La orden judicial contra empresarios de medios de comunicación y periodistas partidarios del ex jefe del ejército de Paraguay Lino Oviedo dividió a la prensa, que hoy cubrió el sitio policial a un hotel para detener a uno de ellos.
Raúl Melamed, conductor de Radio Montecarlo, quien fue acusado junto a Juan Carlos Bernabé, propietario de Radio Nanawa, Osvaldo Domínguez Dibb, dueño del diario La Nación, y el periodista Alberto Vargas Peña de promover la disolución del parlamento y el golpe de Estado, logró eludir el cerco policial.
Melamed, quien almorzó este jueves en el Hotel del Paraguay, confirmó a una periodista de Radio Uno, que lo identificó mientras cubría una reunión de sindicalistas, que no se iba a entregar.
La policía rodeó de inmediato el hotel y detuvo a miembros de la guardia personal del empresario radial. Pero debió esperar dos horas que llegara una nueva orden de allanamiento, pues la anterior se limitaba a la residencia de los encausados.
Melamed salió al aire en forma simultánea por las radios Montecarlo y Nanawa desde un celular, mientras la policía todavía obligaba al propietario del hotel a que le permitiera el ingreso a las habitaciones, ante las cámaras de televisión.
El periodista, quien lamentó haberse quedado sin postre, expresó que con la fuga experimentó "una sensación nueva y divertida".
Melamed también defendió en sus declaraciones la libertad de Oviedo y el retorno a Paraguay del ex dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), quien se encuentra exiliado en Brasilia, gracias a una misma ley de indulto y amnistía.
Los cuatro acusados se mantuvieron prófugos durante todo febrero, hasta que la Justicia limitó el arresto disciplinario por desacato a Melamed y Domínguez Dibb, quien también es dueño de una empresa tabacalera y presidente del club de fútbol Olimpia.
"Esto es una persecución despiadada de una parte del Congreso", declaró el senador Víctor Galeano, partidario de Oviedo, cuya sentencia de prisión a 10 años por rebelión fue desacatada por el presidente Raúl Cubas.
"No existe Estado de Derecho actualmente, desconocido por el presidente de la República", opinó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wildo Rienzi, quien ve una repetición de la desobediencia presidencial en los seguidores del ex jefe del ejército.
Galeano consideró precipitada la orden de arresto, que se cumpliría por 10 días en la guardia del Poder Judicial, gracias a un nuevo oficio, sustentado en la inconducta de los procesados en el sustanciamiento de la causa donde se analiza si hubo delito en sus afirmaciones públicas.
El abogado del Congreso, Jorge Vasconsellos, presentó a fines de enero la denuncia ante la justicia, que dictó el procesamiento, prohibió la salida del país y la orden de no vender ni gravar bienes por parte de los implicados. Los allanamientos posteriores no tuvieron éxito.
El sindicato de periodistas tomó una posición distante de los procesados, debido a que eran partidarios de Oviedo y a la prédica contra las instituciones. El capítulo local de la Sociedad Interamericana de Prensa defendió, en cambio, el derecho a opinar en disidencia aún en estos temas.
El analista político del diario ABC, Edwin Brítez, opinó en relación a los acusados que "periodistas sin una misión social, sin responsabilidad y sentido ético, no son precisamente tales, sino simples alborotadores u operadores políticos", que se propondrían "romper el orden constitucional".
Antonio Carmona, jefe de redacción del diario independiente Ultima Hora, se preguntó si "un periodista puede ser juzgado por la justicia" en un artículo titulado "Introducción al disparate", para responder finalmente: "todos debemos respetar la ley" cuando "se afecta a otros".
El sociólogo José Nicolás Morínigo, del diario Noticias, aceptó en el diario Noticias que la prensa tenga un límite que se funde en la responsabilidad, porque no existe "libertad absoluta en un régimen de convivencia democrática".
Alcibíades González, del diario ABC, se pronunció en favor de la autorregulación, pues "no es deseable que entidades ajenas como la justicia o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), tengan que intervenir por los excesos".
Roberto Cox, presidente de la comisión de Libertad de Prensa de la SIP, dijo en Paraguay que "si un periodista usa un medio de comunicación para hacer apología a la violencia e incita al quiebre institucional, debe estar dispuesto a asumir las consecuencias". (FIN/IPS/cm/ag/ip/99
