Unas cien organizaciones no gubernamentales (ONG) de México gestionan la incorporación a la agenda de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del caso de este país, donde denuncian el deterioro de las garantías individuales.
México es uno de los países con mayor cantidad de episodios de muerte en detención y ocupa el tercer sitio mundial en materia de denuncias por desapariciones forzadas, aseguraron representantes de ONG humanitarias, que mantendrán una delegación en Ginebra hasta el fin de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.
El centro Miguel Agustín Pro, de la orden de los jesuitas, denunciará en Ginebra 114 desapariciones, más de 250 ejecuciones extrajudiciales y 1.300 detenciones arbitrarias que, según su información, ocurrieron en México entre 1996 y 1998.
La iniciativa de viajar a Ginebra "es un esfuerzo sin precedentes en el país para integrar un documento común" frente a la "falta de voluntad política del gobierno" para acabar con la violación de garantías individuales, explicó Mariclaire Acosta, titular de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Las ONG mexicanas solicitarán el apoyo de la Comisión de Drechos Humanos, que comenzó su 55 sesión el día 22, para enfrentar la "ineficacia de las instituciones encargadas de procurar justicia" en México, dijo Acosta.
Los grupos humanitarios arguyen la falta de independencia del Poder Judicial, el aumento de la presencia militar en algunos estados, la acción de grupos paramilitares y el hostigamiento a defensores de los derechos humanos para solicitar que el caso de México sea tomado en cuenta en este periodo de sesiones en Ginebra.
Acosta destacó la "ineficacia" de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los métodos de ese organismo "no se ajustan a los procedimientos" internacionales para la procuración de justicia, agregó.
La iniciativa de las ONG aumenta la presión sobre las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos, ya cuestionadas en el último informe de Amnistía Internacional, dado a conocer el 9 de este mes, y por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los mecanismos legales destinados a proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos en México son "simplemente soslayados", aseguró Amnistía Internacional.
"La impunidad con que se cometen las violaciones" a las garantías individuales "se ha vuelto endémica", según afirmó ó la organización internacional citó en su informe, titulado "México, a la sombra de la impunidad".
El procurador general, Jorge Madrazo, reiteró el miércoles su rechazo de las denuncias de Amnistía Internacional. Madrazo expuso en una carta a Pierre Sané, director general de Amnistía, los esfuerzos del gobierno mexicano en defensa de los derechos humanos.
Los representantes de las ONG mexicanas invitarán a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, a visitar México a la brevedad posible.
Las ONG señalan que sólo tres casos de denuncia de tortura dieron lugar a sentencia, de los más de 1.000 abiertos en los últimos años.
La iniciativa de las organizaciones no gubernamentales coincide con la expulsión de México de tres turistas estadunidenses acusados de participación en actividades políticas en el estado suroriental de Chiapas, asiento de la guerrilla zapatista.
Patrick Flaherti, Frederich Lorenzen y Paul Lebens debieron abandonar el país este miércoles, por su supuesta intervención en una manifestación para exigir la libertad de algunos detenidos en la localidad de San Cristóbal de las Casas.
Desde el primer día de 1994, cuando surgió el movimiento rebelde zapatista en Chiapas, el gobierno mexicano expulsó a más de 350 extranjeros de ese empobrecido estado.
"El gobierno mantiene así su política de dificultar el trabajo de los observadores extranjeros" comprometidos con la "defensa de los derechos humanos", declaró a IPS Edgar Cortés, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Cortés, miembro de la delegación que viajará a Ginebra, aseguró que las autoridades "avalan el hostigamiento y la vigilancia a que son sometidos" los observadores.
También calificó de "absolutamente contradictoria" la resolución de un juez que esta semana halló no procedente una orden de expulsión de 12 extranjeros dispuesta el año pasado.
El magistrado afirma que el gobierno cometió un error, pero mantiene la prohibición de que los expulsados retornen a México. Tal "resolución es a todas luces anticonstitucional", pues confirma el decreto que anula, afirmó Cortés.
En el mismo caso se encuentran 20 ciudadanos italianos, mientras el estadunidense Tom Hansen, del movimiento Pastores por la Paz, y el francés Miguel Chantau, que también apelaron órdenes de expulsión, esperan la resolución de la justicia.
Chantau fue párroco del municipio chiapaneco de Chenalhó durante más de 20 años, pero las autoridades migratorias no atendieron la solicitud del religioso de cambiar su estatuto de turista por la residencia permanente. En 1998, el Instituto Nacional de Migración ordenó al sacerdote que abandonara el país. (FIN/IPS/pf/ff/hd/98
