El salvadoreño Ernesto Cruz León admitió hoy en Cuba los cargos de terrorismo de los que se le acusa y por los que podría ser condenado a muerte, aunque rechazó el móvil político de los hechos y se declaró "absolutamente arrepentido".
El juicio, que durará varios días, comenzó a las 14:30 GMT de este lunes en presencia de diplomáticos de unos 20 países y de representantes de la prensa acreditada, algo poco usual en Cuba.
Poco antes de entrar Cruz León a la sala, escoltado por dos oficiales del Ministerio del Interior, ingresaron al recinto su madre, Ester León, y su hermana, Yanira Cruz, acompañadas del sacerdote Noel Mojica.
"Si, soy un terrorista y tengo que sufrir la vergüenza de admitirlo", dijo Cruz León, de 27 años, en la parte final de sus respuestas al fiscal de la causa, Rafael Pino.
El fiscal ha solicitado para el acusado la pena de muerte por el delito de terrorismo de carácter continuado.
La defensa, en tanto, se basó en el arrepentimiento y actitud de cooperación en el esclarecimiento de los hechos demostrada por el procesado, para solicitar que le sea aplicada sólo una pena de privación de libertad que "el tribunal estime pertinente".
Cruz León fue detenido el 4 de septiembre de 1997 y poco después se confesó ante las cámaras de la televisión estatal autor de seis atentados con bombas entre julio y septiembre de 1997.
Los atentados se realizaron contra los hoteles Nacional, Capri, Copacabana, Tritón y Chateau y contra el restaurante la Bodeguita del Medio, todos en La Habana y con el objetivo de afectar el turismo.
En declaración que leyó ante el tribunal, relató que fue contratado en El Salvador por su compatriota Francisco Chávez Abarca para perpetrar los atentados por un pago de 10.000 dólares.
"Ningún motivo político me llevó a estas acciones", afirmó, e insistió en que no le animaban "sentimientos negativos" contra la revolución y pueblo de Cuba.
En ese sentido, negó mantener vínculos con Luis Posada Carriles, un ciudadano estadounidense de origen cubano a quien las autoridades de la isla responsabilizan del atentado en 1976 contra un avión de la empresa Cubana de Aviación cuyos 72 ocupantes perecieron.
En octubre, las autoridades señalaron a Chávez Abarca como "eslabón clave que actúa en Centroamérica bajo las órdenes de Posada Carriles" y lo acusaron de la colocación de bombas en instalaciones turísticas cubanas en abril de 1997, entre otros hechos.
El fiscal Pino descartó el sábado un posible juicio "en ausencia" a Posada Carriles.
Ante preguntas de la fiscalía, Cruz León aseguró haber solicitado trabajo a Chávez Abarca con la esperanza de resolver sus dificultades económicas y creyendo que éste se dedicaba al narcotráfico.
"He perdido mi libertad, mi dignidad y mi honor, y estoy aqui abogando por lo único que me queda, mi propia vida", dijo el acusado. La vista oral se realiza en un amplio salón de la antigua Escuela de Artillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El recinto está situado en el Complejo Morro Cabaña, una fortaleza construida por la aministración colonial española para la defensa del puerto de La Habana de los ataques de corsarios y piratas.
Pino insistió el sábado en que no hay nexo entre este proceso, denominado causa núnero 1 de 1999, y las reformas legislativas aprobadas por el parlamento el 16 de febrero.
El parlamento introdujo la cadena perpetua, endureció las sanciones contra diversos delitos y aprobó la pena de muerte para funcionarios del Estado involucrados en casos de narcotráfico.
Al mismo tiempo, quedó intacto el capítulo II del Código Penal, referido a los delitos contra la seguridad interior del Estado, en cuya sección séptima se contempla la pena de muerte para casos de terrorismo.
El juicio a Cruz León es el segundo que se realiza en el último año y medio a un ciudadano extranjero por delitos contra la seguridad del Estado.
En noviembre de 1997, el estadounidense Walter van der Veer fue condenado a 15 años de prisión, acusado de haber viajado a Cuba con la intención de planificar atentados contra el presidente Fidel Castro y sabotajes contra la economía, y de intentar un alzamiento armado en la occidental provincia de Pinar del Río. (FIN/IPS/pg/ff/ip/99