COLOMBIA: Sector de la salud entre la agonía y la privatización

El sector de la salud estatal de Colombia está enfermo. Sufre de escaso presupuesto, mala administración y precaria cobertura. Muchos hospitales agonizan.

El diagnóstico no es nuevo, pero la crisis quedó en evidencia por el anunciado inicio del cobro de consultas en el estatal Instituto de Seguros Sociales (ISS), a partir del día 15, y por el cierre del tradicional hospital infantil Lorencita Villegas, en la capital.

Expertos opositores afirman que todas las medidas previstas por el gobierno conducen a la privatización de los servicios de salud, que cada vez tienen mayor demanda a causa de la guerra interna no declarada y el alto índice de violencia.

La violencia fue la causa de seis por ciento del total de muertes en 1960, pero en 1991 esa tasa se había elevado a 28 por ciento, según el informe "Vida, salud y paz", del Ministerio de Salud.

Perdidos en un mar de siglas, resultado de la reestructuración del sistema de seguridad social de 1996, ahora los pacientes del ISS que acuden a los CAA (Centros de Atención Ambulatoria) pagarán por cada consulta, antes gratuita, entre 0,50 y 1,50 dólares.

Sesenta por ciento de los asalariados de Colombia recibe apenas los 155 dólares del salario mínimo legal. La mitad de los 36 millones de habitantes viven debajo del índice de pobreza.

Se trata de la llamada CM (Cuota Moderadora), que, según el director del ISS, Jaime Arias, busca desestimular la demanda de consulta entre los casi siete millones de afiliados directos e indirectos al sistema.

Muchas de esas consultas son innecesarias, dijo Arias.

Un ensayo de cobro a usuarios empezó el 1 de marzo en algunos CAA de la capital y fue aceptado a regañadientes por los pacientes. "No tenemos más remedio, porque no tenemos prepagada" (atención médica prepagada), dijo Alcira, una obrera textil.

Por ley, todo colombiano debe estar afiliado a una empresa prestadora de servicios básicos de salud, entre las cuales el ISS es la mayor, cuyas cuotas se liquidan de acuerdo con el salario.

Como consecuencia de la reestructuración iniciada en 1996, se generalizaron las entidades privadas de medicina prepagada con cuotas individuales y planes especiales que oscilan entre los 30 y los 80 dólares mensuales.

Con la obligatoriedad, la cobertura aumentó de cuatro a 11 millones de personas, lo que en un contexto de recesión económica y crisis de mala administración en los hospitales, muchas veces con ribetes de corrupción, amenaza con colapsar el sistema de salud pública.

"Si el sistema de salud de colapsa tendríamos que ampliar los cementerios", advirtió el ministro de Salud, Virgilio Galvis. "El cierre del Hospital Lorencita Villegas es un anuncio para aquellos otros tachados como ineficientes", agregó.

"Hay mucho nombramiento superfluo, se han ofrecido muchas gabelas. Además, en los hospitales, como el director sabe que no va a durar mucho tiempo, por miedo cede a peticiones colectivas", explicó Galvis.

La alta carga de trabajo de los empleados y la gran cantidad de prestaciones de servicio médico son dos de los puntos en que las autoridades cifran la inoperancia del sistema y que abonan el clima para las previsibles privatizaciones.

El caso del hospital infantil clausurado la semana pasada fue tipificado como la máxima expresión del sistema paternalista.

Fundado por el ex presidente Eduardo Santos en homenaje a su esposa Lorencita Villegas, fue subsidiado por la casa editorial El Tiempo hasta hace un decenio, cuando pasó al Estado, que ahora lo clausura con una deuda equivalente a 273 millones de dólares.

Otros hospitales, como La Samaritana y el San Juan de Dios en la capital, y otros de los departamentos de César, Tolima, Norte de Santander y Valle del Cauca, también serían clausurados.

Según un documento emitido por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, el principal problema del sector es la corrupción en todos sus niveles de administración.

En todos los casos se trata de entidades que atienden a los sectores más pobres de la población, en general remitidos por el ISS, que les adeuda unos 600 millones de dólares de los que Arias se comprometió a cancelar una tercera parte antes de un mes.

La suma es equivalente a la utilidad acumulada que tenía el ISS hace dos años, de acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo.

Según el director del ISS, parte del déficit se relaciona con sobrefacturación de los centros hospitalarios al instituto y parte al atraso en el pago de las cuotas de seguridad social de sus empleados.

También atribuyó el rojo a las deudas de los departamentos y municipios con los hospitales de capitales de provincia a los que remiten los enfermos sus respectivos servicios locales de salud.

El ministro Galvis dijo que la reestructuración del sistema es inaplazable, pero advirtió que sus resultados no serán inmediatos. "No se puede esperar que si la señora se embarazó ayer, mañana tenga el niño", manifestó.

En las últimas semanas, los noticieros de televisión han mostrado numerosos casos de la inoperancia de los hospitales públicos.

Enfermos que acuden a los servicios de urgencia deben esperar hasta tres dias por una camilla. Mujeres a las que se les ha ordenado una operación cerebral deben apelar al mecanismo jurídico de tutela para que se atienda su caso.

Quienes defienden el sistema público hospitalario dicen que los errores se deben confrontar con la alta demanda y los bajos costos que esos servicios tienen para el usuario frente a las facturaciones de un centro privado, que los encarece por miles.

Muchas personas de altos ingresos cotizan al ISS sumas bajas para tener un sobreseguro en caso de tratamientos prolongados o cirugías de alto costo que las entidades prepagadas privadas no les cubririan.

En general, se cuestiona la atención pero no la calidad técnica de los servicios. La crisis de la salud se agrava porque cada vez hay menos condiciones para atención preventiva y mayor demanda de atención de traumas violentos.

Según datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por cada 100.000 habitantes, en Colombia mueren 129 por homicidio, frente a dos en Canadá, 3,7 en Chile y 90,3 en Salvador. (FIN/ IPS/mig/mj/he hd/99

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