El asesinato de tres defensores de los derechos indígenas de nacionalidad estadounidense, que según el ejército fueron secuestrados por un supuesto comando de las insurgentes FARC, causó hoy desconcierto y expresiones de repudio.
El Ejército de Colombia ha afirmado que se trata, sin duda, de un crimen cometido por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), pero desde el ámbito político se advirtió que podría tratarse de una acción de paramilitares de derecha para obstaculizar el proceso de paz.
Este crimen causó preocupación entre sectores políticos que consideraron que podría afectar las incipientes negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana con las FARC, en el que Estados Unidos ha mostrado interés.
Los cuerpos de los estadounidenses Terence Freitas, Ingrid Washinawatoc y Laheenae Gay fueron encontrados el viernes en territorio venezolano, a 30 metros de la frontera con Colombia, vendados, con signos de haber sido torturados y varios balazos.
Freitas, Washinawatok y Gay habían sido invitados por la comunidad u'wa para participar en Colombia en un proyecto de educación y cultura tradicional, y fueron secuestrados por un supuesto comando de las FARC el 25 de febrero.
Los u'wa mantienen un conflicto con la multinacional Occidental Petroleum por la explotación de recursos petroleros en sus tierras ancestrales en el noreste de Colombia.
Los 5.000 miembros de la comunidad han amenazado con suidicarse si la Occidental desarrolla el proyecto petrolelro en sus tierras.
Las autoridades venezolanas no habían confirmado de forma oficial la identidad de las víctimas este sábado, si bien documentos personales que se les encontraron y tatuajes en sus cuerpos indican que se trata de los tres estadounidenses.
Roberto Afanador, presidente del Cabildo (asamblea) de los u'wa, declaró a la radioemisora Caracol que los tres estadounidenses "eran gente de bien que siempre estuvieron trabajando por la cultura y el respeto a nuestra comunidad".
Afanador pidió a todos los indígenas de Colombia a "negarles la mirada y la palabra" a grupos que pretenden "fundamentar propósitos de cambio" con las armas.
Gay era director de Pacific Cultural Conservancy International, grupo defensor de los indígenas radicado en Hawai. Washinawatock era un indígena menominee, del estado de Wisconsin. Freitas era un científico ambientalista independiente oriundo de California.
Las FARC han guardado silencio respecto del hecho, pero el mismo viernes se conoció una grabación supuestamente realizada por la inteligencia militar colombiana, que contenía una aparente conversación en la que los guerrilleros habrían confirmado la decisión de dar muerte a los estadounidenses.
Germán Briceño, comandante de cuatro frentes de las FARC en el sudeste colombiano, habría ordenado el asesinato en la conversación divulgada por noticieros nocturnos de radio y televisión.
El comandante del Ejército, Jorge Mora, quien calificó el hecho de "genocidio", dijo que "no hay duda" de las FARC asesinaron a los tres estadounidenses.
La ex candidata presidencial Nohemí Sanín, ex integrante del hoy gobernante Partido Conservador, afirmó que la muerte de los tres ciudadanos estadounidenses "es un hecho grave para el proceso de paz".
Pero Sanín, quien lidera el movimiento político Opción Vida, afirmó que el asesinato debe ser investigado porque no está aún confirmado que se trate de una autoría de las FARC.
En opinión de Sanín "muchos procesos de paz se han frustrado por actos de provocación que vienen de fuerzas externas", por lo que no debería descartarse una participación de enemigos del diálogo con las FARC como paramilitares de derecha.
Observadores políticos advirtieron que en este caso no hubo pedidos de rescate, como sucede por lo general con los secuestros realizados por las FARC, y que el crimen ocurrió en una zona donde operan paramilitares de derecha.
El dirigente u'wa Roberto Cobaria estaba junto a los tres estadounidenses cuando supuestos guerrilleros de las FARC los secuestraron en una barricada en la carretera que atraviesa una reserva u'wa situada en parte de los departamentos de Arauca y Boyaca.
El ex candidato presidencial y jefe del opositor Partido Liberal (PL) Horacio Serpa consideró que el crimen es un hecho negativo para el futuro del diálogo de paz del gobierno con las FARC.
El gobierno estadounidense ha ofrecido apoyo económico para proyectos de la sustitución de cultivos ilícitos, los que, en opinión de Serpa, podrían verse afectados.
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos califió el crimen de "acto de barbarie y de terrorismo" y pidió a las FARC que acepten su responsabilidad y entreguen a los responsables de la acción.
Washington aseguró que los asesinos son integrantes de las FARC sobre quienes reclamó a Bogotá su enjuiciamiento y extradición.
Los informes de organismos de seguridad indican que en los ultimos 20 años cerca de 90 estadounidenses han sido secuestrados en Colombia, de los que 11 fueron asesinados, uno murió en cautiverio por malnutrición y varios han sido dados por desaparecidos.
La senadora Piedad Córdoba afirmó que el asesinato de los tres activistas es "condenable desde cualquier punto de vista" y que muestra la intensidad del conflicto armado en Colombia.
Córdoba dijo a IPS que la comunidad internacional ha estado pendiente de todo tipo de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Colombia y que en este caso lo estarán con mayor razón, porque se trata de "la representación étnica de un pueblo como lo es la comunidad u'wa".
El gobierno colombiano condenó el asesinato y anunció investigaciones conjuntas con las autoridades venezolanas, y afirmó que se trataba de "ciudadanos indefensos que cumplían labores humanitarias" a favor de las comunidades indígenas.
Un comunicado de la Presidencia colombiana indicó que Pastrana dialogó con su homólogo venezolano, Hugo Chávez, y que ambos acordaron realizar "en estrecha colaboración" las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento del crimen.
El ex canciller Augusto Ramírez, ex negociador de Naciones Unidas en el proceso de paz del Salvador, afirmó que el asesinato es un "golpe terrible" para el diálogo con las FARC, y pidió a la guerrilla respetar las normas del derecho internacional humanitario.
Los u'was amenazaron con suicidarse en masa arrojándose desde un precipicio en su tierra natal, en el nordeste colombiano, si la prospección petrolera seguía adelante en territorio de la reserva o en tierras que reclaman como suyas.
Originalmente, la compañía petrolera planeaba realizar sus prospecciones dentro de las 200.000 hectáreas del "bloque Samoré", reclamado como suyo por los u'was.
"Preferimos morir, protegiendo todo lo que consideramos sagrado, en lugar de perder todo lo que nos hace u'was", sostuvo Cobaria.
Un informe realizado en 1997 por la OEA y la estadounidense Universidad de Harvard respaldó al grupo indígena e instó a las compañías a cesar sus operaciones en la zona hasta que se resuelva la disputa por los derechos territoriales. (FIN/IPS/yf/mj/ip hd en pr/99
