El enfrentamiento entre el gobierno y la Contraloría General de Nicaragua se ha transformado en una auténtica batalla por el poder y podría paralizar la vida institucional del país en las próximas semanas.
El gobierno se propone relevar al contralor Agustín Jarquín en un plazo no mayor a tres semanas, pero también el presidente Arnoldo Alemán está bajo fuego político.
En efecto, tres diputados del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, el principal partido de oposición, anunciaron el miércoles que promoverán un juicio político en la Asamblea Nacional (poder legislativo) para destituir a Alemán, de la conservadora Alianza Liberal.
Después de las acusaciones de uso indebido de recursos públicos lanzadas la noche del martes por el gobierno contra Jarquín y la réplica de éste, una emisora de radio de oposición llamó a una movilización cívica contra la corrupción, que comenzaría el próximo jueves con una marcha nacional.
Al menos tres partidos políticos y media docena de organizaciones populares ofrecieron su respaldo a la iniciativa.
Según la Constitución, la Contraloría es "el organismo rector del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado".
Ese sistema de control debe asegurar "el uso debido de los fondos gubernamentales" y, a tal efecto, la Contraloría vigila "la gestión del Presupuesto General de la República".
La Contraloría emitió en los últimos 10 meses no menos de 12 resoluciones que concluyen en presunción de corrupción de parte de varios ministros del gobierno. Las resoluciones fueron respondidas por el Poder Ejecutivo, de modo cada vez más duro.
La última investigación, publicada hace dos semanas, reveló que el patrimonio personal del presidente se multiplicó por 40 entre 1990, cuando Alemán fue elgido alcalde de Managua, hasta este año.
El patrimonio de Alemán creció de 23.000 dólares a casi un millón de dólares en cuentas bancarias y bienes raíces, según la versión de la Contraloría.
Además, Jarquín exigió al mandatario que cumpla con la Ley de Probidad, que exige a todo funcionario público declarar ante la Contraloría todo incremento patrimonial superior a los 10.000 córdobas (870 dólares).
"Todos los ministros del gobierno han cumplido rigurosamente con la ley. Entonces, ¿por qué no lo puede hacer el presidente Alemán?", preguntó Jarquín públicamente el miércoles.
Tras una tregua de 10 días, el gobierno lanzó una ofensiva política para minar la credibilidad del contralor y preparar las condiciones que permitan a la Asamblea Nacional retirarle su inmunidad, para que el Poder Ejecutivo lo acuse ante la justicia y lo destituya.
Un asesor del presidente, Jaime Morales Carazo, divulgó el martes documentos y fotocopias de cheques que, según el gobierno, prueban el uso indebido de parte de Jarquín de alrededor de siete millones de córdobas (casi 609.000 dólares).
Ese monto representa pagos a numerosos profesionales, algunos de los cuales son periodistas y otros militan en el partido Socialcrisatiano, al que también está afiliado el contralor, aseguró Carazo.
Los diputados leales al presidente recomendaron el mismo martes a la Asamblea Nacional el levantamiento de los fueros del contralor, para que el procurador de Justicia lo lleve ante los tribunales por delitos supuestamente cometidos en los últimos tres años.
Según la Constitución, el hecho de enfrentar un juicio es causal automática de destitución de funcionarios públicos.
La ofensiva del gobierno logró algunos resultados. Los medios de comunicación más influyentes del país, que hasta el martes respaldaban la labor del contralor, ahora aparecen divididos entre los que todavía confían en Jarquín y los que lo acusan de incurrir en los mismos errores que éste ha endilgado al gobierno.
Además, el diputado Damisis Sirias, jefe del grupo de 39 diputados de la gobernante Alianza Liberal, aseguró que 48 de los 93 miembros de la Asamblea Nacional están dispuestos a votar el desafuero de Jarquín.
Por su parte, los partidos de oposición cierran filas alrededor de Jarquín. El ex presidente Daniel Ortega, líder de los sandinistas, declaró esta semana que su partido respalda al contralor y que sus 36 diputados votarán contra la propuesta de desafuero.
Pero Bolsa de Noticias, un boletín diario consultado por la clase política, aseguró que Ortega ya ha negociado en secreto con Alemán la destitución de Jarquín y la transformación de la Contraloría en un cuerpo colegiado de siete miembros.
El nuevo organismo recibiría el nombre de Tribunal de Cuentas, según Bolsa de Noticias, y su creación exige la reforma de la Constitución.
El boletín cree ver en la disputa entre el presidente y el contralor un trasfondo electoral. Las dos últimas encuestas de opinión, realizadas el año pasado, identificaron a Jarquín como el funcionario público de mejor imagen ante los ciudadanos y como potencial candidato presidencial con reales perspectivas de triunfo.
Alemán ha acusado varias veces al contralor de utilizar sus funciones con la meta de presentar su candidatura a la presidencia en las elecciones del 2001.
Las encuestas también indicaron un bajo respaldo popular a Alemán, de sólo 12 por ciento, y señalaron a Ortega como el político en mejores condiciones para alcanzar la presidencia en el 2001.
Pero más de la mitad de las personas encuestadas se declararon favorable a la llamada "tercera vía". Es decir, en reclamo de candidaturas ajenas al liberalismo y al sandinismo.
Jarquín aparece con posibilides de ocupar ese nuevo espacio, pues a sus antecedentes como luchador contra la dictadura de la familia Somoza en los años 60 y 70 y contra la Revolución Sandinista en los años 80, agrega su condición de líder de la lucha contra la corrupción en el Estado. (FIN/IPS/wg/ff/ip/99
