El gobierno de Chile argumentará que "se puede y se debe" juzgar en este país a Augusto Pinochet, para evitar así que siga en Gran Bretaña el juicio de extradición a España, informó hoy el canciller José Miguel Insulza.
El ministro confirmó así el cambio de énfasis en la estrategia que el presidente Eduardo Frei está implementando, antes de que el ministro del Interior británico, Jack Straw, determine si sigue su curso el juicio de extradición.
Straw tiene plazo hasta el 15 de abril para adoptar una decisión, luego de que el día 24 el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores estableciera que el ex dictador (1973-90) es extraditable por delitos de tortura cometidos a partir de 1988.
El fallo de los lores implicó el agotamiento de los argumentos que Santiago manejó desde la detención de Pinochet, el 16 de octubre de 1998 en Londres, basados en la inmunidad diplomática y en la territorialidad de la justicia.
Insulza dijo que se enviará una nota a Straw en la cual no se incluirán elementos que ya fueron revisados en el último veredicto de los lores en torno al futuro procesal del general retirado y actual senador vitalicio de 83 años de edad.
En esta nueva nota se subrayará "que se puede, que se debe juzgar (a Pinochet) en Chile, porque eso fortalece la democracia de nuestro país. Eso lo podemos defender en la medida que se hagan cosas", señaló el canciller.
El propio Insulza adelantó el lunes que Chile puede reclamar el "mejor derecho" para enjuiciar al ex dictador en la medida de que haya "más movimiento" en torno a las causas que instruye el juez Juan Guzmán en este país.
Pinochet, quien es senador vitalicio desde el 11 de marzo de 1998, es reclamado por España, donde el magistrado Baltasar Garzón sigue un proceso por crímenes contra la humanidad a las antiguas dictaduras de Chile y Argentina (1976-1983).
El veredicto de los lores del día 23, si bien ratificó que el ex gobernante de facto es extraditable, redujo drásticamente el número de delitos que Garzón imputó a Pinochet por violaciones de derechos humanos desde septiembre de 1973 a marzo de 1990.
El máximo tribunal británico estableció que sólo se puede perseguir en el caso de Pinochet delitos contenplados en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, como único instrumento internacional aplicable en este caso.
La convención fue suscrita por el Reino Unido el 29 de sptiembre de 1988 y ratificada en ese país el 8 de diciembre del mismo año. Sobre esa base, Garzón envió a Londres nuevos cargos por unos 40 casos de tortura en Chile desde octubre de 1988.
Straw tiene plazo hasta el 15 de abril para pronunciarse sobre la incidencia que tiene en el juicio de extradición el último fallo de los lores, pero todo indica que dará curso al proceso para que el ex dictador chileno sea enviado a España.
El ministro británico decidió dar plazo hasta el 7 de abril para recibir presentaciones de las partes involucradas en el caso, protagonizado no sólo por la fiscalía de Londres y Garzón, por una parte, y la defensa de Pinochet por otra.
En las fases judiciales previas al fallo de los lores intervinieron también, por la parte acusadora, las organizaciones humanitarias Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y el gobierno chileno por la defensa de Pinochet.
Insulza adelantó que el gobierno podría actuar ahora sólo como observador y no parte interviniente, por el carácter más político que tendrá la decisión de Straw, a la espera de que el proceso vuelva a cauces judiciales.
Bajo este prisma, las gestiones de la cancillería antes de la decisión de Straw tendrán más bien las características de "lobby" político, con argumentos orientados a fortalecer la posición del gobierno de Frei.
Esos argumentos deben apuntar fundamentalmente a desvirtuar la impresión que predomina en la comunidad internacional en el sentido de que el ex dictador goza de impunidad en Chile, favorecido por un marco institucional y político.
El canciller consideró que el Consejo de Defensa del Estado debe hacerse parte en algunas de las querellas contra Pinochet. El juez Guzmán acogió ya a tramitación 14 de un total de 20 presentadas desde enero de 1998.
Insulza consideró también conveniente que se reabran algunos procesos por torturas ocurridas en el país desde el 7 de octubre de 1988, fecha en que el propio régimen de Pinochet suscribió la convención que ahora se le aplica en Londres.
La cancillería argumentará también ante Straw que en Chile Pinochet puede ser procesado por un número muy superior de delitos, con respecto de los que se le pueden imputar en el juicio de extradición a España.
En este país, Pinochet estará teóricamente protegido de la justicia sólo por los crímenes represivos cometidos entre marzo de 1973 y marzo de 1978, según la ley de amnistía que expidió la dictadura y que no ha sido derogada.
Quienes sostienen que es imposible juzgar a Pinochet en Chile advierten no sólo la vigencia de la ley de amnistía, sino también las amplias facultades de la justicia militar y el poder de hecho que ejercen las Fuerzas Armadas. (FIN/IPS/ggr/dm/hd ip/99
