Los culpables de los actos de genocidio comprobados en Guatemala pueden y deben ser llevados a juicio, pese a no haber sido identificados en el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), advirtieron dos redactores de ese documento.
La CEH, que dio a conocer su informe el jueves en la capital guatemalteca, afirmó que el ejército y grupos paramilitares perpetraron en los 36 años de guerra civil actos de genocidio contra los indígenas mayas.
Noventa por ciento de los 200.000 guatemaltecos muertos o desaparecidos en el conflicto entre el Ejército y la guerrilla izquierdista fueron víctimas de las fuerzas gubernamentales, según el informe, cuya elaboración tuvo el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pero críticos de la CEH señalan que una amnistía impide la detención de los responsables de los crímenes de guerra y que el informe no puede entonces dar lugar a ninguna acción penal.
No obstante, el presidente alemán de la comisión, Christian Tomuschat, arguyó este lunes en la ONU que la amnistía promulgada se refiere a delitos cometidos en combate, y que no alcanza a los responsables de genocidio, que podrían entonces ser acusados por el Ministerio de Justicia.
"Todos los habitantes (de algunas aldeas) fueron asesinados", en función de una "política de destrucción total. Estas atrocidades no pueden explicarse (sino) como una tentativa de exterminar a un grupo", dijo Tomuschat.
El presidente de la CEH reconoció que el informe no identifica por su nombre a los culpables del genocidio.
El acuerdo firmado en 1994 en Oslo por el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatenalteca estableció que la comisión no podría "atribuir responsabilidades a ningún individuo" y que sus recomendaciones e informe "no tendrían efecto judicial".
Sin embargo, la indígena Otilia Lux de Coti, integrante de la CEH, cree que determinar responsabilidades por los peores crímenes de la guerra guatemalteca no debe ser difícil.
"Todos saben quuén era el presidente de la República en 1981", cuando comenzó la etapa de peores crímenes, "y quién estaba entonces al frente del Ejército", observó Lux de Coti.
Las organizaciones de derechos humanos acusan al general Efraín Ríos Montt, dictador de Guatemala entre 1981 y 1983, de haber organizado las peores atrocidades.
La CEH destacó que, durante el periodo de Ríos Montt, el gobierno pasó del enfrentamiento contra los guerrilleros a la ofensiva contra los pueblos indígenas. La comisión localizó el escenario de 630 masacres, comentó Lux de Coti, e incluso tuvo en sus manos "documentos de la planificación" de la campaña militar de 1982-1983.
El presidente Alvaro Arzú ha guardado silencio sobre las revelaciones del informe, cuya severidad sorprendió a algunos funcionarios guatemaltecos.
Pero Arzú estaba presente cuando los tres miembros de la CEH dieron a conocer el resultado de sus investigaciones y Tomuschat elogió a su administración por pemitir que la comisión trabajara "con total libertad".
La pregunta que muchos se formulan ahora es si el gobierno constitucional guatemalteco intentará proceder a detenciones o investigar por su cuenta las acciones de los regímenes militares del pasado.
Muchos delitos están cubiertos por la amnistía, aunque quizá no sea el caso de la masacre de aldeanos, dijo Tomuschat.
La ONU, que contribuyó a financiar la tarea de la CEH y es el destinatario oficial del mismo, no ha dicho si pedirá investigaciones adicionales.
El secretario general, Kofi Annan, señaló la semana última en un mensaje al secretario general asistente Alvaro de Soto que las revelaciones del informe "deben convertirse en parte del patrimonio histórico y cultural" de Guatemala.
"Su difusión en toda Guatemala promoverá el análisis, el debate público y la reflexión en privado acerca de la cadena de acontecimientos y responsabilidades en esa tragedia de la historia reciente" del país, advirtió Annan.
El informe involucra en los hechos a otras naciones, especialmente a Estados Unidos, que apoyó a Ríos Montt y a los predecesores de éste y patrocinó el golpe de Estado de 1954, que derribó el gobierno constitucional de Jacobo Arbenz.
"No queremos decir que Estados Unidos tuviera responsabilidad directa en actos de genocidio", pero Washington sabía perfectamente lo que ocurría" en Guatemala, puntualizó.
Tomuschat dijo que, incluso, algunas empresas estadounidenses, como Coca-Cola, estuvieron directamente involucradas en algunos de los episodios expuestos en el informe de la CEH.
El documento tiene un anexo en el que se asegura que la empresa subsidiaria de Coca-Cola en Guatemala "persiguió implacablemente al movimiento sindical", explicó Tomuschat.
Mientras, funcionarios de la ONU elogiaron en privado a Estados Unidos por proporcionar información sobre el programa de los militares guatemaltecos para "pacificar" el país, aún cuando ese material complicaba a ex gobernantes estadounidenses. (FIN/IPS/fah/ff/hd/99
