mafia en la Aduana que, según sus fuentes, habría recibido coimas para esconder contrabandos masivos, con un saldo de unos 10.000 millones de dólares en pérdidas para el Estado.
La acusación del ministro provocó una disputa en el seno del gobierno, debido a que involucró a la superintendenta de Aduanas, Carmen Higaona, muy próxima a Fujimori.
Higaona no fue responsabilizada directamente de las presuntas irregularidades, pero sí varios de sus más próximos colaboradores por quienes la funcionaria dijo poner las manos en el fuego.
Algunos de los portavoces del gobierno en el Congreso pidieron la renuncia de Mufarech, "por lanzar acusaciones sin pruebas", pero la exhibición de un video que registra el momento en que un alto funcionario de Aduanas recibe una coima acalló las críticas.
Fujimori señaló el martes que, mientras no concluyan las investigaciones, Mufarech e Higaona permanecerán en sus cargos y respaldó las medidas administrativas de la superintendenta de Aduanas para depurar la dirección a su mando.
Algunos adversarios políticos de Fujimori, como el periodista Mirko Lauer y el sociólogo Alberto Panessi, van más allá y consideran que la corrupción es consecuencia de la estructura política de un gobierno carente de partido y sin definición ideológica.
"Esta ola de corrupción es el síndrome de los últimos días. Fujimori ha juntado gente de todo pelaje en su organización, reclutada entre los que tenían apetito para acceder a la administración pública, que sienten los pasos del fin del gobierno y se apresuran a llenar los bolsillos", afirmó Panessi. (FIN/IPS/al/dm/ip/99
