La piratería de fonogramas, videos y programas de computación encontró en Bolivia un fértil terreno, que también sirve de tránsito hacia mercados más grandes del Mercosur, como Argentina, Brasil y Paraguay.
La policía boliviana se incautó de un millón de discos compactos de música en un solo operativo realizado en la zona franca de Puerto Aguirre, en el este del país, cerca a la frontera con Brasil.
Un alto ejecutivo de la organización que agrupa a las empresas fonográficas y pidió no ser identificado dijo a IPS que el volumen de ese cargamento es tan grande que equivale a los discos compactos que toda la industria boliviana vende en poco más de un año.
El operativo se realizó a mediados de febrero, pero sólo se conoció la pasada semana a instancias de la Federación Latinoamericana de Productores de Fonogramas y Videogramas (Flap).
La mercadería, en su mayor parte de música brasileña, partió de Asia y pasó antes por Panamá, tenía como destino final los mercados de Bolivia, Brasil y Paraguay, informó el asesor legal de la Flap en Bolivia, Alfredo Dubracic.
La Flap y la industria fonográfica boliviana piden ahora la inmediata destrucción del cargamento ilegal, aunque la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz aclaró que aún debe concluir el proceso contra los acusado para proceder a la quema de discos compactos.
El director de Investigaciones de la Flap, Marino Radillo, dijo que el cargamento detenido en Puerto Aguirre es uno de los mayores de la región. La única requisa comparable ocurrió este año en Panamá, donde las autoridades se incautaron de 5,3 millones de discos compactos musicales.
Radillo identificó el este de Paraguay como la región a la que se dirigía la mayoría de la mercadería pirata decomisada en los últimos 12 meses.
Por el reducido tamaño de su mercado, Bolivia no es una plaza de gran interés para la piratería, pero aun así, los productores legales de música locales pierden más de 50 por ciento de sus ventas por esta causa.
En las calles de las principales ciudades bolivianas es frecuente encontrar discos compactos y casetes piratas con los últimos lanzamientos de los artistas preferidos por los consumidores, a 15 o 20 por ciento del precio del producto original.
Según un estudio de la industria fonográfica boliviana, en 1998 los piratas colocaron en el mercado más de 1,2 millones de discos compactos y casetes, mientras los productores legales vendieron sólo 650.000 unidades.
Eso quiere decir que la industria pirata tuvo ingresos por aproximadamente siete millones de dólares, frente a los cuatro millones que alcanzaron los productores legales, que además pagan impuestos y dan fuentes de trabajo a centenares de trabajadores.
Lo mismo ocurre con los videogramas, que se comercializan en formato VHS, mientras en materia de software sólo uno de cada 10 programas que circulan en este país es legal.
En 1997, Bolivia tuvo una tasa de piratería de software de 89 por ciento, superior al promedio latinoamericano de 68 por ciento, y al de Estados Unidos, de 35 por ciento, según la Business Software Alliance (BSA), la organización de productores de programas informáticos más importantes del mundo.
Microsoft, Adobe, Autodesk, Corel, Computer Associates, Symantec, Viscio y otras grandes compañías integran parte de los más de 20 asociados de la BSA.
Según esa organización, la piratería de software tiene mayor impacto en las economías regionales que en los productores, porque por efecto de ese problema se deja de generar empleos y se pierde ingresos por impuestos no pagados.
La representación de la BSA en este país asegura que si hasta el año 2001 Bolivia logra reducir el 20 por ciento de la piratería de software, habrá generado más de 300 puestos de trabajo adicionales y aumentado la recaudación de impuestos en 5,5 millones de dólares sólo por este concepto.
En América Latina, la piratería de software le costó a la región 67.081 empleos y 680 millones de dólares en impuestos no recaudados, dice la BSA. (FIN/IPS/ac/ag/if/99
