Jefes de gobierno, intendentes y prefectos del Mercosur expresaron en Uruguay su angustia por el efecto social de la crisis originada en Brasil y reclamaron a los gobiernos nacionales una distribución de los fondos transparente u equitativa sobre bases objetivas.
Los gobernantes se reunieron este viernes en la capital uruguaya convocados por el intendente (alcalde) de Montevideo, Mariano Arana, con el fin de analizar la integración regional a la luz del impacto generado a partir del 13 de enero por la modificación cambiaria del real.
El intendente de Montevideo, donde vive casi 45 por ciento de los 3,1 millones de uruguayos, ejerce la secretaría ejecutiva de Mercociudades.
Arana deliberó con los jefes comunales de las ciudades brasileñas de Belo Horizonte (Celio de Castro), Porto Alegre (Raúl Pont) y Río de Janeiro (Renato Vilela).
Por Argentina estuvieron presentes el vicegobernador de Buenos Aires Enrique Olivera, y los jefes comunales de Córdoba Rubén Martí, de La Plata Julio César Alaka, de Rosario Gilberto Bassi y de Bahía Blanca Jaime Linares. Por Chile estuvo presente el alcalde Concepción Ariel Ulloa.
Al cabo de la reunión los participantes consideraron que la actual crisis económica regional "reviste dimensiones graves" que pueden ocasionar "consecuencias riesgosas sobre el avance de la integración".
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay conforman el Mercado Común del Sur, que se ha visto sacudido por las medidas brasilenas
A juicio de los gobernantes comunales es necesario considerar "de modo prioritario las dimensiones sociales y culturales" del Mercosur y superar "la exclusiva perspectiva de una unión aduanera y comercial" para permitir mayor cercanía con el ciudadano y sus demandas sociales.
La declaración final de la reunión estableció que los estados nacionales deben arbitrar en forma urgente "políticas y medidas compensatorias, de manera de no interrumpir los flujos comerciales entre nuestros respectivos países".
De esa forma se podrán "mantener e incrementar los niveles de actividad económica y de empleo, así como generar las apoyaturas necesarias para asegurar condiciones de vida dignas a los sectores sociales más vulnerables", agregó la declaración.
Sostuvieron que para avanzar en la cohesión económica y social y en la superación de las desigualdades territoriales internas, base de la integración regional, se debe realizar una distribución de fondos que no considere otra cuestión que el interés social.
Los jefes comunales reclamaron que "la cuota parte de los fondos que se asignen a las ciudades y los gobiernos locales en los presupuestos nacionales, sean determinados sobre bases objetivas y asignados de modo transparence y equitativo".
Por otra parte, solicitaron a los gobiernos nacionales que la Red de Mercociudades que integran las comunas de la región sea reconocida como interlocutora de los órganos del Mercosur e integre su esquema institucional con carácter consultivo.
Arana dijo a IPS que la recesión generada por la situación brasileña produce recesión y ésta deteriora los recursos de los gobiernos locales.
"En consecuencia, en un momento grave en que el sector público debería ser más dinámico y más atento a las situaciones de dificultad creciente que los sectores más vulnerables tienen, se ve con menos posibilides de atender los servicios sociales", destacó.
Arana consideró como un elemento "clave" para superar la actual situación, al igual que el resto de los participantes de la reunión, que los gobiernos nacionales transfieran recursos hacia los municipios sin que medien otras consideraciones que los objetivos, y sin "consideraciones político-partidarias".
"Tienen que existir criterios de Estado que vayan más allá de las circunstancias siempre variables de nuestras democracias. De otra manera, las poblaciones quedarían de rehenes de pasajeros, pequeños y mezquinos intereses sectoriales", afirmó.
De Castro, prefecto de Belo Horizonte, sostuvo que el efecto más dramático de la crisis es el que provoca el desequilibrio de las cuentas públicas municipales.
"Esto se genera en la medida en que los gobiernos federales centralizados comienzan a drenar recursos de los municipios para el gobierno nacional a fin de equilibrar su caja precaria", arguyó.
El efecto de esta situación es que se debilita progresivamente la posibilidad de colmar las demadas sociales colectivas, como la educación, la atención de la salud y el transporte.
Por otra parte, dijo De Castro, los efectos de la crisis se manfiestan en el desempleo, la marginalidad social y la prostitución infantil, entre otros dramas sociales. (FIN/IPS/rr/dg/if/99)
