Los activistas que defienden los derechos humanos renovaron su exigencia de que Estados Unidos solicite la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet para juzgarlo por actos de terrorismo.
Tras la decisión británica del miércoles, que permitió que continúe el proceso de extradición de Pinochet solicitado por España, exigieron al presidente Bill Clinton que se juzgue al general por el asesinato en Washington en 1976 del ex canciller chileno Orlando Letelier y de su secretaria Ronni Karpen Moffitt.
Se presume que el gobierno estadounidense tiene pruebas contundentes, incluyendo grabaciones de conversaciones telefónicas, de que Pinochet ordenó el asesinato de Letelier, por el que varios agentes y oficiales del ejército chilenos fueron enviados a prisión en Estados Unidos.
Además, el general Manuel Contreras, jefe de la policía secreta chilena en aquel momento, que actualmente cumple una condena en Chile por su participación en el atentado con una bomba contra el auto de Letelier, testificó que Pinochet ordenó todos los asesinatos de alto nivel realizados por su agencia.
"Estados Unidos tiene la responsabilidad de asegurar que sus ciudadanos no sean víctimas de violaciones de los derechos humanos y actos terroristas como los perpetrados por el gobierno de Pinochet", dijo Carlos Salinas, analista de América Latina para la sección estadounidense de Amnistía Internacional.
"Si esa no es una razón suficiente para pedir la extradición de Pinochet a Estados Unidos, no sé cuál podría ser".
Los activistas estadounidenses sintieron alivio cuando el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores decidió que Pinochet, bajo arresto en Gran Bretaña desde el 16 de octubre, no tiene inmunidad como ex jefe de Estado por los delitos de tortura y conspiración para torturar.
Sin embargo, expresaron su decepción por el hecho de que el fallo sólo rechazara la inmunidad para los crímenes cometidos después de diciembre de 1988.
"Es una decisión jurídica con elementos contradictorios entre sí", dijo Michael Posner, director del Comité de Abogados por los Derechos Humanos, con sede en Nueva York.
"Estamos felices de que se le haya negado a Pinochet la inmunidad por la tortura, pero lamentamos que los lores hayan reducido dramáticamente el número de delitos por los que puede ser extraditado", agregó.
Posner y otros activistas cuestionaron la decisión de los lores de que Pinochet no pudiera ser procesado por actos de tortura cometidos antes de 1988, el año que Gran Bretaña firmó la Convención Internacional Contra la Tortura, el primer tratado mundial que declaró ilegal esa práctica.
"La tortura ha sido un delito internacional durante varias décadas, y esta decisión no refleja ese hecho", señaló Posner.
Sin embargo, la mayoría de los activistas se hicieron eco de los sentimientos positivos ante el fallo de los lores expresados por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, en Ginebra.
"La decisión limita los cargos bajo los cuales el senador Pinochet podría ser extraditado, pero es otro paso significativo en la lucha internacional contra la impunidad", declaró Robinson.
James Rubin, portavoz del Departamento de Estado, no quiso hacer comentarios sobre los aspectos sustantivos del fallo de los lores. Rubin tampoco había querido realizar declaraciones cuando Pinochet fue arrestado, por solicitud de España, bajo cargos de tortura, terrorismo y genocidio.
El portavoz del Departamento de Estado se limitó a reafirmar el apoyo de Washington a "los principios de responsabilidad y justicia" y a los "significativos esfuerzos de Chile para fortalecer la democracia y promover la reconciliación y el respeto a la ley".
El gobierno chileno se opuso al arresto de Pinochet y rechaza el pedido de extradición español con el argumento de que violan la soberanía de su país.
Luego del arresto de Pinochet, el gobierno estadounidense anunció que examinaría miles de documentos secretos sobre actos de terrorismo y violación de los derechos humanos cometidos por la dictadura chilena a partir del golpe de Estado contra Salvador Allende que Pinochet encabezó en septiembre de 1973.
Rubin agregó que muchos de estos documentos se harán públicos a mediados de este año y serán compartidos con el juez español Baltasar Garzón, que solicitó el arresto de Pinochet y espera poder juzgarlo en España.
Estos documentos secretos pertenecen a los departamentos de Justicia, Estado y Defensa, así como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Consejo Nacional de Seguridad.
Sin embargo, los medios de comunicación señalaron que la CIA y el Pentágono podrían mostrarse reacios a la divulgación de esos informes, debido a sus estrechos vínculos con los militares chilenos, tanto antes como después del golpe de Estado que derrocó a Allende.
La posibilidad de solicitar la extradición de Pinochet a Estados Unidos está siendo evaluada por el Departamento de Justicia, la misma agencia que se ocupó del caso Letelier a fines de los años 70.
Después de una larga discusión dentro de las agencias y entre ellas, el Departamento de Estado declaró en diciembre que el caso "merecía especial atención de Estados Unidos".
"Apoyaremos cualquier decisión del Departamento de Justicia respecto de futuras investigaciones y, si corresponde, un proceso", aseguró en aquel momento.
Pero los funcionarios del Departamento de Justicia se rehusaron firmemente a decir otra cosa que no fuera que "están revisando" el caso.
Los juristas creen que un juicio a Pinochet por los asesinatos de Letelier y Moffit enfrentaría menos obstáculos procesales y probatorios que la causa conducida por Garzón, especialmente a la luz del fallo de los lores que permite que se lo juzgue sólo por crímenes cometidos después de diciembre de 1988.
Pinochet dejó la presidencia en 1990, y la gran mayoría de los más de 3.000 casos documentados de asesinatos y desapariciones en los que tuvieron responsabilidad el ejército y la policía secreta de Chile se remontan a los primeros tres años posteriores al golpe de Estado de 1973.
Según el informe compilado por la Comisión de Verdad y Reconciliación chilena, sólo alrededor de una docena de tales casos ocurrió entre fines de 1988, cuando Gran Bretaña firmó la Convención Internacional sobre la Tortura, y 1990.
Antes de transferir el poder a un gobierno electo democráticamente en 1990, Pinochet negoció para sí y otros oficiales militares una amnistía general por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.
Los activistas de Estados Unidos y Chile dijeron que la amnistía impide al gobierno chileno juzgar al ex dictador si éste regresar a su país.
Significativamente, sin embargo, la única excepción a esa amnistía es el caso Letelier, y tanto Contreras como otro general chileno, Pedro Espinoza, fueron condenados a prisión en su país por haber participado en ese crimen.
"Estados Unidos debe avanzar hacia la extradición de acuerdo con su propio tratado de extradición con Gran Bretaña", dijo Peter Kornbluh, un especialista en Chile del Archivo de la Seguridad Nacional, un grupo de investigación independiente con sede en Washington.
"Es preciso divulgar los documentos secretos y repudiar públicamente la vergonzosa historia de la complicidad de Estados Unidos con Pinochet que éstos revelan, como hizo Clinton el mes pasado en Guatemala (al asumir los vínculos estadounidenses con la dictadura de ese país)", enfatizó. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/at/mp/ip hd/99
