Mujeres indígenas de Canadá, que temen un aumento de la discriminación de género paralelo al mayor autogobierno en las reservas nativas, utilizaron el Día Internacional de la Mujer para exigir la protección legal de sus derechos.
Representantes de la Coalición para la Responsabilidad de las Primeras Naciones, integrada principalmente por mujeres indígenas de cinco provincias, acusaron este lunes al gobierno de ignorar la creciente opresión y la intimidación que, según aseguran, practican jefes y consejos comunales en las áreas indígenas.
Las líderes del grupo denunciaron que sus derechos políticos y de propiedad son ignorados por las tradicionales estructuras de poder masculinas de las zonas indígenas.
"Debe haber democracia, responsabilidad e igualdad, y estos factores hoy no existen", expresó Leona Freed, presidenta de la Coalición para la Reponsabilidad de las Primeras Naciones.
"El autogobierno es una sentencia de muerte para nuestra gente. Implica autodestrucción, no autogobierno", advirtió.
Freed, de la reserva Dakota Plains, en la provincia sudoccidental de Manitoba, compareció ante el comité de Asuntos Aborígenes del Senado para exigir al gobierno federal la creación de una oficina del defensor del pueblo para los pueblos indígenas.
La dirigente propuso dotar a la oficina de facultades para investigar las acusaciones de mala administración y discriminación en las áreas indígenas y proteger los derechos de las mujeres.
Freed aseguró haber sido presionada por el consejo de su reserva, integrado exclusivamente por hombres, que la amenazó con expulsarla de la comunidad y demandarla por difamación, por enviar una carta al Ministerio de Salud para denunciar que el sistema de saneamiento de la reserva contamina los pozos de agua.
La Coalición que integra Freed tiene el respaldo del centroderechista Partido Reformista, de oposición, pero la propuesta de creación de un defensor del pueblo en las zonas indígenas no tiene al parecer suficiente apoyo en el parlamento federal.
Mary Tobique, una activista de la etnia micmac, de Nueva Brunswick, señaló que las mujeres indígenas a menudo son expulsadas de su comunidad luego de divorciarse y no pueden obtener su porción de bienes conyugales, debido a que casi todos los bienes en las reservas indígenas son comunes.
La situación es "especialmente difícil" para las mujeres que abandonan su comunidad para casarse y terminan divorciadas. "Todo se vuelve contra ellas y generalmente acaban sin nada", explicó Tobique.
Esas mujeres "pierden su trabajo y sus hijos, debido a que en muchas reservas, la estructura de poder está exclusivamente en manos de los hombres", agregó.
"Pedimos igualdad, y un autogobierno honesto y responsable, que haga un manejo correcto de los fondos", dijo Tobique.
La ministra de Asuntos Indígenas, Jane Stewart, aseguró a Freed que Ottawa no impondrá el autogobierno a los pueblos aborígenes que no estén listos para la transición.
"Lo último que yo haría como ministra de Asuntos de Indígenas es decir que todos van a tener un autogobierno para tal y cual fecha. Nada de lo que estamos haciendo indica que las comunidades serán forzadas a autogobernarse", afirmó Stewart.
Freed indicó que los residentes "de la mayoría de las reservas" no tienen forma alguna de enfrentar la autoridad de los jefes ni de denunciar cuando detectan casos de corrupción.
Los residentes de las reservas están a merced de los jefes y los consejos, que reciben transferencias directas del gobierno federal y controlan la asistencia social, el empleo y otros servicios, destacó Freed.
"Tenemos jefes que se autodesignan, jefes silenciosos, jefes analfabetos, jefes a los cuales se puede comprar, jefes por tradición, jefes hereditarios, y por sobre todas las cosas, jefes y familias que hacen todas las reglas sin ninguna sensibilidad frente a las necesidades de los miembros de la reserva", denunció.
"Si un integrante de un pueblo indígena se opone al jefe y al consejo, queda fuera de todos los servicios e incluso es expulsado de la comunidad. El jefe y el consejo abusan de su autoridad y aplican tácticas de intimidación", aseguró Freed.
El Departamento de Asuntos Indígenas transfiere alrededor de 3.000 millones de dólares al año a las reservas indígenas del país, y una gran porción de esa suma se vuelca a la asistencia social. (FIN/IPS/tra-en/mb/mk/mvf/ff/hd/99
