Un informe encargado por la Oficina de Política Nacional contra las Drogas de Estados Unidos reveló que la marihuana puede tener usos médicos, lo que despertó entusiasmo entre los activistas del Caribe que piden la despenalización del narcótico.
El informe, difundido hace dos semanas por el Instituto de Medicina, sugiere la utilidad de la marihuana para tratar a los afectados por el sida (síndrome de inmundeficiencia adquirida) y señala que hay pocas pruebas de que la hierba sea un "puente" hacia otras drogas.
"Eso es lo que decimos nosotros desde hace tiempo", afirmó Junior Cottle, director de la Asociación de Cultivadores de Marihuana de San Vicente y Granadinas.
El primer ministro de San Vicente, James Mitchell, invitó el año pasado a seis helicópteros de los Infantes de Marina con 120 soldados estadounidenses y caribeños a irrumpir en centenares de hectáreas de marihuana, lo que constituyó una de las mayores operaciones antidrogas en la historia del país.
Cottle organizó protestas públicas antes y después del hecho, y a comienzos de este año pidió indemnización económica por las pérdidas ocasionadas a los agricultores que viven de la marihuana.
Desde entonces, la estrategia de Cottle no fue agresiva, y creó un grupo llamado Desarrollo Alternativo para el Avance del Pueblo.
"Al principio pedíamos indemnización, pero ahora nos preocupa conseguir trabajo para las personas que trajaban en esas plantaciones destruidas", dijo Cottle a IPS.
"Tenemos que transformar la economía dependiente del cultivo de marihuana en un sistema nuevo, que brinde alternativas laborales a la gente", agregó.
Casi 5.000 hectáreas de plantación de marihuana daban empleo, en forma directa o indirecta, a más de 8.000 personas, antes de la redada de diciembre del año pasado.
Hubo tres redadas conjuntas en Trinidad y Tobago entre 1997 y principios de 1998, que las autoridades apodaron "comehierbas I, II y III", a raíz de las cuales San Vicente y Granadinas se convirtió en el principal proveedor de la región.
Ras David, un empleado público que también planta y vende marihuana, se quejó del gran aumento del precio de la marihuana en los dos últimos años debido a la destrucción de varias plantaciones, lo que causó el aumento en las importaciones de Colombia y San Vicente.
"No se dan cuenta de que muchos jóvenes perdieron trabajos bien pagos en la industria. Estoy seguro de que si nos dejaran decidir a nosotros, habría menos jovencitos en las calles. Porque la marihuana pacifica, y verá que incluso hay menos ladrones y bandidos", aseguró Ras David a IPS.
Ras David consume marihuana por "motivos espirituales", igual que los demás rastafaris del Caribe, pero inmediatamente señala que plantar y vender marihuana "es un buen negocio".
Santa Lucía argumentó que la caída de la industria bananera en ese país obliga a los agricultores a inclinarse por "la práctica ilegal pero más viable de cultivar sustancias prohibidas para evitar la pobreza", en una sesión especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en junio de 1998.
Cottle sostuvo que la situación es similar en San Vicente y Granadinas, dónde 60 por ciento de la fuerza de trabajo está empleada en la industria del banano.
"Si no se crean alternativas, la gente hará lo que sabe hacer y lo que le permita obtener ingresos decentes", sostuvo.
Estas palabras respaldan la provocación lanzada en 1994 por la primera ministra de Dominica, Eugenia Charles, al decir que si Estados Unidos seguía presionando a la Unión Europea para no dar tratamiento preferencial al banano caribeño, muchos agricultores se verían obligados a dedicarse al cultivo de plantas ilegales.
"La marihuana es muy importante en nuestra economía", indicó Cottle.
Varias organizaciones del Caribe, sobre todo las comunidades rastafaris, firmaron el año pasado un documento de denuncia por la cantidad de dinero invertida en la lucha contra las drogas y propusieron utilizar ese dinero en aliviar la pobreza y crear puestos de trabajo.
La petición fue enviada al secretario general de la ONU, Kofi Annan, por iniciativa de otras organizaciones internacionales.
"Creemos que la lucha mundial contra las drogas causa ahora más daño que el consumo", señalaba una carta adjunta a la petición, entregada en la víspera de la sesión especial de la ONU del año pasado.
"En varios lugares del mundo, la política contra las drogas impide encontrar soluciones a problemas de salud pública como la propagación del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), la hepatitis y otras enfermedades infecciosas", continuaba la carta.
"Se producen violaciones a los derechos humanos y daños irreversibles al ambiente, pero las cárceles están inundadas por cientos de miles de personas que violaron las leyes contra las drogas", señalaba.
"Los recuros estarían mejor invertidos en la salud, la educación y el desarrollo económico, en lugar de malgastar mucho más dinero en prohibiciones y campañas costosas", concluía.
Ras David acusó a los funcionarios caribeños de tener motivos espurios para intensificar sus acciones contra el cultivo y la venta de marihuana.
"Cuanto más gente consuma marihuana, menos serán los que recurran a la cocaína y otras drogas. Si no pueden consumir marihuana, ¿qué cree usted que consumirán?", cuestionó Ras David.
El gobierno de Estados Unidos colaboró en los últimos años en las redadas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad regionales en las plantaciones de Trinidad y Tobago, San Cristóbal, Santa Lucía, Dominica y Antigua.
Mientras, Guyana anunció que disminuirá la pena para los consumidores de marihuana.
Los legisladores de Jamaica, uno de los principales productores del Caribe, pidieron hace tiempo que se revise la legislación existente sobre el consumo y la posesión de marihuana. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/ceb/aq/ip/99
