La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pugna por convencer al gobierno de Camboya de que acepte procesar a los peores criminales de guerra del régimen del Jemer Rojo (1975-1979).
Phnom Penh se niega a que un tribunal extraterritorial juzgue a los acusados del genocidio cometido por el Jemer Rojo, como propuso una comisión de la ONU integrada por tres miembros y conocida como Panel Stephen, por su presidente, Ninian Stephen.
Cualquier intento que surja en el Consejo de Seguridad de la ONU tendiente a juzgar a los criminales de guerra parece predestinado al fracaso. China, antigua aliada del Jemer Rojo, podría usar su derecho de veto para bloquear la constitución del tribunal.
Camboya planteó una propuesta alternativa, formulada al secretario general de la ONU, Kofi Annan, por el canciller Hor Namhong.
"En mi opinión, el juicio a un solo líder militar del Jemer Rojo, que dejaría impune a todo el resto de su jerarquía politica, no serviría a la causa de la justicia", expresó Annan en una carta al Consejo de Seguridad.
El Panel Stephen, señaló, ha decidido que "el sistema judicial camboyano, en su estado actual, muy difícilmente logre los niveles internacionales mínimos para aplicar justicia, incluso con ayuda exterior".
Por el contrario, arguyó, "los líderes del Jemer Rojo responsables de los crímenes más graves deberían ser llevados ante la justicia y juzgados por un tribunal dotado de nivel internacional para aplicar la ley con ecuanimidad".
El Panel Stephen recomendó que 20 de los 30 principales dirigentes del Jemer Rojo vinculados con el exterminio masivo de más de dos millones de camboyanos entre 1975 y 1979, sean procesados por un tribunal de la ONU similar a los que trabajan en los casos de Rwanda y la ex Yugoslavia.
El Panel recomendó que el tribunal debería formarse en un país cercano del sudeste asiático, y tener a la jueza Louise Arbour, la fiscal principal de los dos tribunales de la ONU actualmente en funciones, como acusadora.
La propuesta del Panel Stephen fue rechazada por Camboya. "Los crímenes cometidos durante el gobierno del Jemer Rojo tuvieron lugar en Camboya, los culpables y las víctimas fueron camboyanos", expresó Hor Namhong tras su reunión con Annan.
Por lo tanto, dijo, la mejor solución es "un tribunal nacional acorde con la Constitución camboyana".
Hor Namhong prometió que su gobierno respaldará un proceso justo contra Ta Mok, el temido jefe militar del Jemer Rojo, quien asumió la dirección del grupo maoísta (por el líder comunista chino Mao Ze Dong) tras la muerte el año pasado de su antiguo jefe Pol Pot.
Francia ha expresado su deseo de enviar expertos legales a Camboya para colocar al sistema judicial del país en sintonía con los niveles internacionales y poder realizar ese tipo de procesos.
Sin embargo, la insistencia del gobierno de Phnom Penh en un juicio nacional es la alternativa menos aceptable para la ONU.
"Camboya todavía carece de una cultura de respeto de un sistema judicial imparcial en lo penal", señaló el Panel Stephen.
"Se cree que poderosos elementos en el gobierno, tales como importantes figuras políticas, el aparato de seguridad y el Ministerio de Justicia, ejercen influencia encubierta o solapada sobre las decisiones de los jueces de instrucción", indicó.
Grupos internacionales de derechos humanos pidieron la constitución de un tribunal de la ONU porque temen que un proceso en Camboya pueda ser un pretexto para hacer de Ta Mok un chivo emisario y dejar impunes a los restantes jerarcas del Jemer Rojo.
"La creación de un tribunal ad hoc por parte del Consejo de Seguridad es la manera más eficaz para llevar ante la justicia a los responsables de los campos de exterminio", declaró Michael Posner, director ejecutivo de la Comisión de Abogados para Derechos Humanos.
"Los intentos para juzgar a los funcionarios del Jemer Rojo en tribunales domésticos deben ser rechazados como un engaño", manifestó.
Ta Mok fue uno de los pocos comandantes del Jemer Rojo que rehusó tratar con Phnom Penh en los últimos años. Por el contrario, Ieng Sary, el ex viceprimer ministro de Pol Pot, aceptó una amnistía gubernamental en 1996.
En 1998, tras la muerte de Pol Pot, otros dos altos funcionarios, Nuon Chea y Kieu Samphan, se rindieron al gobierno. A los dos se les permitió luego visitar Phnom Penh sin ser arrestados.
El primer ministro Hun Sen desea afectar lo menos posible el actual proceso de pacificación.
El Jemer Rojo -desplazado del poder en 1979 por una invasión vietnamita- quedó reducido a una fuerza marginal, pero Ieng Sary, Khieu Samphan y Nuon Chea todavía tienen fuerzas bajo su mando que ahora son consideradas tropas de zonas "autónomas" de Camboya.
El gobierno teme que esos contingentes vuelvan a luchar si sus jefes son juzgados.
Las perspectivas de un tribunal aprobado por el Consejo de Seguridad siguen siendo remotas mientras China mantenga su amenaza de vetar el procedimiento.
Beijing apoyó al régimen de Pol Pot y ahora no quiere verse mezclado en los genocidios, los campos de trabajo forzado y otros crímenes vinculados con su ex aliado.
El embajador chino Qin Huasun senñló este aspecto afirmando que Beijing se opondrá a cualquier tentativa del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General "para imponer un tribunal sobre Camboya".
"La cuestión camboyana es un problema interno del pueblo camboyano", sentenció.
Un funcionario de la ONU dijo que la presión recaía sobre Annan "para que formule un argumento moral por el proceso". La carta elaborada por el secretario general al Consejo fue parte de ese proceso, destacó.
No obstante, resulta necesario el apoyo de Hun Sen para que cualquier proceso tenga lugar, como admiten incluso los críticos de un juicio doméstico centrado en Ta Mok.
"La cooperación camboyana es esencial para el éxito de las investigaciones del tribunal y su parte acusadora", dijo Posner.
"Si las autoridades camboyanas no desean cooperar voluntariamente, el tribunal debe tener la autoridad legal para obligarlas a hacerlo", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/ego-dg/hd-ip/99)
