BRASIL: Movimiento social triunfa sobre la industria de la locura

El Movimiento Nacional de Lucha Antimanicomial, de Brasil, integrado por profesionales de la salud, ex pacientes y dirigentes sociales, ha logrado importantes triunfos contra la "industria de la locura" en los últimos 12 años.

El movimiento ya creó cerca de 300 programas de asistencia sin internación en distintas partes del país, mientras espera la aprobación de una ley que establece la extinción progresiva de los hospitales psiquiátricos.

"Paralelamente, varios centros de salud de este tipo fueron cerrados por nuestras presiones", afirmó uno de los coordinadores del grupo, el psicólogo Marcos Vinicius de Oliveira.

El caso más divulgado fue el da la Casa de Salud Anchieta en Santos, ciudad portuaria cercana a Sao Paulo, cerrada 10 años atrás por maltratar a los pacientes.

Esta acción pionera junto a una comunidad "comprobó que el fin de la exclusión de los pacientes mentales es técnicamente viable, ya que por primera vez en Brasil se pasó a tratar 300 de ellos, con éxito, sin internación o directamente en sus residencias", dijo el psicólogo.

Desde su creación en diciembre de 1987, el movimiento consiguió "eliminar 25.000 camas psiquiátricas, pese a que en este país los empresarios del sector de salud mental organizaron el más fuerte grupo de presión conocido en el mundo", indicó De Oliveira, expresidente del Consejo Nacional de Psicología.

La Comisión de Derechos Humanos del Consejo sensibilizó al gobierno, con apoyo del Ministerio de Salud, que aporta anualmente 15 millones de reales (unos ocho millones de dólares) para los programas alternativos de atención psiquiátrica.

El sistema estatal de previsión social destina 18 veces más a la asistencia tradicional de la "industria de hospitales psiquiátricos privados", destacó De Oliveira.

La política previsional contradice el apoyo manifestado por el ministro de Salud, José Serra, a la lucha contra los manicomios y la ley propuesta por el representante del opositor Partido de los Trabajadores, Paulo Delgado, aún pendiente de una nueva votación debido a las enmiendas introducidas en el Senado.

"La lucha en el parlamento ayudó a la visibilidad del movimiento, pero la presión de los dueños de hospitales sobre los diputados y senadores hace que el proyecto de ley siga sin resolverse desde 1991", lamentó De Oliveira.

Los hospitales tienen capacidad para internar 60.000 pacientes psiquiátricos en Brasil y sólo 15 por ciento de esos centros pertenecen al Estado.

Ese sistema de atención es "una exageración que refleja el capital más decadente de la salud en el país", opinó el también coordinador del Núcleo de Estudios por la Supresión de Manicomios en Bahía.

Los manicomios privados son parte de una "larga tradición de horrores en Brasil", con la explotación económica del sistema, que produce distorsiones como la internación de mendigos para recibir los pagos del Ministerio de Salud.

"En los años 60, 70 e inicios de los 80 se sospechaba que esas internaciones indebidas fueron estimuladas por algunos gobiernos estaduales y municipales, como forma de hacer limpieza social", afirmó De Oliveira.

Tal "psiquiatrización" de los problemas sociales se extendió a la denominada "limpieza política", a través de la internación forzada de militantes de izquierda durante la dictadura militar, "aunque haya pocos registros que lo prueben", sostuvo el psicólogo.

El Movimiento Nacional de Lucha Antimanicomial busca también cambiar la mentalidad de la población, a través de campañas tendientes a convencer que es más adecuado el tratamiento fuera de los hospitales, incluso para quienes presentan dolencias graves.

De Oliveira considera que los avances del movimiento enfrentan riesgos, debido a la oposición de alcaldes y gobernadores a los modelos alternativos, incluso los respaldados por normas legislativas locales.

Un ejemplo de esa resistencia es lo que sucede en la propia Santos.

El alcalde Beto Mansur, del conservador Partido Progresista Brasileño, intenta destruir el sistema de tratamiento mental sin internación, con la retención de los escasos aportes estatales y el despido de profesionales y dirigentes del programa, acusó De Oliveira. (FIN/IPS/mo/dm/hd he/99

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