El ex presidente interino de Ecuador, Fabián Alarcón, afirmó que su detención por supuestos delitos de corrupción se debe a la crisis que enfrenta el gobierno, pero dirigentes políticos descartaron esa interpretación.
"Se quiere buscar un chivo expiatorio en estos momentos difíciles", dijo Alarcón, arrestado el lunes por orden del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Romero, que también dispuso la intervención de las cuentas bancarias y bienes del ex mandatario.
"Esto es una persecución política", manifestó Alarcón, que gobernó Ecuador durante 18 meses, a partir del 11 de febrero de 1997. Su abogado advirtió que "la detención es ilegal" y que varios juristas consideraron el hecho una "barbaridad jurídica".
Si bien en medios políticos causó extrañeza la detención, representantes de los partidos políticos descartaron toda vinculación entre la orden de detención del ex mandatario interino y la crisis que enfrenta el gobierno de Jamil Mahuad.
Alarcón es acusado de haber contratado cuando presidía el Congreso a 1.119 empleados que percibían salario sin trabajar, como fórmula para pagar favores políticos.
Su gestión al frente del Congreso se extendió del 10 de agosto de 1996 hasta su investidura como presidente interino de la República en reemplazo de Abdalá Bucaram, destituído por el Poder Legislativo. Varios colaboradores de su administración fueron acusados de actos de corrupción.
La denuncia contra Alarcón fue presentada por la diputada Cecilia Calderón y apoyada por la Comisión Anticorrupción, creada tras la caída de Bucaram.
El propio Héctor Romero, que ahora dispuso la detención de Alarcón, lo había absuelto en diciembre de 1997 de las acusaciones de la Comisión Anticorrupción.
El arresto del ex presidente pasó casi inadvertida para los medios de comunicación, cuya atención se concentra en la masiva protesta contra las medidas de ajuste del gobierno, que mantiene paralizado el país desde el lunes.
"El proceso llegó a su momento culminante y no quedaba otra salida que decretar la prisión preventiva. No creo que se quiera utilizar este caso como cortina de humo para tapar la crisis porque ésta es imposible de tapar", comentó el ex presidente Todrigo Borja, líder del partido de Izquierda Democrática.
Los dirigentes sociales e indígenas restaron importancia al caso Alarcón y se limitaron a decir que "es justo que los corruptos vayan presos, aunque es mucha casualidad que sea ahora, cuando el gobierno del doctor Mahuad no tiene credibilidad". (FIN/IPS/kl/ff/ip/99
