Una organización humanitaria informó hoy que envió antecedentes de 17 casos de torturas cometidos en Chile desde septiembre de 1988 al juez hispano Baltasar Garzón y al ministro británico Jack Straw para apoyar la extradición a España del ex dictador Augusto Pinochet.
Estos casos son diferentes a los 33 que Garzón añadió este viernes al auto de extradición remitido a Londres, aclararon la abogada Myriam Reyes y el abogado Hugo Gutiérrez, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu).
Pinochet, quien gobernó Chile desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990, fue arrestado hace más de cinco meses en la capital británica por pedido de Garzón, quien solicitó luego su extradición por crímenes contra la humanidad.
El miércoles, sin embargo, el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores estableció en un esperado fallo que el actual senador vitalicio de 83 años es extraditable sólo por delitos de tortura y conspiración para torturar a partir de 1988.
El dictamen de los lores, por seis votos a uno, consideró que la tortura es un delito reconocido internacionalmente por la Convención que el Reino Unido suscribió el 29 de septiembre de 1988 y ratificó el 8 de diciembre del mismo año.
Ello redujo a ocho los delitos tipificados con que Garzón apoyó originalmente el pedido de extradición, ante lo cual el magistrado español envió este viernes a Londres los antecedentes de otros 33 casos de torturas en Chile desde septiembre de 1988.
El ministro Straw, como titular del Interior, acogió a trámite el 9 de diciembre la solicitud de extradición que le envió el gobierno de España, pero ahora debe ratificar o revocar esa decisión, según planteó el reciente fallo de los lores.
La última presentación de Garzón se basa en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, un organismo oficial de juristas que consignó 3.197 crímenes contra los derechos humanos entre asesinatos, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas.
Reyes y Gutiérrez aclararon que bajo esa premisa el informe de la comisión sólo incluye delitos de torturas con resultado de muerte, mientras los 17 casos recopilados por Codepu corresponden a personas que hasta hoy permanecen con vida.
El organismo humanitario busca desacreditar los argumentos de los partidarios de Pinochet, para quienes luego del fallo de los lores las acusaciones contra Pinochet se redujeron a unos pocos casos "de carácter estrictamente policial, menores e irrelevantes".
Los seguidores del ex dictador argumentan que tras su derrota en el plebiscito presidencial de octubre de 1988 el pas vivió una situación de creciente normalidad democrática, hasta la entrega del gobierno el 11 de marzo de 1990.
Sostienen, igualmente, como prueba de la apertura de ese período, que el Estado chileno firmó el 7 de octubre de 1988 la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, como se denomina oficialmente.
El sacerdote José Aldunate, fundador del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, disuelto en 1990, señaló que el régimen de Pinochet siguió torturando hasta su último día y firmó la convención "para lavarse la cara por el plebiscito".
El sacerdote mostró fotos de las manifestaciones que los 200 activistas del movimiento hacían cada mes. En una de ellas, de 1989, exhibieron un lienzo con la leyenda "Han firmado la Convención pero siguen torturando".
La tortura constituyó una política de Estado aun en los años finales de la dictadura, dirigida contra los disidentes y opositores políticos, con el fin de que se autoinculparan de supuestos delitos o inculparan a otros, señaló Reyes.
Los testimonios guardados por Codepu, dijo la abogada, indican que en ese período se siguieron aplicando tormentos a través de descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo de las víctimas, incluyendo los genitales y la lengua.
El "teléfono", con golpes simultáneos en ambas orejas para causar trauma acústico, fue también muy usado, al igual que el plantón, que consiste en mantener forzadamente a la víctima de pie por días y noches hasta que se desvanece, para reanimarla con chorros de agua y obligarla a seguir de pie.
Los organismos que practicaron torturas fueron sobre todo la Central Nacional de Información (CNI), disuelta en febrero de 1990, y la Dirección de Inteligencia de la Policía de Carabineros (Dipolcar) y sus víctimas en los 17 casos eran presos políticos .
Varios de los torturados de entonces residen ahora en Europa, ya que fueron objeto de las medidas de indulto del gobierno de Patricio Aylwin (1990-94) que implicaron cambiar las sentencias de prisión por extrañamiento (destierro).
Esto facilitará que las víctimas puedan comparecer ante el juez Garzón o incluso ante los tribunales británicos, si es que se requiere su testimonio en el posible proceso de extradición o en el juzgamiento de Pinochet en España.
El abogado Gutiérrez sostuvo que, contrariamente a lo que señaló el canciller chileno José Miguel Insulza, Garzón puede ampliar los cargos contra el ex dictador sin necesidad de hacer otra solicitud de extradición.
Esto es así porque la propia defensa de Pinochet, al presentar en diciembre un recurso de amparo en Londres, inmovilizó el trmite judicial y por lo tanto el proceso de extradición no se ha iniciado formalmente, explicó el jurista.
Agregó que el argumento de Garzón de que los 1.198 casos de detenidos-desaparecidos deben mantenerse como cargos para la extradición es válido, porque según la Corte Europea de Justicia la desaparición forzada es también una forma de tortura.
Gutiérrez advirtió, por último, que de acuerdo a la Convención sobre la Tortura, Gran Bretaña estaría obligada a procesar a Pinochet por esos delitos en caso de que no diera curso a su extradición a España. (FIN/IPS/ggr/dg/hd-ip/99
