Acusaciones de corrupción formuladas por el gobierno de Nicaragua contra un periodista que había denunciado el enriquecimiento ilícito del presidente Arnoldo Alemán aumentaron la intensidad del conflicto entre la prensa y el Ejecutivo.
El Ejecutivo denunció que un prestigioso periodista de televisión, Danilo Lacayo, autor de investigaciones que acusan a Alemán, era asalariado de la Contraloría, organismo público que investiga el incremento del patrimonio de Alemán en base a informes periodísticos.
La Contraloría está encargada por la Constitución de fiscalizar los bienes y recursos del Estado y controlar la administración pública.
Un primer informe de ese organismo, publicado a principios de mes, revela que el patrimonio del presidente creció 4.000 por ciento en los últimos nueve años, desde que Alemán era alcalde de Managua.
El documento acusa al actual jefe de Estado de no cumplir con la ley, que obliga a los funcionarios públicos a declarar cada vez que adquieran un bien superior a los diez mil córdobas (870 dólares).
Tres diputados del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, el principal partido de oposición, anunciaron la semana pasada que promoverán en el parlamento un juicio político para destituir al conservador Alemán.
El día 16, el gobierno denunció que la Contraloría pagaba 2.500 dólares mensuales a un tal Ramón Parrales Mayorga, amparada en un contrato que le contrataba como «experto en comunicación social».
Al día siguiente, Danilo Lacayo Lanzas, comentarista estelar del Canal 2 de Televisión, el de mayor audiencia del país, confesó que él había inventado el nombre de Parrales para ocultar su identidad, y explicó que había sido contratado por la Contraloría «para suministrar y analizar información».
Lacayo alegó que lo había hecho para proteger a su familia, por temor a represalias del gobierno. «Lo hice por el bien de Nicaragua», declaró, un día antes de que el propietario del canal 2, Octavio Sacasa, lo despidiera.
Aunque Lacayo no ha sido un periodista opositor, la revelación dañó gravemente a los medios de comunicación y a los periodistas, pues su trabajo ha sido determinante para descubrir numerosos casos de corrupción gubernamental.
Desde fines de 1997, la prensa ocupa el primer lugar de credibilidad entre los ciudadanos, con 70 por ciento, delante de los políticos, las instituciones públicas y la Iglesia, según los resultados de todas las encuestas de opinión.
«La credibilidad es nuestro principal capital y ahora, por un corrupto, estamos a punto de perderlo», dijo a IPS Carlos García Castillo, redactor de una revista mensual.
«Estoy indignada. Lacayo ni siquiera es periodista, sino abogado y político, y por su ambición corrupta ahora somos nosotros quienes salimos perjudicados y nuestra credibilidad está cuestionada», lamenta Ada Monterrey, directora de Radio Mujer, resumiendo el clim reinante entre la gente de prensa.
Lacayo, que nunca había ejercido el periodismo hasta que hace cinco años, fundó un programa matutino de entrevistas y comentarios en el Canal 2. Hasta ese momento, había sido el director de comunicación social del gobierno de Violeta de Chamorro.
Según Carlos Martínez Hernández, jefe de redacción de la radio La Primerísima, la contratación de Lacayo no fue casual.
«Danilo se encargó personalmente de devolver a Sacasa su canal de televisión, que había perdido durante el gobierno sandinista, y le entregó sin pagar un centavo costosos equipos propiedad del Estado», aseguró.
Martínez dice que «el gobierno está chantajeando al propietario de canal 2 Octavio Sacasa para impedir que su canal se sume a la oposición, pues le amenazó con abrir un juicio para determinar si hubo irregularidades en el proceso de devolución del canal 2 en 1990».
Pero Lacayo también era asalariado del gobierno. El viernes pasado, una radio de oposición reveló el contenido de un contrato entre el periodista y el Banco Central, similar al firmado bajo nombre falso con la Contraloría, por un monto de 1.500 dólares mensuales.
El escándalo ha dividido a los medios de comunicación, que en abrumadora mayoría respaldaban el trabajo de la Contraloría.
Aunque todos los días insisten en la corrupción del gobierno y en particular del presidente Alemán, ahora muchos también cuestionan a la Contraloría y dudan de la integridad del contralor Agustín Jarquín.
El Nuevo Diario, el de mayor circulación nacional, publicó el viernes un amargo editorial firmado por su editor jefe, Francisco Chamorro.
«Suponiendo que ese dinero era utilizado para comprar información, es algo que todavía no entiendo: combatir la corrupción, corrompiendo. Si se paga para conseguir información, lo único que se está haciendo es corromper, tanto al que la vende como el que la compra», señala.
Chamorro agrega que «en Nicaragua, todos los días periodistas valientes exponen sus vidas denunciando actos de corrupción, narcotráfico, tráfico de influencias…con sus nombres verdaderos, sin escudarse en nombres falsos».
«Nosotros somos periodistas, no agentes, informantes ni cualquier otra cosa parecida», concluye.
No obstante, una encuesta publicada por el mismo periódico, refleja que los ciudadanos no le creen al gobierno. (FIN/IPS/wg/dg/ip/99
