El gobierno de Perú negocia en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impedir que la Corte Interamericana de Justicia emita un fallo en su contra por múltiples violaciones.
La Corte Interamericana de Justicia, con sede en San José de Costa Rica, comenzará a examinar la semana próxima algunas nuevas denuncias contra el gobierno peruano, que se sumarán a otras que le fueron elevadas anteriormente por la CIDH si fracasan las gestiones que realiza actualmente Lima.
Pero los vientos parecen ser adversos para el gobierno del presidente Alberto Fujimori, pues el 26 de febrero pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un duro informe negativo sobre la situación de los derechos humanos en Perú.
Además, el Congreso estadounidense aprobará próximamente una moción igualmente condenatoria contra Perú, según varias fuentes.
El canciller Fernando de Trazegnies confirmó este viernes que el equipo de abogados contratado por el gobierno peruano "busca una salida viable en cada uno de los casos, que se refieren en su mayor parte a acciones cometidas como excesos en la lucha contra el terrorismo, durante el anterior y el actual regimen".
Según versiones procedentes de Washington, el equipo de abogados se entrevistó esta semana con funcionarios de la sección latinoamericana del Departamento de Estado y con algunos representantes de la CIDH.
De acuerdo con los tratados suscritos por Perú, las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por los estados de la región pueden presentar denuncia ante la Comisión de la Organización de Estados Americanos.
La Comisión debe buscar reservadamente una conciliación, que de no ser conseguida da lugar a una recomendación al gobierno infractor.
Si la recomendación no es atendida, el asunto pasa en segunda Instancia, a la Corte Interamericana de Justicia.
Los abogados contratados por el gobierno peruano participan en la presente etapa en la búsqueda de una conciliación, que ha sido rechazada por los denunciantes, según fuentes vinculadas a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuya secretaria ejecutiva, Sofía Macher, también se encuentra en Washington.
Fracasada la conciliación, la Corte Interamericana de Justicia deberá comenzar a contemplar algunas de las denuncias más graves, entre ellas la referida a la destitución de tres de los seis miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales.
Estos magistrados fueron destituidos tras emitir un fallo adverso a las intenciones de Fujimori de postularse para una segunda reelección consecutiva en el año 2000, una posibilidad que la Constitución no contempla.
Otro caso que será elevado a la Corte se refiere a la privación de la nacionalidad del ciudadano peruano de origen israelí Baruch Ivcher, para despojarlo de la propiedad del canal 2 de televisión de Lima luego que difundiera denuncias sobre crímenes cometidos por el Servicio de Inteligencia del Ejército.
Ivcher anunció que el jueves 18 dará una conferencia de prensa en Washington en la que revelará el testimonio de un alto ex funcionario del gobierno de Fujimori conteniendo pruebas de la persecución política desatada contra él y la independencia política del canal 2.
El empresario se negó a adelantar el nombre del ex funcionario, pero en círculos políticos peruanos se especula que se trata del ex canciller Francisco Tudela, uno de los ex rehenes de la embajada de Japón en Lima, quien renunció alegando discrepancias con el gobierno.
El Estado peruano tiene actualmente 20 acciones judiciales pendientes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ocho de las cuales ya ha están en manos de la Corte Interamericana de Justicia, con sede en Costa Rica, y otras 12 permanecen aún en la primera instancia, ante la CIDH.
La mayor parte de los casos se refieren a hechos ocurridos durante el gobierno de Fujimori, y los demás corresponden al de Alan García, líder del socialdemócrata Partido Aprista actualmente exilado en París.
Entre los casos que se encuentran en la Corte Interamericana de Justicia correspondientes a la época del gobierno de García figuran el asesinato de presos políticos amotinados en la cárcel El Frontón, cometido después que se rindieron, y la masacre de 30 indígenas en la aldea de Cayara, en 1988.
En cuanto a las violaciones cometidas durante el gobierno de Fujimori figuran la desaparición de un estudiante y la detención de tres ciudadanos chilenos miembros de una organización guerrillera, condenados a cadena perpetua acusados de "traición a la Patria", pese a ser extranjeros. (FIN/IPS/al/ag/hd799
