Tanto las víctimas de las violaciones de los derechos humanos como los partidarios de Augusto Pinochet se declararon satisfechos en Chile por el fallo sobre el ex dictador emitido hoy por la Cámara de los Lores.
"El hecho de que Pinochet continúe preso en Londres, que va a seguir el juicio y pueda ser extraditado a España es una victoria", señaló la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), Sola Sierra.
Los partidos de derecha consideraron, en cambio, que el fallo fue un "avance importante", que restringe a "casos menores e irrelevantes" las acusaciones contra Pinochet, quien podría regresar a Chile tal vez dentro de dos meses, según dijeron.
El Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores resolvió este miércoles, por seis votos contra uno, que el ex dictador chileno (1973-90) podría ser extraditado a España por delitos de tortura y conspiración para torturar cometidos desde 1988.
El tribunal británico ratificó así la legalidad del arresto de Pinochet el 16 de octubre de 1998, pero redujo considerablemente los cargos formulados en su contra por el juez hispano Baltasar Garzón, que incluye crímenes represivos desde 1973.
Los siete jueces plantearon al ministro del Interior británico Jack Straw un nuevo pronunciamiento sobre el pedido de extradición de España, que acogió a trámite en primera instancia el 9 de diciembre.
En una primera reacción oficial, el ministro Secretario General de Gobierno Jorge Arrate señaló que el presidente Eduardo Frei se pronunciará una vez que finalice un "análisis riguroso" del complejo fallo tanto en Londres como Santiago.
El Ejército anunció también que estudiaría el veredicto a fondo antes de emitir una opinión, aunque adelantó que el arma "mantiene su preocupación, ya que es un objetivo de la institución el regreso de su ex comandante en jefe al país".
Los chilenos aguardaron con expectación el veredicto, que abre un nuevo capítulo en una crisis que se prolonga por más de cinco meses y mantiene polarizado a este país entre partidarios y detractores del actual senador vitalicio de 83 años.
Al contrario de lo ocurrido el 25 de noviembre, cuando por primera vez los lores denegaron inmunidad al ex dictador, esta vez no hubo reacciones en gran escala, ni de ira ni júbilo desbordados, en los diversos bandos.
En declaraciones a la televisión estatal chilena desde Londres, Marco Antonio Pinochet, hijo del general, dijo que su padre recibió "con mucha calma" el fallo, el cual, agregó, "no es para llorar ni para celebrar".
"Lo importante es que (el fallo) limita la acusación", señaló el hijo de Pinochet, ya que los lores consideran sólo los delitos cubiertos por la Convención Internacional contra la Tortura, que el Reino Unido suscribió el 29 de septiembre de 1988.
La acusación formulada por Garzón incluye unos pocos casos posteriores a esa fecha, tipificados como torturas, conspiración para torturar y conspiración para cometer crímenes en España.
Fuentes de la AFDD dijeron en Santiago que el 14 de noviembre de 1989 se produjo la desaparición forzada de Manuel Quezada y el 24 de junio de 1988 el asesinato por agentes represivos de Marcos Quezada.
En medios derechistas se señaló que hay un solo caso de torturas en un cuartel policial acreditado en Chile después de septiembre de 1988.
Abogados de derechos humanos afirmaron en Londres que es posible acreditar unos 40 nuevos casos de delitos represivos en las posterimerías de la dictadura, no registrados por Garzón pero que ahora podrían añadirse al expediente acusatorio.
La AFDD anunció que enviará también nuevos antecedentes al magistrado español e insistió en que los secuestros ligados a desapariciones son delitos permanentes, aspecto sobre el cual el fallo de los lores, de 200 páginas, al parecer no se pronunció.
Pinochet compareció ante el juez Graham Parkison el 11 de diciembre para ser notificado del juicio de extradición, cuya proxima audiencia esá prevista para el 6 de abril, pero que podría diferirse a la espera del pronunciamiento de Straw.
La Fundación Pinochet demandó al gobierno, en una declaración, que urja al ministro inglés para que en breve ponga término a la "larga y arbitraria detención" que representa "un atropello a la soberanía" del país.
El senador Andrs Chadwick, de la derechista Unión Demcórata Independiente, afirmó que el ex gobernante debería regresar en un plazo máximo de dos meses, ya que los cargos que persisten contra él son por hechos de "carácter estrictamente policial, menores e irrelevantes".
La AFDD advirtió que los abogados de Pinochet y la derecha recurrirán a "pretextos y argucias" para presionar contra la extradición a España, entre los cuales se incluiría una recusación al propio ministro Straw.
Mireya García, secretaria general de la agrupación, señaló que el fallo de los lores es importante porque permite que siga el juicio de extradición, pero al mismo tiempo injusto por dejar en la impunidad los crímenes cometidos entre 1973 y 1978.
Los partidos de la gobernante Concertación por la Democracia reaccionaron también con calma ante el veredicto e insistieron en la necesidad de que sea en Chile donde se haga justicia por los 3.197 crímenes represivos atribuidos a la dictadura.
El abogado Hernán Montealegre, conocido defensor de los derechos humanos, sostuvo que el gran derrotado por el fallo fue el gobierno de Frei, que no logró reconocimiento para sus argumentos de inmunidad diplomtica del ex dictador ni de territorialidad de la justicia. (FIN/IPS/ggr/dg/hd-ip/99
