Gobernantes, políticos y dirigentes sociales de Panamá continúan debatiendo alternativas para el uso civil del canal interoceánico y las bases militares que Estados Unidos abandonará el 31 de diciembre.
Desde el 1 de octubre de 1979, cuando entraron en vigor los tratados canaleros de 1977, Panamá ha recibido de Estados Unidos tres puertos de aguas profundas, cerca de 4.000 edificios y viviendas, dos aeropuertos y alrededor de 10 bases militares de las 14 construidas en las riberas del canal desde 1903.
Sin embargo, las propiedades más valiosas, como la infraestructura del propio canal y las grandes bases de Clayton y Howard, en el litoral del océano Pacífico, y Sherman, sobre el Atlántico, van a pasar a la soberanía panameña el último día de 1999.
Se estima que el total de esos bienes tienen un valor superior a los 35.000 millones de dólares, frente a un producto interno bruto de unos 7.500 millones.
El ex presidente Nicolás Ardito Barletta, actual administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), indicó en un foro organizado esta semana por la estatal Universidad de Panamá, que las propiedades que se están recibiendo "tienen un enorme potencial para el desarrollo del país".
Pese a ello, entre 1979 y 1992, cuando fue constituida la ARI, hubo serios cuestionamientos de la oposición y representantes de la sociedad civil sobre la forma en que se administraron los mismos.
Ardito Barletta señaló que en los últimos siete años la ARI y el gobierno han propiciado la ampliación de los dos puertos entregados por Estados Unidos en 1979 y la construcción de otros tres en el litoral Caribe.
Los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristobal, en la caribeña provincia de Colón, fueron cedidos en concesión a privados, en tanto que Manzanillo y Evergreen, también sobre el Caribe, pertenecen a inversionistas locales y extranjeros.
Balboa, Manzanillo y Evergreen movilizaron en 1998 un total de 1.600.000 contenedores entre ambos oceános, lo cual, según el funcionario, "abre grandes perspectivas en ese rubro".
Adicional a ello, en la provincia de Colón la ARI convirtió la antigua base militar estadounidense de Davis en una zona procesadora de productos para la exportación que ya cuenta con siete importantes industrias extranjeras instaladas.
En el sector Pacífico se han firmado dos acuerdos para edificar un centro turístico para cruceros, en un sitio donde existió una base militar estadounidense, y un complejo ecoturístico en el área de Gamboa, a unos 25 kilómetos al norte de la capital panameña, informó Ardito Barletta.
El administrador de la ARI adujo que el enclave canalero tiene potencial para generar 1.500 millones de dólares anuales y proveer unos 150.000 empleos directos e indirectos.
El ex subadministrador del canal, Fernando Manfredo, advirtió que se le debe prestar mucha atención al futuro funcionamiento del canal, ya que "dejó de tener el monopolio como ruta de tránsito de mercancías".
Explicó que, a diferencia de la primera mitad del siglo XX, ahora una parte de la carga a granel, el petróleo y la carga en contenedores se desvía hacia el sistema multimodal de transporte existente entre la costa este y oéste de Estados Unidos y otras rutas.
A pesar de ello, durante el pasado año fiscal la administración canalera incrementó sus ingresos por concepto de peajes en 10,6 por ciento respecto de 1997, cuando había captado 403,6 millones de dólares por ese concepto.
El canal de Panamá recaudó otros 197,3 millones de dólares en 1998 por servicios adicionales prestados a los barcos que pasaron por esta ruta y por la venta de servicios al gobierno, lo cual sumó 743 millones de dólares.
Manfredo, integrante de la dirección del centroizquierdista Movimiento Papa Egoró, liderado por el cantante Rubén Blades, dijo que el crecimiento del comercio mundial al amparo del proceso de globalización, exige un análisis urgente sobre el futuro del canal.
Antes del 2010 se deberían realizar obras de ampliación, que incluyan la construcción de una nueva línea de esclusas con capacidad para admitir barcos de hasta 150.000 toneladas para evitar "una posible saturación" en la capacidad actual del canal, de dos líneas de esclusas paralelas, agregó.
Esas esclusas sólo admiten hoy el paso de barcos de hasta 54.000 toneladas.
El sociólogo Marcos Gandaségui, por su parte, reclamó una estrategia que integre el canal al desarrollo nacional y pidió que se modernice su infraestructura para que sirva a los intereses del país y no a Estados Unidos.
Luego de indicar que el canal "está viejo desde el punto de vista estructural", Gandásegui advirtió que durante los pasados 85 años bajo administración estadounidense "el canal desde el punto de vista económico estuvo concebido para servir a los intereses de Estados Unidos".
Gandaségui afirmó que la nueva política canalera debe mejorar el cobro de peajes "que dejen utilidades para el país". (FIN/IPS/sh/dm/if ip/99
