La península de Osa, una franja de tierra ubicada en el sureste de Costa Rica, de flora exuberante y muy variada fauna, está en peligro por la tala ilegal.
Desde hace años este territorio es víctima de un ataque sistemático de las motosierras, que se ha convertido en el principal enemigo de los ecosistemas que allí crecen y fuerte.
La situación, admiten funcionarios públicos, resulta una contradicción para este país que -según cifras oficiales- logró casi equilibrar la tasa de deforestación con la de reforestación.
Según un estudio realizado en 1997, Costa Rica tiene una cobertura forestal de 2,0 millones de hectáreas, equivalentes a 40,4 por ciento del territorio nacional, distribuida entre bosque, bosque caducifolio, manglar y páramo.
El viceministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, dijo a IPS que Costa Rica está viviendo una gran paradoja: mientras hoy en el país hay más árboles que hace 15 años, hoy también hay menos diversidad.
"Que haya menos especies de flora y fauna no se debe a que estemos cortando más árboles, sino a que estamos cortando los mejores árboles, los que favorecen más el ambiente", destaca el jerarca.
Estadísticas que datan de 1997 señalan que en la última década la deforestación fue de 16.400 hectáreas por año, pero la tasa de recuperación subió a 12.600 hectáreas.
El problema radica en que lo que se tala es bosque primario, mientras la reforestación se hace con plantaciones forestales comerciales o bosque secundario, que no repone la biodiversidad.
Esto es lo que pasa en la rica península de Osa. En su territorio, de apenas 25 kilómetros de ancho y 57 de largo, crecen los últimos bosques de toda la costa Pacífica de América Central.
"Estos bosques son comparables -en complejidad estructural y diversidad biológica- con los de la Amazonia y otros bosques tropicales del mundo, en Africa y en Asia", describe un informe de la organización ambientalista Fundación Neotrópica.
Para Rodríguez, la tala ilegal en Osa es "sólo un reflejo de lo que pasa en el resto del país".
Costa Rica ha intentado, desde hace varios años, llevar adelante un programa de desarrollo sostenible mediante el cual se haga un aprovechamiento racional de los recursos.
Aunque la tala rasa y continua está prohibida tanto en Osa como en el resto del país, el gobierno concede permisos de corta controlada llamados "planes de manejo", que una vez aprobados deben tener una fiscalización gubernamental.
"El problema es que no tenemos la capacidad humana para ejercer este control", indica Rodríguez, quien agrega que en toda la península su ministerio apenas tiene cuatro ingenieros forestales y un personal reducido que no da abasto con sus funciones.
La daga que abrió la herida ha sido la reciente aprobación de leyes que dan al ministerio más funciones pero no más recursos económicos, destaca.
En Osa hay dos parques nacionales donde está totalmente prohibida la tala de árboles (Corcovado y Piedras Blancas), pero también hay dos áreas denominadas reserva forestal del Golfo Dulce y reserva forestal Manglares de Sierpe-Térraba, cuya extensión está en manos privadas.
Aquí es donde los grupos ecologistas -como el Frente Nacional por los Bosques- han denunciado, en unos casos, el abuso de los permisos de tala, y en otros la tala clandestina.
Argumentan que lo que está en juego es la supervivencia de las especies de la región. Sólo en Corcovado los científicos han documentado 124 especies de mamíferos y 375 especies de aves.
En toda la península se conocen más de 1.513 especies de plantas, de las cuales un alto número es endémico, es decir, que sólo crece en estas tierras. En la zona existen alrededor de 500 especies de árboles.
Entre los más apetecidos por los madereros están las especies de cristóbal, caobilla y nazareno, aunque también se pueden encontrar el espavel y el cedro macho.
"Paralelo al problema forestal en Osa existe un problema mayor: las condiciones sociales de los campesinos de la zona", indica Alvaro León, miembro de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO).
Los 6.000 habitantes de Osa han sufrido por años los problemas del desempleo y esto ha empujado a muchos pequeños propietarios a aceptar las propuestas de los madereros.
Estos empresarios de aserraderos ofrecen a los campesinos dinero si les permiten presentar "planes de manejo" de explotación de madera en sus propiedades.
"La realidad que vivimos los funcionarios gubernamentales de Osa es que tenemos que trabajar con muy pocos recursos y se nos hace muy difícil hacer patrullajes efectivos", comenta Carlos Méndez, director del Area de Conservación de Osa.
"Hoy estamos pagando años y años de descuido en la adopción de los controles adecuados", observa.
Por el momento, las autoridades nacionales recurren a medidas de emergencia para atender la avalancha de denuncias de los ecologistas.
Aunque no hay estudios que indiquen cifras de la cantidad de madera que se puede estar explotando ilegalmente, tanto ecologistas como funcionarios de gobierno coinciden en afirmar que la tala no es indiscriminada ni masiva.
Con el fin de frenar los abusos, el Ministerio de Ambiente coordina el apoyo de grupos de voluntarios, la policía nacional y otras instituciones estatales para permitir más patrullajes en la zona.
"A los que encontremos talando ilegalmente en Osa los vamos a meter en la cárcel", dijo Elizabeth Odio, vicepresidenta y ministra de Ambiente.
La Ley Forestal de Costa Rica no prohíbe la tala, con excepción de zonas como los parques nacionales, que son intocables.
Los dueños de las tierras boscosas, si cumplen con los procedimientos técnicos para elaborar los planes de manejo, pueden talar en sus propiedades. (FIN/IPS/nm/dg/en/99)