Dos diputados oficialistas fustigaron hoy al gobierno de Chile por su actitud en los últimos conflictos indígenas y lo acusaron de favorecer a empresas hidroeléctricas y madereras en perjuicio de las minorías étnicas.
Los parlamentarios Alejandro Navarro, del Partido Socialista (PS), y Guido Girardi, del Partido Por la Democracia (PPD), refutaron la versión oficial que atribuye el descontento indígena a la "infiltración de subversivos".
El gobierno de Eduardo Frei dispuso la semana pasada la expulsión del país de una española, un estadounidense y un francés, supuestamente involucrados en choques de indígenas con policías, como prueba de esa supuesta infiltración.
Las expulsiones fueron suspendidas por el Poder Judicial, que acogió recursos de amparo a favor de los afectados, pero las autoridades apelaron esa decisión y afirmaron que otros extranjeros pueden ser objeto de la misma medida.
La española Patricia Ballesteros y el estadounidense Lee Pope fueron detenidos el 19 de febrero, en choques de indígenas pehuenches y ecologistas con policías, en la central Ralco, en el curso superior del río Bíobio, 500 kilómetros al sur de Santiago.
Un estudiante francés, identificado sólo como Arnaud, fue arrestado el 20 de febrero en Traiguén, 650 kilómetros al sur de la capital, donde se produjo otro enfrentamiento en un fundo (hacienda) maderero entre mapuches y efectivos policiales, que culminó con 28 detenidos.
Navarro afirmó que el gobierno "es protagonista de una vergüenza internacional" por su acción contra los extranjeros y sus afirmaciones de que las comunidades indígenas están armadas y promueven la violencia contra la policía.
La reactualización del conflicto en Ralco, así como la tensión existente en esteblecimientos madereros de Traiguén, cuyas tierras son reivindicadas por comunidades mapuches, generaron nuevas discrepancias en la coalición gobernante.
El PS y el PPD forman la oficialista Concertación por la Democracia junto al Partido Demócrata Cristiano (PDC), del presidente Eduardo Frei, y el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD).
Los parlamentarios sostuvieron que con las acusaciones de violencia e infiltración se pretende eludir las responsabilidades de autoridades locales que están "coludidas" con intereses empresariales en las áreas de conflicto.
Navarro, quien representa en el Parlamento a la novena región de la Araucanía, sostuvo que los representantes locales del gobierno se han negado a dialogar con las comunidades indígenas en Traiguén para atender sus reclamos contra las empresas madereras.
Es por ello que los mapuches se han visto obligados a realizar manifestaciones, que no sólo han sido reprimidas por la policía, sino que además han sido deformadas en sus características por los informes que se entregan a la prensa, agregó.
El diputado socialista negó que en los nuevos incidentes registrados el último fin de semana en Traiguén hayan actuado elementos armados y encapuchados, según informes que atribuyen también a los indígenas quemas intencionales de bosques.
El intendente (representante gubernamental) de la novena región de la Araucanía, Oscar Eltit, señaló igualmente que no tenía información sobre la presencia de encapuchados en los últimos incidentes, que calificó sólo de "forcejeos" entre mapuches y policías.
Eltit dijo este lunes que existen problemas estructurales en el fondo de las acciones de protesta y reivindicación de los grupos étnicos y sostuvo que la acción de la policía no ha sido represiva, "sino más bien disuasiva".
Los dirigentes indígenas Marcos Huaquilaf y Rubén Quilapi, quienes visitaron a Ballesteros y Pope, retenidos en las oficinas de Extranjería, reivindicaron la solidaridad internacional que reciben las minorías étnicas en sus demandas de devolución y de resguardo de tierras ancestrales.
La etnia mapuche, que tiene como una de sus ramas a los pehuenches del alto Bíobio, está compuesta por más de un millón de personas y es el pueblo indígena más numeroso en este país de 15 millones de habitantes.
Clara Antillanco y Wenceslao Paillán, de Ralco, acusaron al gobierno de Frei de racista y xenófobo y de ejercer una "violación sistemática de los derechos humanos de los indígenas".
El diputado Navarro sostuvo que en Ralco los efectivos de carabineros controlan y revisan permanentemente a los pehuenches que circulan por sus tierras, lo cual no hacen con las camionetas de Endesa, la empresa que construye la central.
Los buses de Endesa se emplean incluso para trasladar a los pehuenches detenidos en incidentes con la policía, aseguró el parlamentario, al reiterar que existe "colusión" entre las autoridades locales y los empresarios.
El gobierno sostiene que el conflicto en Ralco es provocado artificialmente por ecologistas y nueve familias pehuenches, de un total de 91, que se niegan a abandonar las tierras que serían inundadas por la represa de la central. (FIN/IPS/ggr/dm/hd en/99
