Etiopía expulsó a unas 53.000 personas de origen eritreo, 83 por ciento de las cuales contaban con ciudadanía etíope, durante la guerra que ya lleva 10 meses en el Cuerno de Africa, informó un grupo humanitario de Eritrea.
Las deportaciones de eritreos en Etiopía alcanzaron un promedio 7.000 personas al mes desde el comienzo de hostilidades en mayo de 1998, según la publicación The Uprooted, presentada en la sede neoyorquina de las Naciones Unidas por Ciudadanos para la Paz en Eritrea (CPE), organización radicada en Asmara.
Desde que estalló la disputa por la región fronteriza de Badme, tomada por Etiopía a finales de febrero tras una intensa batalla, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha tratado de evitar que los dos bandos expulsen a personas originarias del otro país.
Eritrea se independizó de Etiopía en 1993. Hasta esa fecha, todos los eritreos eran ciudadanos etíopes. Muchos de aquellos catalogados como "eritreos" por Adis Abeba a los efectos de la expulsión eran ciudadanos etíopes simpatizantes de algún partido político de su lugar de origen.
"Esto no tiene relación alguna con los derechos humanos. ¿Acaso Estados Unidos no expulsa a muchos mexicanos que cruzan la frontera y los devuelve diciendo que son indeseables?", sostuvo el presidente de Etiopía, Meles Zenawi.
En una edición anterior de The Uprooted, el director de estudios de CPE, Asmaron Legesse, dio en julio detalles de lo que denominó "un modelo de engaño", según el cual los eritreos fueron sacados de sus casas para responder a preguntas de autoridades etíopes y de inmediato se los obligó a dejar el país.
"Debieron hacer un viaje de 1.300 kilómetros fuera de su país de adopción hacia el de nacimiento o la tierra de sus padres y abuelos, sin poder despedirse de sus familias", señaló Legesse.
Los deportados debieron viajar sin víveres ni acceso a instalaciones sanitarias durante días enteros hasta llegar a Eritrea, lo cual, de acuerdo con CPE, fue violatorio de los derechos humanos.
El último estudio de CPE comprobó que más de 20 por ciento de los deportados contaban con pasaportes etíopes, si bien muchos informaron haber sido despojados de ese documento porque las autoridades de Adis Abeba se los confiscaron antes de abandonar el país.
Alrededor de 45 por ciento de los eritreos que permanecieron en Etiopía tras la independencia de Eritrea en 1993 incluso votaron en elecciones, dijo Legesse, quien estuvo la semana pasada en Nueva York para presentar la última edición de The Uprooted.
"Si los votos de los eritreos fueron válidos, ¿por qué no puede ser respetada su ciudadanía etíope?", se preguntó el activista.
Los deportados afrontaron la confiscación de sus viviendas, la congelación de sus cuentas bancarias en Etiopía y la ruptura con sus familias e hijos que quedaron en el país. "Entre aquellos que quedaron atrás hay 1.300 niños sin cuidados de ninguna clase", se lamentó Legesse.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, denunció en julio "que los eritreos deportados de Etiopía no pueden retornar porque sus pasaportes fueron sellados con 'expulsado"'.
A pesar de esos cargos, el presidente Zenawi hizo una clara distinción entre los derechos de los etíopes nativos y los extranjeros que cuentan con ciudadanía.
"No podemos expulsar a un ciudadano etíope de Etiopía. No lo podemos echar cualquiera sean sus acciones. Pero podemos expulsar a uno que no sea ciudadano nativo por cualquier motivo, cualquiera sea la razón…", expresó Zenawi.
Los eritreos no son los únicos que acusan a Adis Abeba de expulsar a legítimos ciudadanos etíopes.
"La mayoría de los deportados son ciudadanos etíopes y los restantes son ciudadanos eritreos que residían legalmente en el país", declaró la abogada australiana Natalie Klein en su informe "Expulsiones masivas de Etiopía".
"El gobierno etíope no ha diferenciado de ninguna manera a esos dos grupos, ni tampoco ha permitido que las personas que deseaban demostrar su ciudadanía legal lo pudieran hacer", agregó Robinson.
El Consejo de Seguridad de la ONU recla a los dos bandos el cese de las hostilidades y las deportaciones. Hubo algún avance cuando el gobierno eritreo declaró el 27 de febrero que aceptaba un cese del fuego acordado por la ONU, que ya contaba con el respaldo de Etiopía.
No obstante, ambos beligerantes admitieron que la lucha había proseguido a pesar de la tregua convenida. "Nada ha suspendido hasta ahora los combates. Desde que las fuerzas etíopes tomaron Badme, uno se pregunta qué es lo que realmente quieren. Quizás pretenden una salida al mar", estimó un diplomático asiático.
Este diplomático, apostado en la ONU, se refirió al hecho de que Etiopía perdió su acceso al mar Rojo tras la independencia de Eritrea.
Los funcionarios eritreos declararon que Adis Abeba pretende apoderarse de un puerto eritreo, acusación que el gobierno etíope ha negado. (FIN/IPS/tra-en/fah/kb/ego/mj/ip hd/99
