La intervención de los teléfonos de un juez ordenada por el procurador general de Panamá, José Antonio Sossa, enfrentó hoy seriamente a ese funcionario con la Corte Suprema de Justicia y el Colegio Nacional de Abogados.
Sossa trató de fundamentar la intervención de los teléfonos de un juez del ramo civil, Jorge Lau, en la supuesta participación del funcionario judicial en un caso de corrupción que investiga la procuraduría.
La investigación, tras la cual Sossa no logró reunir evidencia alguna contra Lau, ocurrió en abril de 1998 pero el juez sólo se enteró este mes de lo ocurrido, tras lo cual denunció al procurador por abuso de autoridad ante la Procuraduría de la Administración.
La escucha de las conversaciones telefónicas de Lau fueron efectuadas por funcionarios de la Policia Técnica Judicial sin que mediara la apertura de un sumario contra el juez, como establecen las leyes y la constitución del país.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, le advirtió este viernes a Sossa que él "no tiene una autorización en blanco ni amplia" para ordenar la intervención de teléfonos privados o públicos, actuación que a su juicio "es una verdadera injerencia en la vida íntima de las personas".
Hoyos anunció que pedirá al parlamento que revise las leyes que autorizan la escucha de conversaciones "para que se exija un permiso judicial previo para realizar acciones de esta naturaleza".
El presidente de la Corte Suprema advirtió a Sossa que, a pesar de ser una acción legitima, la intervención telefónica se debe ordenar "en casos excepcionales".
"Para que pueda ejecutarse, la autoridad competente (el procurador) debe celosamente constatar, previamente a su autorización, ciertos requisitos y condiciones", agregó.
Entre esos requisitos, Hoyos mencionó "que la causa esté prevista en la ley y que el acto de autoridad competente que la autorice esté revestido de formalidades legales y (que) se especifique claramente sus propósitos".
Asimismo, "deben existir además serios y concretos indicios de la comisión del delito grave y que se guarde absoluta reserva sobre aspectos distintos al objetivo de la grabación de la comunicación telefónica", advirtió el presidente de la Corte Suprema.
Tras el escándalo que ocasionó la intervención de los teléfonos del juez, trascendió que un abogado también fue espiado ilegalmente por Sossa en relación a un caso de "lavado" de dinero que investigaba la Procuraduria.
El abogado Santander Tristán acusó a Sossa de haber intervenido su teléfono en 1996, en momentos que actuaba como abogado defensor de una persona investigada por el presunto delito de "lavado" de dinero, lo cual es prohibido por la ley.
Tristán afirmó que Sossa no sólo intervino su teléfono y grabó sus conversaciones privadas y con sus clientes. También "repartió copias magnetofónicas de mis conversaciones a por lo menos dos instituciones, pese a que la ley lo prohíbe", dijo.
Sossa explicó a través de un comunicado que la intervención de los teléfonos de Lau es una de las atribuciones que le otorga la ley, y que como procurador debe "vigilar la conducta de los funcionarios públicos y perseguir los delitos cometidos por ellos".
Tras indicar que "la lucha contra la corrupción es difícil y contra la corriente", el procurador advirtió que en la medida que esa lucha se torna efectiva "las fuerzas corruptas de alían y tratan de frenarla".
"No siento ninguna preocupación por la situación jurídica (que deberá enfrentar frente a la denuncia de Lau) ya que estoy seguro de que me asiste la razón", subrayó Sossa.
El presidente del influyente Colegio Nacional de Abogados, Cesar Guevara, demandó un juicio contra Sossa "si no logra demostrar con suficientes méritos la necesidad de intervenir el teléfono del juez Lau".
"Sossa es un ciudadano común, por lo que debe enfrentar el rigor de la ley en caso de que incurra en algún delito", indicó Guevara.
El jurista explicó que la ley que autoriza la intervención de los teléfonos "es bien clara y dispone que para una acción como ésta debe cumplirse con trámites que requieren una denuncia formal, un proceso abierto y un expediente, lo cual aparentemente no ocurrió" en el caso de Lau.
El defensor del Pueblo, Italo Antinori, declaró que "tan deleznable actuación del procurador ha creado un clima de inseguridad jurídica en el país". (FIN/IPS/sh/mj/ip hd/99
