Cuba acusó otra vez a Estados Unidos de fomentar la subversión en la isla, en una ofensiva que intenta contrarrestar la reacción internacional adversa a nuevas leyes de seguridad interna y al juicio contra cuatro opositores.
Las autoridades transmitieron a partidos políticos y parlamentarios de distintos países, cercanos al gobierno cubano, argumentos que fundamentan sobre el derecho que le asiste a defenderse de la "hostilidad" de Washington.
"Tenemos el deber de protegernos y proteger a otros de esa agresión que en cuatro décadas no ha cesado", anotó el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), Ricardo Alarcón, en una carta que envió a parlamentarios izquierdistas de otras naciones.
El mensaje de Alarcón fue remitido en momentos en que partidos políticos de la región consideran la posibilidad de suspender la participación de Cuba en el Parlamento Latinoamericano como consecuencia del juzgamiento de cuatro opositores por el delito de "sedición".
La carta, a la que IPS tuvo acceso, acusa a Estados Unidos de tratar durante cuatro decenios de fabricar una "oposición dentro y fuera de Cuba", a lo cual ha destinado considerables recursos financieros.
La "conducta agresiva, injerencista, contraria a las normas internacionales y obviamente inadmisible" de Washington se ha ido intensificando cada vez más, añade la misiva, remitida esta semana.
El gobierno estadounidense destinó 120.000 dólares a los "llamados periodistas independientes" en el marco del "programa de subversión" contra Cuba, según Alarcón.
Estos periodistas desarrollan sus actividades de forma ilegal y orientados básicamente hacia el exterior, en especial a Miami, ciudad de Estados Unidos que concentra la comunidad de origen cubano más numerosa.
Alarcón añadió que la Ley de Presupuesto de Estados Unidos para el actual año fiscal contiene "11 enmiendas para extender el alcance de la (Ley) Helms-Burton y la asignación de 'no menos' de dos millones de dólares para promover la 'oposición' en Cuba".
La Ley Helms-Burton, aprobada por el gobierno de Bill Clinton el 12 de marzo de 1996, incrementa el embargo económico y comercial aplicado contra Cuba desde los años 60 y establece sanciones para las empresas de terceros países que hagan negocios con la isla.
Las autoridades cubanas insisten en sus mensajes a sus aliados en el extranjero en la índole defensiva de la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, aprobada este año, y alertan que su contenido ha sido tergiversado.
Esta ley castiga el suministro de información que facilite la aplicación "de la (Ley) Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica" de Estados Unidos contra la isla.
Alarcón sostuvo en su carta que "algunas agencias cablegráficas (de noticias) llegaron a decir que contemplaba la pena de muerte, que condenaba las intenciones y hasta a la prensa extranjera colocaron como supuesta víctima".
"Nada semejante estuvo nunca, ni en el primer borrador, ni en su discusión y tampoco, por supuesto, en el documento final", afirmó el legislador, considerado el funcionario más experimentado en el manejo de las tormentosas relaciones con Washington.
Mientras, en el juicio de varios días realizado a un ciudadano salvadoreño por atentados contra instalaciones turísticas con el saldo de un muerto se trata de probar la responsabilidad de una organización del exilio cubano que cuenta con el supuesto patrocinio de Washington.
En ese sentido, varios testimonios e informes oficiales presentados durante el juicio iniciado el lunes por terrorismo contra el salvadoreño Ernesto Cruz León tienden también a sentar al gobierno estadounidense en el banquillo de los acusados.
En una declaración que envió por escrito al tribunal, el empresario italiano Justino Di Celmo culpó a "Estados Unidos y a la mafia contrarrevolucionaria de Miami" por la muerte de su hijo Fabio.
Fabio Di Celmo, de 32 años, falleció a causa de la explosión de la bomba que Cruz León puso el 4 de septiembre de 1997 en el hotel Copacabana.
El procesado, quien se declaró arrepentido, colocó también artefactos explosivos en los hoteles Nacional, Capri, Chateu Miramar, Tritón y en el restaurante la Bodeguita del Medio.
A su vez, el instructor policial del caso, mayor Roberto Hernández, presentó ante el tribunal un informe en el cual se intenta probar que esos atentados fueron organizados y financiados por la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA).
Esa organización con sede en Miami fue fundada en 1981 bajo el amparo del gobierno estadounidense, según La Habana.
Cruz León, para quien la Fiscalía demanda la pena de muerte por el delito de terrorismo continuado, alegó en su declaración expuesta el primer día del proceso que no le animan propósitos políticos, al tiempo que negó vinculación con la FNCA o el dirigente anticastrista Luis Posada Carriles.
Pero Hernández insistió en que, de acuerdo con las investigaciones, la Fundación movió su base de operaciones de Estados Unidos a América Central, en lo cual invirtió numerosos recursos.
Concluyó también que en los atentados se utilizaron los mismos medios técnicos, y que el desplazamiento y el pago a los autores directos requiere de mucho dinero, "como el que posee la FNCA".
El proceso a Cruz León, presenciado por diplomáticos y periodistas extranjeros a los que se autorizó, se inició una semana después del efectuado contra los cuatro fundadores del Grupo de Trabajo para la Disidencia Interna.
En el juicio, que quedó listo para sentencia, la Fiscalía demandó seis años de cárcel para Vladimiro Roca, y cinco para Martha Beatriz Roque, Félix Antonio Bonne y René de Jesús Gómez Manzano, acusados de "actos contra la seguridad del Estado, en relación con el delito de sedición".
Las autoridades cubanas rechazan que los procesados sean "presos de conciencia" o "pacíficos disidentes" e insisten en que trabajaron al servicio de "un poder extranjero" históricamente enemigo de Cuba. (FIN/IPS/pg/mj/ip hd/99
