La crisis política en Nicaragua se profundizó hoy, al quedar paralizado el parlamento por una protesta de las bancadas opositoras que reclaman "respeto a la institucionalidad" y el cese del "hostigamiento" del gobierno a la Contraloría General.
Encabezadas por los 36 diputados del izquierdista Frente Sandinista, las bancadas opositoras irrumpieron en el plenario de la Asamblea Nacional con mantas, pancartas y megáfonos, hasta que obligaron a la Junta Directiva a suspender la sesión.
"Los sandinistas están defendiendo la impunidad de un corrupto como (el contralor) Agustín Jarquín", exclamó fuera de sí el jefe de la bancada oficialista de diputados, Damisis Sirias.
La gobernante Alianza Liberal, que cuenta con 42 parlamentarios, impulsa el desafuero inmediato de Jarquín, solicitado por la presidencia. El contralor general se enemistó con el gobierno por su investigación del patrimonio del presidente Arnoldo Alemán.
La directiva de la Asamblea Nacional, cuerpo parlamentario unicameral de 90 integrantes, pretende cumplir la solicitud presidencial con procedimientos expeditos.
Los sandinistas, respaldados por once diputados de otros siete partidos políticos, exigen que sea el plenario de la Asamblea Nacional y no su junta directiva el órgano que decida el futuro de Jarquín.
"No podemos permitir que el gobierno de Alemán siga violando la ley, destituya al contralor y atropelle a la Contraloría sólo porque no le gusta que controlen sus evidentes despilfarros y su enriquecimiento personal más que sospechoso", declaró Nelson Artola, diputado del Frente Sandinista.
Artola es uno de los siete miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional, órgano controlado por los liberales.
La Contraloría General pidió a Alemán que rinda cuentas de su patrimonio, una solicitud que, según el presidente, es inconstitucional.
El mandatario pidió a la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país, que determine si está o no obligado a rendir cuentas al contralor Jarquín, quien reivindica esa potestad sobre la base de la Ley de Integridad Moral de los Funcionarios y Empleados Públicos.
El lunes, la Contraloría General declaró nulo un contrato celebrado entre la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), ente autónomo del Estado, y una empresa del poderoso grupo financiero de capitales cubanos Mas Canosa, radicado en Miami.
Jarquín afirmó que el gobierno autorizó la firma del convenio aunque sabía que la Contraloría debía manifestar su aval previo. Además, dijo que ENITEL había violado la Constitución al aceptar una cláusula mediante la cual las partes aceptan regirse por las leyes de Estados Unidos y por las de Nicaragua.
La resolución de Jarquín fue respaldada de inmediato por la oposición. El diputado conservador Noel Vidaurre denunció que Nicaragua perdería más de 40 millones de dólares por ese contrato.
"El grupo Mas Canosa quería cobrar 1.000 dólares por cada una de las 100.000 líneas telefónicas contratadas, cuando el precio real en el mercado internacional no supera los 600 dólares por cada línea", declaró Vidaurre.
También los medios de comunicación cargaron contra el gobierno liberal. El diario La Prensa, de tendencia conservadora, denunció este martes que un banco estatal financió la campaña electoral de la Alianza Liberal para las elecciones locales en el Caribe nicaragüense en marzo del año pasado.
La Prensa informó que el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio autorizó un préstamo en "condiciones especiales" por 107.801 dólares a directivos del Partido Liberal Constitucionalista, el principal de la Alianza Liberal.
Ese dinero se utilizó para instalar dos radioemisoras en el Atlántico cuando transcurría la campaña electoral en esa región.
El préstamo fueron hechos a nombre de Luis Benavides, director de un ente autónomo y a la vez, vicetesorero del Partido Liberal Constitucionalista. Luego, el director general de Ingresos, Byron Jerez, informó al banco que el presidente Alemán le había ordenado asumir la deuda en su calidad de tesorero del partido.
Otro periódico opositor, El Nuevo Diario, de centroizquierda, sostuvo que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEL) asumió de su propio presupuesto la electrificación de una extensa zona rural del departamento de Managua donde la familia del presidente Alemán compró varias haciendas.
ENEL desmintió la noticia y aseguró que los trabajos de electrificación en la hacienda La Chinampa, propiedad de Alemán, y en la zona vecina, unos 35 kilómetros al occidente de Managua, fueron pagados por la familia del mandatario.
Al parecer, la crisis política tiende a profundizarse. El gobierno parece decidido a realizar todos los esfuerzos posibles para destituir a Jarquín.
La oposición sandinista anunció que impedirá el funcionamiento de la Asamblea General. Para este jueves está programada una marcha "contra la corrupción" en Managua, convocada por un grupo de ciudadanos opositores.
El obispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, habitual defensor de los liberales, expresó su temor de que la marcha desemboque en desórdenes callejeros y pidió a los organizadores desistir de su convocatoria. (FIN/IPS/wg/mj/ip/99
