Los gobiernos del Caribe dieron un paso más para aplicar la pena de muerte, luego de que un tribunal de Gran Bretaña fallara en contra del argumento de que las malas condiciones de las prisiones pueden ser la base para conmutar la pena capital a los presos.
Fuentes legales afirmaron que la resolución del Consejo Privado del Reino, la máxima corte de apelaciones de casi toda la Comunidad Británica de Naciones, tiene consecuencias de gran alcance para los estados del Caribe que esperan llevar a la horca a decenas de presos condenados a muerte.
Bahamas y San Cristóbal y Nevis ejecutaron a varios condenados a muerte, mientras Jamaica y Trinidad Tobago, donde aproximadamente 300 presos esperan su hora final, se encuentran entre los países que aguardaban un fallo de este tipo.
Guyana, que no posee recurso ante el Consejo Privado del Reino, se retiró de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNCHR) el año pasado luego de que el organismo recomendara la conmutación de la pena y la libertad para dos presos cuya ejecución estaba pendiente desde 1987.
Los abogados defensores de los reos en cuestión, Haniff Hillaire y Darrin Thomas, aseguraron ante el Comité Judicial del Consejo Privado del Reino que sus clientes estaban "detenidos en celdas malolientes y atestadas, privados de ejercicio y sin poder salir al aire libre durante largos períodos de tiempo".
El órgano judicial determinó el miércoles que, pese a que esas condiciones van en contra de las disposiciones carcelarias, "ello no implica que hayan sido víctimas de un castigo cruel", señaló el fallo.
Los jueces sugirieron que las condiciones de las cárceles de los países en desarrollo "son a menudo lamentables y no logran cumplir con el mínimo aceptable de los países con mejores condiciones económicas".
"El determinar si las condiciones en que fueron mantenidos los presos representó para estos un tratamiento poco habitual y cruel es un juicio de valor para el que es necesario tener en cuenta las condiciones locales, tanto dentro como fuera de la prisión", expresó el fallo.
"Incluso si las condiciones carcelarias en sí mismas hubieran representado un tratamiento poco habitual y cruel … y por tanto constituyeran un incumplimiento de los derechos constitucionales de los apelantes, el recurso que se aplicaría no sería la conmutación de la sentencia", agregó.
Los debates acerca de las condiciones de las prisiones son el eje de otra moción presentada por un grupo de homicidas sobre quienes recaen condenas a muerte, dirigidos por el conocido jefe de la droga, Dole Chadee, de Trinidad Tobago.
Chadee y sus compañeros ya agotaron los recursos de apelaciones y peticiones ante el UNHCR y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El litigio de alto perfil que tuvieron los acusados en la corte fue interpretado por el gobierno de Baseo Panday como una victoria en la guerra contra el comercio de la droga. Se cree que Chadee tiene conexiones con el cartel de Cali, de Colombia.
El fiscal Ramesh Maharaj de Trinidad Tobago declaró que el dictamen reivindica el hecho de que el país se haya retirado del UNCHR y la CIDH, los cuales, sostiene, fueron utilizados por los presos para demorar el proceso legal y lograr que venciera el plazo de cinco años previsto para las ejecuciones, según fijó en 1994 el fallo de Pratt y Morgan del Consejo Privado del Reino.
Las discusiones sobre la necesidad de que el Caribe afirme su soberanía en el tema de la pena de muerte tendrían que haberse celebrado durante una Cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Suriname a comienzos de este mes, pero esta se aplazó hasta el encuentro que se celebrará en julio en Puerto España.
El borrador de una declaración emitida sobre el tema afirma que "la pena de muerte, la máxima sanción, está prevista en nuestras leyes nacionales y se reserva para los crímenes como la traición y el asesinato. Ejecutar a un condenado está autorizado y es lo que disponen nuestras constituciones nacionales".
El fiscal Israel Khan, un abolicionista ahora convertido en defensor de la pena de muerte, cree no obstante que todavía existen lagunas en el tema.
Khan citó otra decisión del Consejo Privado del Reino, que declara que los asuntos pendientes ante los organismos de derechos humanos podrían demorar la ejecución de los homicidas condenados a muerte.
"Sospecho que el Consejo Privado del Reino no está diciéndonos todo", afirmó Khan, quien informó a IPS que mientras que los prisioneros no pueden esgrimir las condiciones carcelarias como una excusa para demorar su ejecución, podrían acudir a las organizaciones de derechos humanos.
Irónicamente, Anthony Briggs, a quien Khan representó en la corte hace dos años, es quien probablemente se enfrente a la horca si el gobierno interpreta el dictamen del Consejo del Reino como una luz verde para proceder con las ejecuciones.
Briggs había sido rechazado en la UNCHR, la CIDH y el Consejo del Reino en los sucesivos intentos por salvarlo de la pena de muerte. Solamente el Comité de Clemencia, dirigido por el ministro de Seguridad Nacional, Joseph Theodore, se interpone ahora entre Briggs y la horca. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/mvf/hd-ip/99
