Las personas halladas en posesión de menos de cinco gramos de marihuana en Guyana podrán eludir la cárcel ahora que el Parlamento modificó la Ley de Narcóticos de 1988 que fijaba una pena de entre tres y cinco años de prisión para esos casos.
Los tribunales tienen la facultad de imponer sentencias alternativas a las de prisión a cualquiera que sea detenido por estar en posesión de esa cantidad.
"Es una muy buena medida, algo que hemos solicitado desde hace tiempo. Seguramente va a mitigar la superpoblación en las cárceles", aseguró Mike McCormack, de la Asociación de Derechos Humanos de Guyana.
Antes de la modificación de la norma, la pena mínima para cualquiera encontrado con marihuana en su poder era de entre tres y cinco años de prisión, además de una multa de 55 dólares.
Ahora, el tribunal puede ordenar que el infractor realice servicios a la comunidad en una institución designada, y la multa correspondiente se bajó a 16 dólares.
La presidenta Janet Jagan había indicado el año pasado la intención del gobierno de enfrentar este problema, por el cual había sido fuertemente criticado.
La jefa de Estado acepta el argumento de que la posesión de menos de cinco gramos de marihuana revela que el poseedor es un "pez pequeño" en el mar de narcotraficantes, muchos de los cuales logran evadir las sanciones de la ley.
Cuando se supo que el gobierno pretendía cambiar la ley, muchos jueces, que opinaban que encarcelar a los infractores leves era una pérdida de tiempo, no esperaron que la norma se aprobara y en vez de penar con prisión a los delincuentes les impusieron multas o sencillamente desecharon los casos.
Los jueces contaban con el apoyo de las autoridades de las cárceles atestadas de jóvenes que cumplían hasta cinco años de reclusión por fumar un cigarrillo de marihuana en una fiesta o en la calle.
Este tipo de casos era una de las principales razones del aumento de la población carcelaria en la principal prisión de Georgetown, por ejemplo.
La prisión, construida hace varias décadas con una capacidad de 400 personas, ahora alberga aproximadamente a 1.000 reclusos.
Los guardias exigen la construcción de otro edificio alejado de la ciudad, con instalaciones aptas para rehabilitar a quienes sean adictos a las drogas, ya que la adicción suele agravarse en la cárcel, donde es fácil obtener drogas.
Mientras, el debate también generó el pedido de que se perdone a quienes fueron procesados por la ley de 1988. Apoyan esta medida los legisladores opositores Rupert Roopnarine y Manzoor Nadir.
El legislador Andrew Hicks, del Congreso Nacional del Pueblo, el principal partido opositor, reveló ante el Parlamento la semana pasada que 25 por ciento de los estudiantes de enseñanza primaria y secundaria de este país reconocen haber consumido marihuana, y que 79 por ciento saben dónde obtenerla.
Los datos corresponden a un estudio del Ministerio de Salud Pública.
"El estudio también demostró que muchos de estos estudiantes reconocieron que la droga se consumía en sus propios hogares", agregó. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/aq/ip/99
