La crisis financiera de Ecuador se profundizó hoy con la quiebra del Banco de Progreso, el más importante de Guayaquil, la capital comercial del país, y el octavo que cae en cuatro meses.
El gobierno de Jamil Mahuad se hizo cargo de la deuda del Banco del Progreso a través de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
El presidente del banco, Fernando Aspiazu, acusó al Poder Ejecutivo de haber retirado los fondos estatales de la entidad ahora en quiebra y aseguró que se intenta perjudicar a la banca de la región de la costa del Pacífico.
Las afirmaciones de Aspiazu fueron apoyadas por el alcalde de Guayaquil, el ex presidente León Febres Cordero (1984-1988), quien el jueves había realizado la misma afirmación, y exacerbaron el sentimiento regional en sectores de la población de Guayaquil.
Unas 2.500 personas entre, clientes del banco, empleados de las empresas de Aspiazu y otros ciudadanos marcharon hasta la alcaldía en apoyo de esa denuncia.
Las cámaras de industria y comercio de Guayaquil exigieron la semana última a Mahuad un "mejor trato" a su región.
Aspiazu y Febres Cordero exigen que la AGD no se haga cargo del saneamiento del Banco del Progreso, sino de su reestructuración.
El saneamiento exige la quiebra y cierre definitivo del banco, pero la reestructuración significa una inyección de dinero.
El economista Alberto Acosta señaló que, en un sistema de economía abierta como el ecuatoriano, cuando un banco quiebra habría que dejarlo quebrar. Acosta cree que el gobierno cometió un error al intervenir en apoyo de otros bancos en problemas y ahora está obligado a salvar también al de Progreso.
"Hemos vivido la mayor audacia de la historia del sistema financiero: un banquero cierra las puertas de su banco y luego sale en manifestación a reclamar ayuda del Estado", comentó.
Acosta advirtió que no se puede caer en "la trampa" del regionalismo tratándose de la quiebra por mala administración de de un banco que concentra los créditos en pocas manos y en empresas vinculadas a sus propietarios.
"El Banco del Progreso tiene la mitad de sus clientes en la Sierra y la otra mitad en la Costa. Sin embargo, otorga la mayoría de sus créditos a clientes costeños", observó.
Acosta también cuestionó la afirmación de Aspiazu de que el gobierno no lo favorece. La empresa eléctrica Emelec, también de Aspiazu, "es totalmente ineficiente y se mantiene gracias a que cobra la energía al Estado", señaló.
La AGD fue creada por ley en noviembre, ante la bancarrota de algunas instituciones financieras. La iniciativa fue votada por los diputados oficialistas y por los representantes del Partido Social Cristiano, de Febres Cordero.
El jefe del bloque oficialista en el Congreso, Ramiro Rivera, señaló en aquella oportunidad que la ley aprobada fortalecía el sistema financiero ecuatoriano.
"La Agencia establece una seguridad para los depositantes, genera estímulos a la fusión de bancos y reactiva el sistema productivo", dijo entonces Rivera.
Varios bancos recurrieron en los meses siguientes a la AGD para evitar su hundimiento. Fidel Egas, propietario del Banco del Pichincha, el mayor de la Sierra, comentó entonces que algunos banqueros se habían "engolosinado" con "el dulce" que la Agencia les brindaba.
El caso más importante es el de Filanbanco, que fue asistido con más de 540 millones de dólares mientras su principal accionista vendía otro banco de su propiedad en Miami por 240 millones.
"Nadie le pidió cuentas de esa venta para que sirviera como contraparte del dinero invertido por el Estado en Filanbanco. Los banqueros deberían responder ante la AGD con todo su patrimonio como garantía", dijo Acosta.
Los problemas de iliquidez del Banco del Progreso no son de los últimos días. El 8 de este mes circularon rumores sobre su mala situación financiera.
Ante la falta de fondos para apoyar al banco guayaquileño, Mahuad decretó una semana de feriado bancario, que fue preámbulo de nuevas medidas de ajuste y del congelamiento de los depósitos de ahorristas y titulares de cuentas corrientes.
El presidente del Banco Central, Luis Jácome, renunció junto con tres vocales tras el feriado bancario en desacuerdo con la política del Poder Ejecutivo frente a las instituciones financieras en dificultades.
Jácome explicó haber propuesto que sólo se permitiera la reapertura de las "instituciones viables". Pero "el gobierno decidió que se abrieran tanto los bancos solventes como los otros", y por eso hubo que "utilizar la política monetaria para entregar recursos".
"Una economía que no tiene saneado el sistema bancario va a enfrentar problemas para la ejecución de su política monetaria", advirtió el ex presidente del Banco Central. Habrá presiones sobre el tipo de cambio y los precios y "dificultades para crecer", explicó.
Hasta el momento, el Estado ecuatoriano ha desembolsado más de 1.500 millones de dólares para respalda a bancos quebrados y, según fuentes financieras, todavía quedan algunos con problemas de liquidez. (FIN/IPS/kl/ff/if/99
