Estados Unidos exigió la inmediata liberación de tres estadounidenses defensores de los derechos de los indígenas secuestrados en el nordeste colombiano por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los tres, Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Lahe'ena'e Gay, se encontraban en Colombia por invitación del pueblo u'wa, asistiendo a un proyecto de educación de la cultura tradicional organizado por Pacific Cultural Conservancy International, un grupo defensor de los indígenas que tiene sede en Hawai.
Los activistas fueron secuestrados por los guerrilleros el jueves, en una barricada.
"Nuestra embajada en Bogotá trabaja vigorosamente con las autoridades colombianas para garantizar su inmediata liberación", declaró el lunes James Foley, portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.
Gay es director de la organización hawaiana y Washinawatock pertenece al pueblo indígena menominee, del estado de Wisconsin. Freitas es un científico ambientalista independiente de California.
Las familias de los tres secuestrados divulgaron una declaración en la que piden su rápido retorno.
"Fueron con intenciones pacíficas. Su única misión en Colombia fue la de conocer la situación y las necesidades de su anfitrión, el pueblo u'wa", señaló la declaración.
El dirigente u'wa Roberto Cobaria, también conocido como Berito KywarU'wa, estaba junto a los tres estadounidenses cuando los guerrilleros de las FARC los secuestraron en una barricada en la carretera que atraviesa una reserva u'wa situada en parte de los departamentos de Arauca y Boyaca.
"Exigimos que las FARC devuelvan ilesos a nuestros amigos que vinieron a trabajar en defensa del territorio, de la cultura y de los principios de los u'was", manifestó.
Los u'was habían invitado a los tres activistas para que conocieran el modelo de educación indígena de la organización, dirigido a preservar el idioma y la identidad cultural de comunidades como los u'was.
Los 5.000 miembros de la comunidad u'wa están preocupados por las amenazas que representan para sus tierras y su identidad cultural los planes de prospección de la compañía petrolera estadounidense Occidental Petroleum.
Los u'was amenazaron con suicidarse en masa arrojándose desde un precipicio en su tierra natal, en el nordeste colombiano, si la prospección petrolera seguía adelante en territorio de la reserva o en tierras que reclaman como suyas.
Originalmente, la compañía petrolera planeaba realizar sus prospecciones dentro de las 200.000 hectáreas del "bloque Samore", reclamado como suyo por los u'was.
"Preferimos morir, protegiendo todo lo que consideramos sagrado, en lugar de perder todo lo que nos hace u'was", sostuvo Cobaria.
La compañía renunció a 75 por ciento del bloque petrolero en 1998, pero luego presentó al Ministerio del Ambiente un informe de impacto ambiental para realizar prospecciones en el restante 25 por ciento que los u'was reclaman como sus tierras ancestrales.
Se espera que el gobierno colombiano se expida en breve sobre si concede o no la licencia de explotación a la compañía petrolera. La Organización de Estados Americanos (OEA) se encuentra mediando entre los u'was y el gobierno sobre los derechos territoriales en la zona de Samore.
Un informe realizado en 1997 por la OEA y la estadounidense Universidad de Harvard respaldó al grupo indígena e instó a las compañías a cesar sus operaciones en la zona hasta que se resuelva la disputa por los derechos territoriales.
Occidental detuvo voluntariamente sus operaciones, pero la compañía instó al gobierno a otorgarle la licencia de explotación. Desde el comienzo, el proyecto de Samore se vio afectado por la violencia guerrillera.
La planta de Caño Limón que Occidental tiene en Arauca, y que produce casi un tercio de las exportaciones petroleras colombianas, fue atacada más de 500 veces por los guerrilleros desde que comenzó a funcionar hace 12 años, según información de la compañía.
En consecuencia, más de 1,7 millones de barriles de petróleo fueron arrojados al terreno y los ríos próximos.
En respuesta al sabotaje de los oleoductos y otras instalaciones, paramilitares de derecha, responsables de violar los derechos humanos y de matanzas de civiles indefensos, aumentaron su presencia en las zonas de producción petrolera.
Las FARC aplazaron el comienzo formal de las negociaciones de paz con el gobierno hasta el 20 de abril, al que fijó como plazo para que el gobierno de Andrés Pastrana tome "medidas concretas" contra los paramilitares.
El secuestro de los tres activistas estadounidenses amenaza el proceso de paz, sostuvieron grupos de derechos humanos.
"El secuestro sólo puede perjudicar el proceso de paz. Ahora, más que nunca, las FARC deben mostrar respeto por los derechos humanos", declaró Winifred Tate, de la no gubernamental Oficina de Washington para América Latina.
La mitad de los secuestros denunciados en el mundo tienen lugar en Colombia. En 1998, más de 2.000 personas, incluso unas 40 extranjeros, fueron secuestrados en el país sudamericano. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/aq/ip-hd/99
