Enfrentado a la urgencia de recursos y al acelerado aumento de la demanda de electricidad, el gobierno de México pule el proyecto que lanzó a inicios de febrero para privatizar esa industria y que levantó un movimiento de resistencia sin precedentes.
El secretario (ministro) de Energía, Luis Téllez, planteó este viernes que la privatización se desarrollará con reglas claras para los inversionistas y bajo la garantía de que el Estado mantendrá el control de las redes de transmisión del fluido.
En las últimas semanas hubo un amplio debate que involucró a todos los sectores del país sobre la iniciativa oficial de reformar el sector eléctrico, cuya generación, transmisión, distribución y comercialización han estado bajo monopolio estatal desde hace 40 años.
El rechazo a la apertura de una industria que fue sustraída de poderosas firmas extranjeras hace cuatro décadas ha movilizado en todo el país a amplios sectores sociales y políticos que acusan al gobierno de "vender la soberanía" en aras de un "neoliberalismo" aplicado a ultranza.
Foros, consultas, marchas y mítines, entre otras acciones, son realizadas a diario en distintas tribunas del país, con el ánimo de anular la iniciativa oficial.
El proyecto inicial planteaba reformas a la Constitución que permitan la participación de capitales privados en un ramo que prevé "un acelerado crecimiento de la demanda, del orden del 6 por ciento para los próximos años", afirmó Téllez en conferencia de prensa.
Las modificaciones al planteamiento original incluyen "la necesidad de tener lista la legislación y el aparato de operación de los títulos de concesión" antes que el sistema sea lanzado a un mercado abierto, explicó el funcionario.
En México, 95 por ciento de la población dispone del servicio eléctrico y al año se consumen 130.000 millones de kilowatts por hora (kw7h), aunque sólo el 23 por ciento es para uso doméstico.
El promedio mensual de consumo de electricidad por familia varía con un margen muy amplio, según la región del país.
En el empobrecido estado de Chiapas cada familia consume un promedio de 90 kw/hora, en Durango 99, en Aguascalientes 115, Coahuila 170, Nuevo León 217, Baja California 290 y Sonora 306, de acuerdo con datos oficiales.
Téllez aseguró que el Estado mantendrá el control de la red de transmisión de energía eléctrica, que asciende a 550.000 kilómetros en todos el país, lo que equivaldría a más de 14 vueltas al planeta.
En un principio, las autoridades del sector energético plantearon la posibilidad de que aun cuando el Estado las operara esas líneas podrían ser abiertas al capital privado.
El funcionario explicó que se están llevando a cabo trámites para elaborar el nuevo marco legal que regirá a la estratégica industria.
La industria eléctrica mexicana, cuya eventual privatización ha provocado un intenso movimiento de resistencia en sectores sindicales, sociales, políticos y académicos, genera un "excedente de 10 millones de dólares y requerirá entre 4.000 y 5.000 millones para hacer frente" a la demanda, indicó el funcionario.
Hasta el año 2005, el país requerirá inversiones de más de 25.000 millones de dólares en el sistema eléctrico, es decir 25 por ciento del total gastado en esa industria durante los últimos 100 años.
La oposición a la propuesta gubernamental, que movilizó la semana pasada a decenas de miles de personas en esta capital y a otras tantas en varias ciudades del interior del país, argumenta entre otros motivos que en otros países la privatización del sector eléctrico provocó fuertes incrementos de las tarifas.
En comparación con las actuales tarifas mexicanas, en España son 107 por ciento más altas, en Gran Bretaña 74, en Estados Unidos 21, en Nueva Zelanda 15,7 por ciento y en Argentina cada kilowatio/hora cuesta 0,05 dólares, de acuerdo con cifras del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Con las precisiones a las condiciones de la apertura, Téllez sale al paso del intenso movimiento de resistencia, encabezado por el SME, históricamente el gremio más combativo y el cual guarda su condición de sindicato independiente.
La urgencia de financiamiento para la propia expansión del sector y el ingreso de recursos no gubernamentales que permitan a las autoridades dirigir sus recursos a servicios como educación y médicos son los argumentos con que el discurso oficial pretende convencer a los mexicanos de las bondades de las privatizaciones.
La falta de recursos del Estado para garantizar la generación y distribución de fluido eléctrico plantea como única alternativa viable la apertura del sector.
Ante ese hecho, lo importante ahora es vigilar que el precio de venta se ajuste de modo tal que no "se malbaraten los activos ni se pierda el sentido social del servicio", advirtió Luis Fernández, director del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Hablar de privatizar las industrias eléctrica o petroleras equivale en México a tocar la epidermis de la soberanía, destacan los analistas.(FIN/IPS/pf/dg/if799
