Es preocupante que sigan comprobándose graves violaciones de los derechos humanos en Guatemala, dice el noveno informe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en ese país (Minugua).
El documento señala que continúan registrándose ejecuciones extrajudiciales, amenazas y torturas, y que el Estado muestra "incapacidad para enfrentar a la delincuencia mediante una justicia pronta y cumplida", lo cual alienta fenómenos como los linchamientos o las llamadas operaciones de "limpieza social".
Organizaciones humanitarias han denunciado que existen esas operaciones por la aparición de jóvenes asesinados, atados de pies y manos, con señales de tortura y el tiro de gracia, que son típicas en la ejecución de presuntos delincuentes por grupos clandestinos que a menudo integran militares o policías.
La Misión comenzó a actuar luego de que se suscribiera el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos en 1994, en el marco del diálogo de paz entre el gobierno y la guerrilla. Tras la firma de la paz en 1996, la Misión es la verificadora de todos los acuerdos.
La Minugua manifestó especial alarma por el brutal asesinato del obispo católico Juan Gerardi, ocurrido el 26 de abril de 1998, dos días después de que presentara un extenso informe sobre violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, que acusó al ejército de la mayoría de los crímenes.
En el caso del asesinato de Gerardi, Minugua dice que "las circunstancias y características alientan la hipótesis de la motivación política y de la posible participación de personas vinculadas a organismos estatales o su aquiescencia con este crimen".
Destacó también la falta de protección de la escena de ese crimen, que permitió su contaminación, las deficiencias del Ministerio Público para dirigir la investigación y la actuación del fiscal Otto Ardón, quien excluyó "la hipótesis del móvil político" y la participación de grupos clandestinos.
La presentación del informe, el viernes, estuvo a cargo del francés Jean Arnault, jefe de la Misión, quién destacó también la falta de coordinación entre el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial.
La Minugua recomendó brindar mayor respaldo a los fiscales y optimizar la capacidad del Ministerio Público para cumplir con su deber legal de dirección funcional sobre la Policia Nacional Civil (PNC).
El director de la PNC, Angel Conte, rechazó las acusaciones sobre posibles casos de "limpieza social", y dijo, como en anteriores oportunidades, que los asesinatos que se vinculan con esas actividades se deben en realidad a "luchas internas de pandillas del crimen organizado".
Conte, quién dijo desconocer el informe de la Minugua, sostuvo que los agentes del Estado no son responsables de esos hechos.
El gobierno se abstuvo de comentar el informe de la Minugua, y las organizaciones defensoras de los derechos humanos consideraron que el mismo "refleja la realidad que vive el país".
Miguel Angel Albizúres, dirigente de la Alianza Contra la Impunidad, dijo que "no hay un cumplimiento real de los acuerdos de paz", agregando que la existencia de grupos paramilitares indica que no ha habido una depuración en las fuerzas de seguridad.
La Minugua recomendó al Estado la implementación de una "decidida política de promoción y protección de los derechos humanos, y actuar con determinación para que continúe la tendencia a la disminución de las violaciones, registrada a partir del fin del enfrentamiento armado interno".
La Misión recordó también el compromiso en los acuerdos de paz de crear un Consejo Asesor de Seguridad, cuyo propósito sea precisamente socializar la problemática de la seguridad y dar a la acción estatal "la profundidad y legitimidad que sólo una amplia participación ciudadana puede otorgarle" (FIN/IPS/cz/mp/hd ip/99
