La organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció hoy que las reclusas en Estados Unidos son sometidas a una "serie escandalosa" de abusos sexuales y físicos.
Las presas padecen violación y otros abusos sexuales a manos de guardias y reclusos, deben utilizar grilletes durante el parto y no cuentan con atención médica adecuada, revela el informe de 125 páginas "No es parte de mi sentencia", divulgado este jueves por Amnistía.
La investigación se conoció en las vísperas del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el lunes 8, e integra una serie sin precedentes de la organización con sede en Londres sobre abusos cometidos en Estados Unidos.
Gran parte de la serie se concentra en abusos contra reclusos, incluso niños, en las cárceles de este país.
"El abuso sexual de las reclusas es tortura, lisa y llanamente", dijo William Schulz, director de Amnistía en Estados Unidos.
"Los grilletes y la negligencia médica que padecen las mujeres en las cárceles constituyen tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. Estas violaciones a los derechos humanos no deben perdurar", señaló.
Aproximadamente 138.000 mujeres pasaron por las cárceles y prisiones estadounidenses en 1997, una cifra más de tres veces superior al número de presidiarias en 1985.
El sorprendente aumento de las mujeres encarceladas se debe principalmente al impacto de la llamada "guerra contra las drogas", según Amnistía.
Cerca de 25 por ciento de las presas se encuentran en la cárcel por cometer un delito violento, mientras 40 por ciento violaron leyes antidrogas que, en muchos casos, incluyen sentencias de reclusión "mínima obligatoria" y no toman en cuenta circunstancias mitigantes.
Esas leyes provocaron la explosión de la población carcelaria de hombres y mujeres, pero el crecimiento del número de presas aumentó en los últimos 12 años a un promedio de 11,2 por ciento por año desde 1985, mientras los reclusos se incrementaron en 7,9 por ciento en el mismo lapso.
Como en el resto del sistema penal estadounidense, las minorías representan una altísima proporción de la población femenina en las cárceles, al igual que con los hombres. Por cada mujer blanca que cumple sentencias de cárcel, hay cuatro hispanas y ocho negras.
Las correccionales para las mujeres, y sobre todo la capacitación y el número de guardias mujeres, no crecen al ritmo de la población carcelaria. En consecuencia, las cárceles a menudo permiten que guardias hombres vigilen a las reclusas, en contra de las normas internacionales.
Cerca de 70 por ciento de los guardias empleados en las correccionales federales para mujeres, que por lo general deben cumplir con estándares más elevados que las cárceles estatales o de los condados, son hombres.
Así mismo, 12 estados carecen de leyes que penalicen el contacto sexual entre el personal presidiario y las reclusas, revela el informe. Amnistía asegura que recibió numerosas denuncias de presidiarias que sufrieron abuso sexual de parte de los guardias.
En una prisión de California, por ejemplo, los investigadores de la organización entrevistaron a presas que denunciaron que algunos oficiales las observan mientras se visten, y tocan sus senos y genitales durante cacheos de rutina.
Además, las reclusas son sometidas por el personal masculino a lenguaje sexual y racialmente abusivo, según el informe.
Los abusos pueden ser más graves. Guardias fueron hallados responsables de la violación de presas en 14 estados, incluso en dos casos que provocaron el embarazo de las víctimas. El derecho internacional considera que la violación de un recluso a manos del personal correccional es un acto de tortura.
Amnistía halló 96 casos desde 1992 en que los guardias fueron procesados, despedidos o disciplinados de otra manera por abusar sexualmente de las presidiarias. Pero estos casos son la excepción y no la regla, ya que las mujeres que denuncian abusos suelen sufrir amenazas y acoso.
En un caso, presos compraron a los guardias el acceso a tres mujeres detenidas en la unidad de alta seguridad de la instalación federal de Dublin, en California. Las mujeres fueron violadas y sodomizadas.
Luego de que Robin Lucus, una de las víctimas, protestó por el ataque, sufrió una fuerte golpiza y fue sodomizada por tres atacantes sin identificar.
Lucas y dos víctimas más llevaron a la prisión ante los tribunales el año pasado y obtuvieron una indemnización de 500.000 dólares.
Además del abuso sexual, el informe documenta el uso de grilletes y otras trabas físicas sobre las reclusas, que no toman en cuenta si las mujeres tienen antecedentes de violencia o de intentos de fuga, cuando son trasladadas de y hacia los hospitales para recibir tratamiento médico o para dar a luz.
Entre 1997 y 1998, más de 2.200 mujeres embarazadas fueron encarceladas, y más de 1.300 niños nacieron en la cárcel.
Las trabas, según los médicos, ponen en peligro la vida de la madre y su hijo durante el parto e impiden que la madre cuide de manera adecuada al niño una vez nacido.
Aproximadamente 80.000 mujeres, más de la mitad de la población carcelaria femenina en este país, son madres de 200.000 niños menores de 18 años, y la gran mayoría vivían con sus hijos antes de ser encarceladas, explica el informe.
"Si las madres de más de 200.000 niños en este país sufrieron abusos o fueron maltratadas en la prisión, si su salud fue afectada, eso tendrá un profundo efecto sobre su capacidad para cuidar a esos niños, y eso afectará a cada uno de nosotros", aseguró Schulz. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq/hd/99
