El juicio en Cuba al salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León, que podría ser condenado a muerte por terrorismo continuado, permitió a un fiscal acusar a la principal organización del exilio cubano en Estados Unidos de promover atentados en este país.
Los testimonios y pruebas presentados en ese sentido durante el proceso contra Cruz León, que el jueves quedó listo para sentencia, no parecen haber tomado por sorpresa a buena parte de la población.
"Eso es sabido, sólo de allí podía venir tanta plata para los atentados", dijo René Albert, un periodista jubilado que esperaba pacientemente poder comprar una edición especial del diario Granma con seis páginas dedicadas al tema.
Cruz León fue juzgado durante cuatro días bajo acusación de colocar artefactos explosivos, entre julio y septiembre de 1997, en cinco hoteles y un restaurante, todos de La Habana, causando la muerte del turista italiano Fabio Di Celmo y heridas a otras 11 personas.
En sus conclusiones, el fiscal Rafael Pino Bécquer calificó al salvadoreño de "criminal" y lo consideró un "instrumento" de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), una organización creada en 1981 y considerada la más influyente del exilio cubano en Estados Unidos.
"Este hombre es el gatillo de un arma que es financiada y dirigida por la fundación nacional Cubano-Americana y Luis Posada Carriles", insistió Pino Bécquer, quien pidió la pena de muerte para Cruz León.
Entre otras pruebas, la fiscalía presentó fragmentos de entrevistas periodísticas en las cuales Posada Carriles admitió que Cruz León "fue contratado" por alguien que trabajaba para él y que sus operaciones eran financiadas por la FNCA.
Posada es conocido en Cuba por su responsabilidad en el atentado contra un avión de la empresa Cubana de Aviación, el 6 de octubre de 1976, con el saldo de 73 muertos, la mayoría de nacionalidad cubana.
Pero el plato fuerte resultó ser el doble agente Francisco Alvarado Godoy, ciudadano guatemalteco residente en Cuba desde 1960 que los servicios de seguridad de este país infiltraron en 1993 en una organización "paramilitar" denominada Frente Nacional Cubano.
Alvarado, "agente 44" para la FNCA, y "agente Fraile", para los servicios cubanos de seguridad, detalló sus contactos con aquella organización, que llegó a entregarle un artefacto explosivo cinco veces más poderoso que los puestos por Cruz León, para que colocara en el cabaret Tropicana en la hora de mayor concurrencia.
Aseguró asimismo que José Hernández, presidente de la FNCA, y Horacio García y Arnaldo Monzón, también dirigentes de esa organización, le ofrecieron 60.000 dólares por realizar ese atentado. Ese plan era promovido también por Luis Zúñiga, representante ahora de Washington ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, dijo Alvarado.
"El objetivo de Hernández era y es acabar con la vida de (el presidente) Fidel Castro. Para ello incluso identificamos una residencia que supuestamente utiliza como casa el presidente cubano en Siboney", un barrio residencial al oeste de La Habana, agregó.
Basado en esos y otros datos, el fiscal denunció los "incontables crímenes" de la FNCA, cuyos dirigentes se reunieron hace menos de dos semanas con el presidente Bill Clinton.
Más allá de intentar probar la culpabilidad de Cruz León, admitida por éste en su primera declaración ante el tribunal, las declaraciones de varios testigos se refirieron a la reanudación en los años 90 de planes agresivos contra Cuba.
Las declaraciones de los testigos y la documentación conocida en el proceso desmintieron la versión de que los atentados, lanzados contra instalaciones turísticas, eran obra de fuerzas opositoras internas e inclusive de "militares cubanos arrepentidos".
En su monento, miembros de los grupos de oposición, pequeños y sin reconocimiento legal, rechazaron tales imputaciones y afirmaron ser partidarios del diálogo, la tolerancia y los métodos pacíficos.
Por su parte, la FNCA defendió el derecho de los habitantes de la isla a "escoger los instrumentos que se encuentren a su alcance" para derrocar el gobierno de Castro.
El juicio contra Cruz León, quien apeló por su vida a "la benevolencia cubana" y pidió nuevamente perdón por sus actos, se mantuvo abierto a la prensa extranjera y al cuerpo diplomático.
Concluida esta primera fase del proceso, el tribunal tiene un plazo de 12 días para dar a conocer su fallo, que muchos creen que coincidirá con la petición fiscal de pena capital.
Según la ley cubana, la apelación ante la Corte Suprema es automática, además de que también cabe el indulto por parte del Consejo de Estado.
La pena alternativa a la ejecución por fusilamiento es la privación de libertad por 30 años. Cruz León fue juzgado por delitos contra la seguridad del Estado, cuya tipificación y castigo no cambiaron con las modificaciones dispuestas al código penal.
El lunes será enjuiciado el también salvadoreño Otto Rodríguez Llerena, de 40 años, detenido cuando trataba de introducir en Cuba 1,5 kilogramos de explosivo plástico de alto poder de destrucción, entre "otros medios con fines terroristas", según la denuncia oficial.
La fiscalía solicita para Rodríguez Llerena 30 años de cárcel. La pena de muerte fue aplicada a 12 condenados en los últimos 10 años y el gobierno ha dicho que la mantendrá en la legislación nacional mientras persista la agresión externa. (FIN/IPS/pg/ff/ip/99
