El general Lino Oviedo, mentor del presidente Raúl Cubas, y el vicepresidente Luis Argaña, se disputan ante estrados judiciales y electorales el control del gobernante Partido Colorado, cuya división se formalizó en una violenta convención.
Simpatizantes de Oviedo ocuparon el local del Partido Colorado y crearon una comisión interventora para reemplazar a la Junta de Gobierno del partido, en manos de Argaña, quien alcanzaría la presidencia si prospera el propuesto juicio político a Cubas.
Los oviedistas reaccionaron ante la decisión tomada este domingo en la convención partidaria por los seguidores de Argaña de extender su mandato en la Junta de Gobierno, sin plazo ni elecciones internas.
La violencia imperó en la convención, y un senador debió ser internado en un hospital. Luego de que Argaña abandonara el local, con protección policial, el sector oviedista constituyó una comisión interventora para invalidar lo resuelto.
El senador José Francisco Appleyard, ex abogado de Oviedo, argumentó que el artículo 29 del estatuto partidario tipifica como "falta política muy grave la extensión del mandato por parte de la Junta de Gobierno, siendo pasibles de penas de suspensión o expulsión".
El presidente de la convención paralela, el senador Enrique González, entregó a Cubas una declaración de apoyo, y el presidente dio su respaldo a la comisión interventora, reconociéndola como autoridad partidaria.
La Cámara de Diputados se apresta a votar esta semana un juicio político a Cubas, que se debe sustanciar en el Senado, como respuesta al desconocimiento del presidente de la orden judicial de detención de Oviedo.
La Corte Suprema de Justicia no reconoció fuerza legal al decreto de Cubas de conmutación de la pena de Oviedo, quien había sido condenado a 10 años de cárcel por una tentativa de golpe de Estado en 1996.
La comisión interventora decidió terminar con el mandato de los apoderados colorados argañistas y "precautelar las instalaciones y bienes de la Junta de Gobierno" del Partido Colorado, dejando "la seguridad en manos de la Policía" según leyó su presidente, Carlos Zayas Vallejos.
Así mismo, otorgó licencia por cinco días a los funcionarios adminstrativos de la sede colorada. Mientras, los dirigentes del grupo de Argaña pidieron la intervención judicial en el caso.
El mandato del presidente de la Junta de Gobierno colorada, el senador argañista Bader Rachid Lichi, debía terminar en la primera semana. Argaña afirmó que la prórroga votada en la accidentada convención es "una gran victoria" contra la regresión.
Por su parte, Octavio Gómez, jefe del grupo oviedista en el Senado, aseguró que en la convención que extendió el mandato de la Junta de Gobierno hubo "más votos de extraños que de convencionales, y no se dio participacion real a los convencionales".
Mientras, los argañistas finalizaron al mediodía de este lunes una reunión en la sede de la vicepresidencia de la República.
Domingo Laíno, ex candidato a la presidencia por una alianza opositora, comentó que los hechos registrados en la convención colorada "lastiman el espíritu democrático y las normas de convivencia pacífica".
"Son hechos lamentables, vimos la guerra de sillazos y trompadas de personalidades, lo cual es mal ejemplo para todos", dijo Laíno.
El juez electoral Jorge Rolón, encargado el fin de semana de controlar el ingreso de convencionales a la sede colorada, debió suspender su tarea para preservar la "seguridad de funcionarias y funcionarios".
Rolón aseguró que la trifulca fue provocada por "senadores, gobernadores e intendentes" municipales. "Fuimos a fiscalizar una convención y no una guerra", declaró.
El senador Luis Alberto Mauro, del opositor Encuentro Nacional, señaló que se asiste a "una de las tantas crisis coloradas, que contamina a la oposición, al parlamento y a la sociedad en su conjunto, creando una inestabilidad que nos perjudicará a todos".
"La misma ciudadanía ya exige que se enjuicie a Cubas" manifestó el diputado Franklin Boccia, también del Encuentro Nacional. Boccia dijo que este martes podría votarse el juicio político en la Cámara de Diputados, dado que los promotores de la iniciatica cuenta con suficiente apoyo.
La apertura del juicio a Cubas en el Senado requiere el voto favorable de dos tercios de los diputados presentes. (FIN/IPS/cm/ff/ip/99